Emitido a las 7.35.

ALFREDO DANTE:
El juicio que perdió el Estado uruguayo contra los ex socios del viejo Banco Comercial (BC) acapara la portada informativa de todos los diarios. Por ejemplo, hoy es tapa en El País: "Vázquez responsabiliza a Batlle por el ex Comercial"; en El Observador: "Gobierno electo recibe con cautela fallo por el Comercial"; en La República: "Escándalo político por el Banco Comercial: exigen cárcel para Batlle y Bensión". Últimas Noticias es el único diario que no escoge esta información para titular su portada, aunque la presenta en segundo plano: "Juez uruguayo dirimirá si 120 millones de dólares serán para bancos o ahorristas". El principal título de Búsqueda en su edición de hoy está dedicado a este asunto: "Coletazos de la crisis ponen en entredicho el calmo proceso de transición del gobierno".

El presidente electo, Tabaré Vázquez, responsabilizó al gobierno de Jorge Batlle de las consecuencias de la crisis bancaria de 2002 y planteó además una inquietud ante la eventualidad de que otros fallos judiciales comprometan a la futura administración. El líder del Encuentro Progresista (EP) dijo que el gobierno electo estudia la situación generada por este fallo arbitral adverso conocido ayer y aguarda el informe que le enviará el ministro de Economía, Isaac Alfie, el 15 de enero, para adoptar una posición definitiva.

En una misma línea pero con más cautela se pronunció el futuro ministro de Economía, Danilo Astori, quien no descartó la posibilidad de llevar adelante acciones legales. No obstante, Astori dijo que aguarda el informe de Alfie para definir la posición que adoptará el gobierno electo.

En cambio, otras voces de la coalición de izquierda salieron duramente contra el gobierno, responsabilizando directamente al ex ministro Alberto Bensión y al presidente Jorge Batlle.

Estas apreciaciones surgieron ante la consulta realizada por la prensa en general respecto del fallo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, que determinó que el Estado uruguayo deberá pagar por daños y perjuicios más de 100 millones de dólares a los bancos extranjeros JP Morgan, Crédit Suisse y Dresdner Bank, por incumplimiento del contrato de capitalización del desaparecido BC.

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Para seguir recogiendo versiones, comentarios y descifrar qué acciones se está pensando emprender, por ejemplo, desde el gobierno electo, vamos a dialogar con la contadora diputada Silvana Charlone. La diputada Charlone fue miembro informante de la comisión investigadora de la Cámara de Representantes sobre la actuación del gobierno en la crisis de 2002. En ese grupo de trabajo parlamentario, ¿ustedes no tenían la convicción de que efectivamente este juicio se iba a perder?

SILVANA CHARLONE:

Efectivamente. Teníamos la casi convicción de que el juicio se iba a perder, porque se había firmado un contrato realmente leonino, un contrato inconveniente que obligaba al Estado uruguayo a asistir en forma indefinida al Banco Comercial, tanto en liquidez como en solvencia y, si no, a tener que poner arriba de la mesa estos 100 millones de dólares.

Lo informamos en la Mesa Política del Frente Amplio (FA) y también está en el informe que presentamos ante el Parlamento, del mismo modo que identificamos la responsabilidad que cabía al presidente de la República y al contador Bensión, afirmando con mucha firmeza y solvencia que se había violado la Constitución de la República en múltiples aspectos, porque se había realizado una asociación no consentida por el Parlamento entre el Estado uruguayo y los bancos extranjeros, lo que requiere autorización parlamentaria; en un contrato que además fue secreto. Y cuando se citó al contador Bensión al Parlamento para que diera información en las comisiones de Hacienda de Diputados y del Senado de la República, la negó.

En ese momento, promovimos frente a la bancada del Frente Amplio-Encuentro Progresista (FA-EP) una moción, que fue aprobada por unanimidad, para que la Cámara de Diputados declarara que era pertinente la realización de juicio político al presidente de la República por este motivo.

Contamos con un profuso, magistral informe del doctor Gonzalo Aguirre en el que se analizaban todas las inconstitucionalidades que se habían cometido al firmar el acuerdo. Hubo en la comisión un informe, es cierto, de otro profesional, que era mucho más cauteloso en sus conclusiones. No lo voy a mencionar. Pero luego nos enteramos de que ese profesional había sido abogado del BC, o sea que había actuado como juez en el Parlamento habiendo sido parte, porque estaba asesorando al BC.

Llevamos al plenario de la Cámara este tema, pero la moción no fue aprobada; algo que consideramos incomprensible porque en el propio informe del Partido Nacional (PN) también se dice que hay violaciones de la Constitución por la firma de este contrato. Lo cierto es que era casi evidente que el juicio se iba a perder.

