Pero además en medio de una fuerte competencia mundial entre empresas por obtener contratos de obra pública, se emplea el poder político para quitar de medio a los competidores.

Un informe realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, establece que "fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que en diciembre de 2016 estableció una multa de 3.5 mil millones de dólares a la empresa brasileña De Odebrecht, por haber pagado 788 millones de dólares en coimas para lograr nuevos contratos y mantener contratos anteriores con el sector público de 10 países de la región además de Brasil: Guatemala, México, Argentina, Venezuela, Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana y Colombia. Se trata de una de las multas más caras de la historia, y Estados Unidos se quedará aproximadamente con el 15 por ciento del monto total";.

El caso De Odebrecht incumbe a la justicia estadounidense al enmarcarse en la enmienda de 1998 a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 (Foreign Corrupt Practices Act). Esa enmienda dispuso que pudieran investigarse y sancionarse empresas y personas extranjeras que causaran directamente o a través de otros agentes, actos de corrupción y pago de coimas en territorio estadounidense.

La empresa De Odebrecht ha realizado obras de infraestructura en Florida, Luisiana y Texas.

Sin embargo, el modo en que se lleva a cabo la investigación y la manera en que se publicó en los medios despierta algunas dudas: se ha acusado a gobiernos sin dar a conocer las pruebas, a la vez que se exige "colaboración"; con la justicia estadounidense para resolver el caso. Como si América Latina estuviera de hecho bajo jurisdicción estadounidense"; – sostiene el informe del CELG. De hecho la corrupción en las Américas no es tema reciente ni exclusiva de empresas locales o de la "cosa pública";.

Basta sólo recordar el caso IBM-Banco de la Nación Argentina durante el gobierno menemista o la investigación del Senado de EE.UU que mostró al Citibank como el mayor lavador de dinero del narcotráfico y sobornos.

El informe del CELG establece que "hay un dato que ha pasado desapercibido. Si tenemos en cuenta las empresas que a nivel global tienen contratos billonarios con el sector público, De Odebrecht se sitúa en el puesto número 13, por encima de las estadounidenses Betchel y Fluor. Desde este lugar, podría pensarse que la multa billonaria a De Odebretch es una manera de quitarla del juego para permitir un mayor protagonismo a empresas estadounidenses";.

Y esto seguirá ocurriendo mientras ciudadanos y políticos no asuman que la corrupción es uno de los mayores problemas de la democracia y está destruyendo países.