Política internacional

La definición de esta política (exterior) por parte del gobierno progresista deberá ser llevada a cabo con absoluta independencia y autonomía, sin presiones políticas o económicas de terceros Estados, de organismos internacionales o de grupos económicos nacionales o internacionales. La misma deberá ser en un todo coherente con el plan de desarrollo económico y social que defina el gobierno progresista.

Deberá proponerse como objetivo de gobierno propender a la obtención de los mayores consensos en la materia, a los efectos de crear las condiciones que nos permitan llevan adelante una verdadera política de Estado. Entendiendo por tal una estrategia de relacionamiento internacional del país, que si bien emana de las definiciones programáticas de nuestra fuerza política en el gobierno, se basará en la aplicación consecuente de principios fundamentales, que hacen al Derecho Internacional y a la defensa de la soberanía nacional y que dada su importancia deberá trascender tanto la gestión de un período de gobierno de una fuerza política como la alternativa con otras en el ejercicio del mismo.
Como Estado integrante de las Naciones Unidas, la política exterior del Estado uruguayo deberá sustentarse en el estricto cumplimiento de la declaración sobre los principios del Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

La defensa de la soberanía de los Estados, en principio de la no intervención, la solución pacífica de controversias, la defensa de los derechos humanos, el cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales, han sido normas que nuestro país ha incorporado a su política exterior, la cual, sustentada en estos principios, deberá trascender a los gobiernos de turno. En el marco de estos principios, reafirmamos aquel referente a la autodeterminación de los pueblos, interpretada como el máximo respeto al ejercicio de la soberanía y el derecho de cada pueblo a elegir sus formas e instituciones políticas y sociales de gobierno.

Basado en estos principios y de acuerdo con la resoluciones adoptadas oportunamente por nuestra fuerza política el gobierno progresista recientemente electo, procederá de inmediato restablecimiento de las integras relaciones diplomáticas con la República de Cuba. Asimismo, procederá a analizar, en forma inmediata, el eventual establecimiento de relaciones diplomáticas o comerciales con otras naciones.

Dado que la coyuntura internacional está caracterizada por el debilitamiento del orden internacional que rige las relaciones entre los estados, en la que la proliferación de conflictos es una constante y la violación del Derecho Internacional vigente es cada vez más grosero y frecuente, es imprescindible la reivindicación del Derecho Internacional y la jerarquización del rol que debe desempeñar la Organización de las Naciones Unidas.

A tales efectos, resulta imprescindible impulsar modificaciones en esta organización, tales como la modificación de la integración de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y la ampliación de poderes de la Asamblea General.

Se deberá reafirmar que la paz y la legalidad internacional solo pueden recuperarse y preservarse con un absoluto e irrestricto respeto al Derecho Internacional público. Se establecerá como objetivo que recogiendo las mejores tradiciones del país y de sus valores ético-morales, se desarrolle, conjuntamente con otros países de nuestra América latina y aquellos otros que se incorporen a la propuesta, una acción proactiva destinada a quebrar la unilateralidad existente, reafirmando el multilateralismo como única forma de restablecer la vigencia del Derecho Internacional y la preservación de la paz en las relaciones internacionales.

El gobierno progresista reivindica el principio de la solución pacífica de las controversias entre los Estados, y en este marco reafirma su más enfático rechazo a todo tipo de acción terrorista llevada a cabo tanto por un Estado como por cualquier tipo de organización o individuo.

Vivimos en un mundo marcado por una brecha cada vez mayor, entre los países ricos y los países pobres en los que se han profundizado las situaciones de injusticia y pobreza. La globalización se manifiesta con un nivel superior de intercambio comercial, financiero, productivo y tecnológico; en nuevas y más profundas formas de relacionamiento y comunicación. Este proceso se ha caracterizado por las políticas de apertura y liberalización en los países dependientes, que han hecho posible una mayor inserción y expansión del capital internacional.

Se pretende la construcción de un nuevo orden económico, en que se tiende a dejar en manos de burocracias técnicas las decisiones sobre temas tan cruciales, como en el futuro de las comunicaciones, los servicios de salud, educación, saneamiento, agua potable, calidad del medio ambiente, reglas de juego laborales, las patentes, los derechos de autor, y tantos otros.

Ante estas tensiones una postura consecuentemente progresista implica el reforzamiento de la capacidad de los Estados Nacionales para decidir sobre los asuntos públicos. Esto es, una posición que no se resigna a lo existente ni se paraliza ante los nuevos desafíos, sino que aporta a la construcción de una sociedad mundial sustentada por valores humanitarios, de solidaridad, democracia y justicia social; a su vez respetuosa de la diversidad cultural, de las distintas civilizaciones y de los equilibrios medioambientales.

