El Sistema de Inteligencia del Estado buscará coordinar el accionar de los organismos públicos y regulará los "procedimientos especiales de búsqueda de información" que pueden afectar la libertad y la privacidad de los ciudadanos. El proyecto establece que los funcionarios a cargo de actividades de inteligencia tendrán la posibilidad de utilizar identificaciones falsas y realizar actividades encubiertas con la autorización judicial.

Bayardi explicó que uno de los puntos fundamentales del proyecto son las regulaciones en cuanto a la información cerrada: "Por primera vez en la historia de este país va a haber una forma de cómo se debe proceder" que estará a cargo del juzgado de crimen organizado. Las sanciones a quienes violen la reserva van de 10 a 30 años.

Se considerarán reservados y de circulación restringida para todos los efectos legales los antecedentes, las informaciones y los registros en poder de los órganos que conforman el Sistema de Inteligencia. Esta reserva regirá por 25 años y estará por fuera de la ley de acceso a información pública.