Esto le va a salir más de 100 millones de dólares al país, que es casi el costo del Plan de Emergencia. Y más allá de que indudablemente forma parte de la responsabilidad y el déficit de esta administración, son recursos que no van a estar para otras cosas. Todos sabemos que el contador Danilo Astori y el equipo económico van a tener que hacer maravillas para redistribuir los escasos recursos que hay a la hora de formular el nuevo presupuesto.

Durante este tiempo nosotros nos llamamos a silencio. Quiero recordar que el contador Bensión publicó un libro dando su versión de los hechos y prácticamente formulando que todo esto estaba politizado. Nos llamamos a silencio porque sabíamos que el país estaba negociando, que si decíamos lo que realmente pensábamos sobre la firma del contrato (y sus eventuales resultancias) podíamos perjudicar o agravar la posición negociadora de Uruguay en los tribunales arbitrales, pero en realidad esto era la crónica de una muerte anunciada. Planteamos en el Parlamento que – prácticamente- se iba a perder este juicio.

Uno tiene la sensación (que creo que es compartida por todos los sectores que trabajamos en la comisión investigadora a nivel del FA-EP) de que quedó una gran impunidad a nivel de los decisores políticos que actuaron en este proceso. En el caso del affaire Peirano hubo procesamientos y el juez Eguren actuó en forma impecable, pero a nivel de quienes tomaron las decisiones políticas, una vez terminado el trabajo de la comisión investigadora, vemos que no ha pasado nada...Y vaya si hubo responsabilidades y vaya si está todo esto documentado.

AD - A priori, hay matices a la hora de hacer el análisis. Por ejemplo, usted está marcando responsabilidades y ayer lo hizo también el diputado Víctor Rossi, pero el designado ministro de Economía dijo "hay que mirar para adelante" y añadió que - en función del informe que le envíe Alfie - el gobierno electo tomará la posición que mejor resultado tenga para el país.

SC - Comparto absolutamente que el gobierno electo debe tomar la posición que mejor resultado tenga para el país. Esto es indiscutible. También es indiscutible el hecho de que ha habido responsabilidades. La propia moción aprobada en el Parlamento lo determina, aunque en un nivel más bajo. Y todos quienes hemos trabajado en este tema estamos absolutamente convencidos –y está documentada– de la existencia de responsabilidades. Los caminos a emprender son un tema a evaluar.

Éste es un momento político muy especial: es el momento político de la transición. En la vida política hay que manejarse con cuidado con los tiempos. Tiempos vendrán de estudiar y proponer las acciones que se crean pertinentes. Yo lo voy a hacer; naturalmente primero en el interior de mi fuerza política. Todos tenemos la sensación de que acá pasaron cosas muy graves y en definitiva termina no pasando nada. Y no pasando nada es que muchísima gente quedó sin sus ahorros, que muchísima gente quedó sin trabajo, que recursos que el país tenía se fueron a la asistencia de estos bancos, en muchos casos fueron girados al exterior...Ahora hay que asumir estos 120 millones de dólares y no sabemos qué otros juicios puedan eventualmente recaer sobre el Estado uruguayo. Acá las decisiones se tomaron y se tomaron mal y eso es responsabilidad. Si son políticas, penales, patrimoniales, los veremos, lo analizaremos. Yo tengo una idea, pero la voy a plantear llegado el momento.

AD - Usted sabe que en materia penal o a la hora de ver las responsabilidades, ayer el ministro de Economía no quiso entrar en polémica con ustedes (los representantes de la izquierda) que vienen responsabilizando de estas acciones en concreto al ex ministro Bensión; dijo: "La justicia determinó a favor del ministro Bensión una causa por responsabilidades". Y repasando la prensa de hoy, se recuerda que el 14 de octubre de 2003 la justicia ordenó la clausura y el archivo de una denuncia penal presentada contra el ex ministro Bensión por un ahorrista del BC.

SC - Sí. Yo no encuentro ninguna contradicción entre mis palabras y las del futuro ministro de Economía. (Él) está marcando que se va a hacer lo que sea mejor para el país...vamos a analizar el tema de las responsabilidades. En el caso del archivo de los antecedentes de un ahorrista contra Bensión, lo cierto es que -  cuando se realiza ese archivo a nivel de la justicia penal- la comisión investigadora no se había expedido. No estaba acumulada toda la información que después se juntó ni estaban todas las conclusiones que se sacaron. El juez actuante no tenía esa información, porque fueron informes y análisis que se hicieron después, posteriores a la clausura de esas actuaciones.