La existencia de grandes espacios económicos, y la marginación resultante de los pequeños países como el nuestro, nos lleva a afirmar que, para insertarnos de una manera no subordinada en el concierto político y económico internacional, debemos apostar fuertemente a un relacionamiento basado en la integración política, económica, social y cultural de América del Sur y América Latina.
La consolidación del Mercosur coadyuva a tales efectos y reafirmamos que consideramos a este proceso de integración subregional como una prioridad, y que su fortalecimiento constituye la mejor estrategia para potenciar el desarrollo económico y las mejoras en el bienestar de nuestra población.

En el marco de este acuerdo proponemos una integración integral, en sus dimensiones políticas, económico-comerciales, sociales y culturales, cuyo resultado sea, por ende, una verdadera integración de pueblos y gobiernos.

Resulta de vital importancia la incorporación de nuevos asociados al bloque lo cual facilitará el equilibrio de las grandes asimetrías existentes. Se debe propugnar la negociación en las instancias internacionales que se están desarrollando (UE, OMC, CAN, ALCA, etc) con voz única, a efectos de encarar en conjunto los perjuicios del intercambio desigual a los que se ven sometidos cada uno de nuestros países por separado.

Asimismo, el Uruguay debe presentarse en el concierto de las negociaciones del bloque como un articulador que facilite las instancias del fortalecimiento institucional del mismo; en ese sentido entendemos de relevancia el avanzar hacia la constitución del Parlamento del Mercosur.

La coordinación de las políticas macroeconómicas debe ser un proceso gradual y progresivo que tenga como horizonte el llegar a una instancia en la cual podamos tener una moneda común.

Se deberá propender al desarrollo de infraestructura, al impulso de regiones con menor desarrollo productivo, y a la creación de fondos estructurales que posibiliten el financiamiento para el logro de estos objetivos.

El hecho de ser integrantes del Acuerdo regional no implica una limitación a la búsqueda constante, en forma individual, de acceso a mercados en donde el Uruguay pueda colocar su producción exportable.
En tal sentido resulta prioritario el mantener y ampliar el acceso a mercados de vital importancia, como lo es hoy el de los Estados Unidos.

Tal línea de acción deberá ser llevada adelante en la medida en que la misma no resulte violadora de los acuerdos establecidos en el marco del pacto regional.

Política educativa

Concebimos a la educación, como un área fundamental para el desarrollo integral de las personas, para la formación de seres libres, críticos, y como sustento de un país socialmente integrado y productivo, que genere las condiciones de un desarrollo sustentable, con equidad, para mejorar la calidad d evida de todos los uruguayos.

La educación como Derecho Humano

Defendemos a la educación, como parte de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución de la República que expresan la mejor tradición nacional. Reivindicamos el carácter de derecho esencial y patrimonio nacional de la educación en todos sus niveles, y rechazamos los proyectos mercantilistas promovidos internacionalmente. Por tanto impulsaremos un proceso sostenido, orientado a dar cumplimiento al objetivo de "educación para todos a lo largo de toda la vida" proclamado por la UNESCO.

La educación como construcción de la ciudadanía

Consideramos que uno de los objetivos esenciales del proceso educativo, es la construcción de ciudadanía que apunte a la defensa y promoción de los valores y principios morales de libertad, justicia, bienestar, la defensa de los derechos humanos en su más amplia concepción y toda forma democrático-republicana de gobierno. Valores y principios, todos ellos, que hacen a las bases fundamentales de la nacionalidad.

Principio histórico de la laicidad

Es precisamente desde esos valores que consideramos fieles a nuestra concepción de siempre, y acorde a las mejores tradiciones nacionales, que debe garantizarse dentro del sistema educativo en su conjunto, el principio histórico de la laicidad en su sentido más amplio y profundo.

Equidad

Impulsaremos un sistema educativo, que asegure a todos los uruguayos igualdad de acceso a la educación y a la cultura en similares condiciones de calidad. El principio de equidad, requiere políticas activas que enfrenten las marcadas diferencias y la desigualdad de posibilidades que hoy se verifican entre sectores sociales, y que se han visto fuertemente agravadas por la prolongada crisis económica y social que padece el país. Debe recuperarse el papel integrador social inherente a la educación y la cultura.

