Ya se sabía desde el año 2007 que el marino no sería extraditado porque el Tratado firmado en 1881 entre Uruguay e Italia lo impedía. Tróccoli había obtenido ciudadanía italiana en el año 2002, cinco años antes de ser juzgado en nuestro país.

Pero una vez más quedó en evidencia que el Estado uruguayo ha estado omiso en investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Las responsabilidades son muchas y en varios momentos históricos. Desde la aprobación de la ley de Caducidad, pasando por dos intentos de anulación mediante plebiscitos, la actitud de la Suprema Corte de Justicia que según su integración tuvo diferentes posiciones sobre esa ley, hasta de posibles "acuerdos"; entre militares y dirigentes tupamaros.

Es muy grave que una ex – fiscal sostenga que "al tribunal de Roma se le entregaron documentos que a la Justicia uruguaya se le negaron";. Hay decenas de miles de documentos guardados e inaccesibles.

Siguen apareciendo documentos y el gobierno le reclama al Vaticano los que pudiera tener guardados sobre el período de dictadura en Uruguay.

¿Con qué objetivo se acumulan tantos archivos? Porque finalmente ni la Justicia ni los investigadores pueden acceder a ellos. Sólo un pequeño grupo de personas accedió y dispuso sobre ellos ¿con qué autoridad?

Sólo hay dos hipótesis posibles: o el Estado padece el "síndrome de Diógenes"; o hay mucho pasado para esconder.

Mientras tanto hace 32 años que centenares de familiares continúan esperando no sólo justicia sino que alguien les diga dónde están los restos de sus seres queridos.