Se podía haber dicho muchísimo más sobre todo esto, pero sabíamos que el país estaba negociando y que si decíamos: "esto es un dislate por esto, esto y esto" ( y lo fundamentábamos contundentemente), era como decirle al tribunal arbitral "Uruguay no tiene razón", lo que sí hubiera sido una enorme irresponsabilidad política de nuestra parte. Porque más allá de las responsabilidades, no podíamos agregar ni un granito de arena para que el país tuviera que hacer lo que finalmente va a tener que hacer; o que todo dice que va a tener que hacer. Esperemos que todavía haya alguna última instancia o algún último recurso antes que pagar estos 120 millones de dólares. Sobre las responsabilidades no tenemos absolutamente ninguna duda. Hemos trabajado prácticamente dos años y medio en el tema.

AD - Ésa es una lectura a propósito del silencio que ustedes mantuvieron. La otra –que incluso puede hacer el propio Bensión– es que entonces son cómplices, porque no dijeron nada en su momento.

SC - No, no. ¡momentito! ¿Cómo que no dijimos nada en su momento? Nosotros dijimos que se había violado la Constitución de la República. Dijimos que se había firmado un contrato leonino. Y más allá de las resultancias del juicio, esos hechos sucedieron. O sea, la Constitución se violó; independientemente de que después el juicio se ganara o se perdiera. Son hechos separados. Atribuimos responsabilidades, planteamos la pertinencia del juicio político, planteamos que había responsabilidades patrimoniales y que podría haber responsabilidades penales.

La propia administración del doctor Batlle no iba a llevar a cabo las acciones contra el doctor Batlle y el contador Bensión. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad de accionar concretamente en ningún plano, porque estábamos en la oposición. Hay medidas que se toman desde el gobierno. Luego, en tiempo posterior y cerrada la investigadora, cuando el tema vuelve a la luz pública, cuando sale el libro del contador Bensión, nos llamamos a silencio porque sabíamos que todo lo que se dijera podía perjudicar a Uruguay en un juicio de 120 millones de dólares.

Pero los tiempos por suerte cambian. Yo dije un día en el Parlamento: "El Parlamento no está declarando la responsabilidad política del doctor Jorge Batlle. Es una pena, el Parlamento no actuó allí a la altura de los acontecimientos, pero el juicio político lo va a hacer la ciudadanía en las urnas en octubre". Y fue lo que pasó. La escasísima votación que tuvo el Partido Colorado refleja en buena parte esa sensación, porque los uruguayos, más allá de idas y venidas y de que a veces hay muchos flashes alrededor de estos temas, tienen la sensación de que las cosas se hicieron muy mal y todos sabemos cuánto le costó al país esta crisis.

AD - En este marco, dirigentes de la coalición de izquierda están manejando la posibilidad de emprender acciones de repetición contra el contador Bensión y el presidente Batlle; ¿efectivamente es una alternativa manejable?

SC - Cuando manejamos en la Cámara el tema de las responsabilidades patrimoniales estábamos hablando justamente de acciones de repetición, que creo –es mi opinión personal– que es una de las cosas que se deberían hacer ineludiblemente contra el presidente de la República y el contador Bensión. Porque quienes están al frente de la administración toman las decisiones que ellos tomaron, vulnerando todo lo que vulneraron y esto les sale a los uruguayos y al Estado uruguayo millones y millones de pesos...De alguna manera, se tienen que hacer responsables.

AD - ¿Cuándo se estaría decidiendo ese camino?

SC - No estoy en condiciones de contestar eso en este momento, lo vamos a plantear en el momento adecuado.

AD - ¿El momento adecuado será tras la asunción del nuevo gobierno? ¿O antes?

SC - Estas cosas se hacen desde el gobierno, no desde la oposición. Estamos en un momento delicado, estamos en transición política, estamos recibiendo información. Cuando tengamos toda la información y termine este lapso de transición política, el nuevo gobierno –entiendo yo– después de asumir, tendrá que evaluar qué va a hacer y cuáles serán los mejores caminos. No es éste el tiempo, porque estamos en transición y un gobierno que va a asumir no puede decidir en transición. Va a tener las capacidades plenas para decidir a partir del 1º de marzo. En este momento,  estamos en la oposición. No hemos asumido.

AD - ¿En qué medida cree que estos hechos pueden estar entorpeciendo el proceso final de transición? Parece complicado entablar algún diálogo más o menos normal con acusaciones de la talla de las que hace Rossi y de las que usted misma está haciendo ahora: la eventualidad de iniciar acciones de repetición.

SC - Justamente estamos diciendo que no es el momento de avanzar en medidas y planteos, que hay que estudiar qué se va a hacer, porque entiendo que lo primero en este momento es la transición.

Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: María Eugenia Martínez.