Calidad y pertinencia

Será un objetivo prioritario del próximo gobierno, lograr los más altos niveles de calidad y pertinencia en todas las etapas del sistema educativo. En materia educativa no basta con acceder, permanecer y egresar, es imprescindible lograr niveles de calidad acordes con las exigencias del mundo contemporáneo así como, responder de forma pertinente a las demandas, necesidades y carencias de la sociedad.

Sistema Educativo Nacional

Es condición necesaria, para dar cumplimiento con eficiencia y eficacia al objetivo de incrementar la calidad, la pertinencia y la equidad en la educación en su conjunto, conformar un real Sistema Educativo Nacional hoy inexistente. Deberán evitarse las superposiciones, las omisiones y la fragmentación del proceso educativo. Para ello deberán crearse las condiciones necesarias para que los diversos organismos que intervienen en el proceso educativo, coordinen adecuadamente sus actividades, cooperen entre sí y se complementen en la conformación de un todo coherente que responda a los objetivos propuestos.

Reconstrucción del diálogo y promoción a la participación

Para lograr estos objetivos que deberían ser comunes a toda la ciudadanía, se hace imperioso reconstruir la imprescindible confianza entre los diversos sectores sociales relacionados con la educación (autoridades, maestros, profesores, alumnos, padres, sociedad civil) a efectos de obtener su aporte, desde las distintas visiones de cada uno de ellos, en el diseño de políticas, desarrollo y ejecución de planes, y programas. La promoción del diálogo y la participación activa de todos los involucrados es una meta irrenunciable del futuro gobierno.

Asignaciones presupuestales en materia educativa

Es prioridad de la propuesta progresista del futuro Gobierno, incrementar las asignaciones presupuestales en materia educativa. Se pondrá énfasis en el aumento de las remuneraciones de maestros y profesores, en un marco de resignificación y redignificación de la función docente. Esto se acompañará con los correspondientes planes de capacitación, formación permanente así como una adecuada y jerarquizada carrera funcional.

Se propone incrementar la inversión en educación, en relación al PBI en forma progresiva aproximándose a los niveles promedio regionales, teniendo como horizonte las recomendaciones de UNESCO.

Plan de Emergencia.

No menos importante, en la actual coyuntura de emergencia social, será la participación y el aporte del sistema educativo en la implementación del Plan de Emergencia.

Deberán definirse e instrumentarse programas que encaren, con urgencia, la solución del problema de los niños que han abandonado la escuela y de los miles de jóvenes que no estudian ni trabajan, entre otras situaciones de emergencia.

Los organismos de la educación primaria y secundaria, podrán aportar la valiosa y expandida red nacional lo cual se dispone en todo el país, en una perspectiva de inclusión social, y de optimización del conjunto de sus recursos.

Con referencia a algunos aspectos particulares de la educación, destacamos:

Educación inicial

Se avanzará en la universalización de la educación inicial, especialmente en contextos socialmente desfavorecidos. En esta misma dirección, se extenderán las escuelas de tiempo completo con el objetivo a largo plazo, de establecer este sistema como matriz de enseñanza primaria.

Educación secundaria

Se buscará universalizar el acceso y el egreso del ciclo básico de educación secundaria. Sobre esta base, se tendrá como objetivo de mediano plazo alcanzar el 80% de egresos en educación media

Educación formal obligatoria

En acuerdo con el objetivo anterior, se propone avanzar hacia el mínimo de 15 años de educación formal obligatoria, incluyendo los tres de educación preescolar.

Formación docente

La formación docente apuntará a calificar con excelencia al plantel de educadores. Se potenciará así su desempeño profesional a través del impulso de la titulación, la capacitación permanente, y los estímulos adecuados para una constante actualización del conocimiento.

Educación técnico profesional.

Se potenciará y jerarquizará la educación técnico-profesional en consonancia con el desarrollo productivo, la ciencia, la tecnología y la innovación. A tales efecto, se impulsará una fluida cooperación y coordinación con la Universidad de la República. Asimismo, los niveles de calidad exigidos deberán dar cuenta de los desafíos que a la Nación le presenta la integración regional en el Mercosur.

Educación no formal

La actual diversidad de las demandas sociales y su rápida mutación, requiere de los sistemas educativos un mayor grado de flexibilidad. La educación no formal deberá cumplir un papel relevante para el logro de ese objetivo de flexibilización del sistema educativo; por lo que se impulsarán medidas para combinar adecuadamente los niveles de educación formal y no formal.

