En relación a los últimos casos de violencia de género en Uruguay, Jorge Díaz declaró que hace bastante tiempo se manifestó sobre este tema, estando a favor de la discusión.

El fiscal se pronunció en La Mañana de El Espectador sobre el asesinato reciente de Valeria sosa, que se produjo en la entrada de su casa, a manos de su expareja y delante de uno de sus hijos. Antes de entregarse, el matador se llevó a los dos niños y los dejó en casa de los abuelos paternos. "Lo que le dice el papá a los hijos: 'mamá se portó mal y papá se enojó', eso es un femicidio", precisó.

"Es una sociedad donde a la mujer se la cosifica. Es una cosa que hay que decirla, no hay que tener miedo", indicó y agregó: "Las matan sus exparejas porque las consideran como propiedad y eso habla muy mal de nosotros como sociedad".

La SCJ ordenó la investigación de la jueza que actuó en el caso de la joven asesinada, Valeria Sosa https://t.co/V4R7QxFG9z pic.twitter.com/j8yM3vdChd

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Con respecto a la decisión momentánea de la jueza del caso, de otorgarle la tenencia de los dos menores a la familia del homicida, Díaz dijo: "Hay una resolución primaria que fue recurrida por los abuelos maternos. Es un sustancioso recurso, la Fiscalía ya se pronunció".

"Esperaremos la resolución de la señora jueza. Una vez que esto termine, daré mi opinión. Lamentablemente todo este proceso judicial ha tenido excesiva publicidad", indicó.

Consultado acerca del funcionamiento actual del sistema para defender a las mujeres que hacen denuncias por violencia de género, Díaz respondió: "Creo que el sistema funciona mal. Cuando se aprobó el funcionamiento de la ley de violencia doméstica hizo crujir a todo el sistema de administración de Justicia".

"El sistema no estaba preparado para trabajar sobre estos temas. Incluso hubo algún fiscal que planteó la institucionalidad de la ley", afirmó.

"Fue un avance significativo y yo creo que se evitaron muchas muertes con esta ley. Pero ya ha cumplido con creces los servicios a la patria que debía cumplir. Debe ser superada y mejorada por otros mecanismos. Algunos de los cuales están recogidos del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento", dijo.

"Hay falencias. Por ejemplo hay denuncias que quedan en una sede policial y no llegan al sistema de administración de Justicia. El caso de Valeria Sosa fue uno", afirmó.

A su vez, señaló que existen casos en los que sí se le informa al juez. "Quedan solamente en una resolución telefónica y no se hace una audiencia posterior", aseguró.

"Esas cosas no deben pasar. No hay audiencia, no hay evaluación posterior, muchas veces no se adoptan las medidas cautelares que corresponden", señaló y agregó: "Tenemos que ir a un sistema que el asegure a la mujer que no tiene que hacer la carrera de obstáculos que tiene hoy".

"El Estado está revictimizando a las víctimas y eso tiene que cambiar", finalizó.

En otro tema y en relación a la implementación del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) a partir de este próximo 16 de julio, dijo: "La fiscalía viene trabajando desde hace ya bastante tiempo. Prácticamente desde su aprobación desde la legislatura anterior. Quizá no con todos los recursos que uno desearía".

"Comenzamos a  trabajar cuando no teníamos ningún recurso y ahora en base a la gran generosidad de otras instituciones, como por ejemplo la Universidad de la República, la Fiscalía General de Colombia, la Fiscalía General de Chile, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, etcétera, comenzamos a trabajar en la sensibilización y capacitación de los fiscales", explicó Díaz.

Por otra parte, el fiscal recordó que a partir del año pasado, cuando se hizo el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Judicial para la implementación del nuevo Código, se formó una comisión que institucionalizó el trabajo.

Destacó que esa comisión está integrada por el Poder Judicial, la Fiscalía, el Poder Ejecutivo, específicamente con el Ministerio del Interior y también con el Poder Legislativo.