Nueva Ley de Educación

Se considera prioritario impulsar la discusión, elaboración y aprobación de una nueva ley de educación. El próximo gobierno se compromete a impulsar la discusión, elaboración y sanción de una nueva Ley de Educación, lo que se hará con la más amplia participación de todos los sectores directa o indirectamente involucrados. En la nueva Ley se reafirmará y optimizará el concepto de autonomía técnica, se apuntará a la incorporación de una gestión política y administrativa democrática y participativa de la enseñanza y se avanzará en la construcción de un Sistema Nacional Educativo.

Política económica

1. Objetivos prioritarios

a) Lograr un ritmo relativamente alto y sostenido de crecimiento de la producción.

b) Mejorar el nivel y la calidad del empleo.

c) Transformar profunda y positivamente la calidad de vida de la mayoría de la población uruguaya, con especial referencia a los sectores más débiles y desprotegidos, así como a las condiciones de salud, educación, vivienda y seguridad social.

2. Cambios estructurales

a) Uruguay debe proponerse duplicar su tasa de inversión bruta interna durante el transcurso del próximo período de gobierno. Para lograrlo, será preciso.
I - promover una creciente especialización productiva a altos niveles de calidad en aquellos complejos de actividades con ventajas competitivas.

II - estimular la conformación de un ámbito propicio a la inversión, por la vía del establecimiento y el mantenimiento de reglas claras de juego, el control sobre el desempeño de las actividades estimuladas, el respecto a los contratos y la promoción de las ventajas que ofrece el país, especialmente en el entorno regional.

b) Será preciso impulsar cambios de fondo en el sistema financiero, con la finalidad de conformar un mercado de capitales en moneda nacional a mediano y a largo plazo, al tiempo que se avanza en la desdolarización de la economía nacional. Todo ello supondrá progresar en la recuperación de la confianza en la moneda nacional y las siguientes acciones

I - reformas estructurales en la banca estatal;

II - ampliación sustancial de los alcances de operación de la unidad indexada;

III - instauración de un seguro de depósitos;

IV - estímulos a la utilización creciente de nuevos productos financieros, como el fideicomiso, los certificados de depósitos, los warrants y el leasing operativo de inmuebles rurales.

c) El gobierno electo iniciará un proceso de reforma del Estado que involucrará los siguientes aspectos fundamentales

I - la presencia de una mayor solvencia técnica y profesional en los ámbitos de decisión del sector público, lo que supondrá tomar progresiva distancia de las prácticas de clientela y cuota político-partidaria;

II - la formación y la aplicación de estatutos objetivos en materia de funcionarios, de modo de comenzar un imprescindible proceso de racionalización de la caótica situación vigente;

III - la descentralización de la gestión;

IV - un mayor control social sobre la misma;

V - la preparación de las empresas públicas para la competencia, incluyendo modalidades de alianzas y asociaciones con capitales públicos y privados.

d) Se diseñará una reforma tributaria cuya aplicación, sustituyendo al actual sistema, será gradual. Estará orientada por los criterios de justicia (mayor apego a la capacidad contributiva de la población), eficiencia (menor número de tributos nacionales con mayor capacidad recaudatoria) y coherencia con la necesidad de estimular la expansión de la inversión productiva. Su base fundamental será el impuesto a la renta de las personas físicas y exigirá, en particular

I - la reforma de la Dirección General Impositiva, apoyada en el principio fundamental de la dedicación exclusiva de sus funcionarios técnicos y la incompatibilidad entre sus actividad asesoramiento a empresas. Asimismo, habrá que preparar a la Dirección para encarar el nuevo sistema tributario, lo que supondrá, desde la formación de capital humano, hasta la incorporación de avances en el campo de la tecnología de la información;

II - una muy estrecha coordinación entre las actividades inspectivas y recaudatorias de la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduanas y el Banco de Previsión Social.

e) habrá que definir rumbos estratégicos claros en lo que respecta a la inserción económica internacional. El proyecto Mercosur continuará constituyendo una prioridad indiscutible sobre la base de los siguientes criterios

I - el enfoque de región abierta, que lejos de representar una estación terminal, resulta una verdadera plataforma de lanzamiento hacia otras áreas para todos los miembros del bloque;

II - el reconocimiento que el Mercosur enfrenta hoy severos problemas que abarcan, desde dificultades elementales en el plano comercial, hasta la inexistencia prácticamente total de coordinación de las políticas económicas de los países miembros. Antes de proponer metas más ambiciosas, Uruguay deberá dedicar esfuerzos para contribuir a superar esos obstáculos;

III - el país deberá persistir en sus intentos de mejorar su inserción más allá de la región sin incurrir en contradicciones con el funcionamiento del proyecto Mercosur. La experiencia de los últimos años no solo demuestra que se puede obtener buenos resultados, sino también que estos últimos pueden ser aprovechados por el bloque en su conjunto, como ocurrió con el tratado de libre comercio con México.

f) Es alta prioridad del próximo gobierno comenzar la realización de profundas transformaciones estructurales en lo que refiere a las condiciones esenciales de vida de la población uruguaya, como la salud, la educación, al vivienda y la seguridad social.

Aunque estas materias son objeto de tratamiento especializado en otros aportes documentales referidos exclusivamente a las mismas, su evidente articulación a la conducción económica a la evolución que el país vaya experimentando desde este punto de vista, exige considerarlas a la hora de presentar el conjunto de cambios de fondo que el futuro gobierno se propone encarar. Así, la aproximación a la meta del servicio nacional de salud; la reforma educativa que, evaluando los aspectos positivos y los negativos de la que ha estado en vigencia durante la última e (¿) más humildes de la población, y la mejora del funcionamiento y la gestión del actual sistema mixto de seguridad social, influirán en las decisiones a tomar acerca de la administración de los diferentes instrumentos de la política económica.

g) El mismo razonamiento precedente se aplica a otra gran prioridad del Uruguay, que es la que apunta al progreso científico y tecnológico, tan imprescindible para un país que debe proponerse la estrategia de la especialización productiva a altos niveles de calidad, y tan venido a menos después de tantos ajustes fiscales que lo relegaron a niveles irrelevantes de desde el punto de vista presupuestal.

3. Administración de los instrumentos de la política económica de corto plazo.

Además de la coherencia con la orientación de las reformas estructurales expuestas precedentemente, la administración de los instrumentos de la política económica de corto plazo tendrá que considerar la prioridad del plan social de emergencia -de aplicación inmediata para atenuar el sufrimiento de los compatriotas que se encuentran en peor situación- y las enormes restricciones que impone la mayor deuda pública de la historia del país. Habida cuenta de estos puntos de partida, cabe señalar

a) sólo una conducta fiscal rigurosa, que sin renunciar a una recomposición de los gastos y los ingresos públicos, se proponga la generación de un importante superávit primario, puede hacer compatibles las diferentes prioridades comentadas antes. Así, por un lado es una condición esencial para dotar de sostenibilidad al programa de tratamiento de la deuda, y por otro también lo es para la estabilidad básica con la que es necesario contar para expandir significativamente la inversión, el empleo y la producción;

b) el gobierno electo respetará en todos sus términos el canje de deuda pública con tenedores de bonos efectuado en 2003 y se propone negociar con los organismos multilaterales de crédito una mejora de las condiciones vigentes, aprovechando -y a la vez cuidando siempre- el indiscutible capital acumulado por la conducta cumplidora del Uruguay;

c) se mantendrá el régimen actual de política monetaria, que por otra parte es compartido por los demás países socios plenos del MERCOSUR. Es lo suficientemente flexible como para progresar en lo que refiere a una creciente incidencia de las metas de inflación, así como para tener en cuenta la conducta del tipo de cambio nominal e intervenir en caso que se considere necesario. Precisamente, así habrá que determinar la evolución de la base monetaria y las operaciones de mercado abierto, reconociendo que la estabilidad de precios no es el único objetivo a alcanzar; que hay otros muy importantes, como la competitividad de la producción nacional; que a veces puede haber contradicciones entre ambos, pero también que la evolución del tipo de cambio nominal no es la única condición para mejorar dicha competitividad;

d) desde la perspectiva de los estímulos económicos a la inversión, la producción y el comercio exportador, el gobierno electo se propone mejorar el funcionamiento de la ley de inversiones de 1998, hoy afectado por importantes problemas burocráticos, y utilizar los instrumentos de la devolución de impuestos y la prefinanciación de exportaciones. Al mismo tiempo, es intención del próximo gobierno, apelar a todos los mecanismos autorizados por los organismos internacionales que el país integra, para defender a la producción nacional contra la competencia desleal. Ello exigirá, asimismo, una mejora sustancial en el tratamiento interno que se asigna al comercio importador, como por ejemplo el que refiere a la valoración de las mercancías:

e) por todo lo señalado antes, pero además por la negativa y reiterada experiencia que ha sufrido el país al respecto, el gobierno electo habrá de evitar siempre el manejo irresponsable de las cuentas públicas, el endeudamiento destinado a financiar sus resultados negativos y el régimen de tipo de cambio nominal fijo.