"Queda poco tiempo y estamos trabajando intensamente en esa comisión. En los aspectos normativos, en las cuestiones de implementación, todo lo que tiene que ver con el software e interconexión de los temas operativos y en la capacitación de los fiscales", precisó.

Consultado acerca de si se llegará a la fecha estipulada, el fiscal respondió que cree que sí. Citó también una frase del Doctor Chediak: "Vamos a hacer una presentación decente".

"El cambio fundamental pasa por los recursos pero más que nada en los aspectos culturales y por el ADN de las instituciones que es lo más difícil de cambiar", aseguró.

Díaz afirmó que con la implementación del nuevo CPP se tendrá una Justicia más ágil. "Sobre todo se va a tener una Justicia más transparente, que se ajuste y cumpla con los canones establecidos por los tratados internacionales  de Derechos Humanos", agregó.

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"Uruguay está incumpliendo sistemáticamente con Derechos de primera generación por ejemplo, el derecho de un ciudadano de tener un juicio justo o un debido proceso legal", indicó.

Tras esto, el fiscal remarcó la idea de que nuestro país incumple con estos parámetros internacionales que están en todas las convenciones. "Prácticamente incumplimos con todos estos Tratados y hemos tenido la suerte de que no hemos sido demandados ante organismos internacionales", aseguró.

"De ser demandados seguramente seríamos condenados", sostuvo y agregó que para el país esto sería "bastante vergonzoso".

En el mismo ámbito, Díaz señaló la necesidad de tener un proceso más democrático, transparente y ágil, donde se pueda juzgar a las personas acusadas de cometer un delito en forma pública. "Es algo que no hemos sido capaces de hacer todavía", aseveró.

Por otra parte, el fiscal explicó que nuestro Proceso Penal no ha sufrido "grandes cambios" desde la independencia del país. "Un sistema procesal que ha sido dejado de lado prácticamente en todo el mundo. Vamos a ir a un proceso acusatorio, oral y público", dijo.

En alusión a que las audiencias serán orales y públicas, el fiscal destacó que esto no quiere decir que todo vaya a ser público. Aclaró que hay algunas que "por sus propias características se les deben preservar ciertos valores".

"La gente podrá ver qué es lo que pasa detrás de esa puerta que hoy está cerrada. Cada vez que hay una puerta cerrada, el ciudadano sospecha", señaló el entrevistado.

En referencia a la cantidad de procesados sin condena que existen en el Uruguay, Díaz dijo: "Es una de las cifras, a esta altura, escandalosas". 

"Tenemos un índice de prisionización de 325 personas cada 100 mil habitantes. Es uno de los índices más altos de América Latina", informó y agregó: "Tenemos unas cifras de personas privadas de libertad elevadísimas".

A su vez, el fiscal destacó el hecho de que en esas cifras, el 65% de las personas no tienen sentencia de condena. "Está sometida al proceso pero no tiene sentencia de condena. Esto nos coloca a nivel internacional como un país que incumple con los Derechos Humanos", declaró Díaz.

"La prisión preventiva es una medida cautelar que existe en todos los sistemas procesales del mundo. Lo que se espera que pase con el nuevo Código de Proceso Penal es que se revierta ese porcentaje", dijo.

"La prisión preventiva no es la única medida cautelar en el Código", aseveró y sostuvo que "el principio general debe ser que todos los inocentes deben de estar libres y los culpables deben de estar presos. En Uruguay esto hoy es al revés".

Sobre este mismo tema, el fiscal criticó el hecho de que periodistas y 'opinadores' de todo tipo e incluso operadores de la Justicia se concentran a discutir sobre la prisión preventiva. "Parece que no hay otro tema sobre la mesa", indicó.  

"Vivimos en el país del revés", dijo Díaz y finalizó: "Tenemos personas privadas de libertad que son inocentes".