Al comienzo de la entrevista hizo referencia a la comisión investigadora por la regasificadora: "Este proyecto tiene distintas perspectivas, una de pasado y otra de futuro", indicó. Con relación al futuro, señaló que el país puede iniciar nuevos proyectos para hacer una planta regasificadora porque "es muy útil y necesaria". La que ya existe "está fenecida".

Abdala indicó que "el Gobierno ha asumido en una primera instancia una estrategia de silencio, quiso hablar lo menos posible de este tema que tanto incomodaba", señaló y agregó: "Esto es parte de la herencia maldita que Mujica le dejó a Vázquez".

Manifestó que hay que "investigar los hechos del pasado que son muy polémicos" como "la forma en que se adjudicó la obra y la construcción de la planta".

Sobre las irregularidades, destacó: "El proceso de selección que se siguió para contratar al consorcio", el cual a su entender fue "muy sombrío " por la predeterminación de la licitación. La propuesta que la ganó era la tercera más cara y desde el punto de vista técnico no cumplia con las especificaciones. 

Otro de los problemas detectado por el diputado es la localización de la planta y el aspecto ammbiental:  "hay un informe de la consultora Foster Wheeler al que no se ha podido tener acceso" y "cuestiona el emplazamiento que se eligió".

"Los hechos demostraron que la zona no es apropiada" para construir una infraestructura de este tipo porque "es una zona con un nivel de sedimentación muy alto". 

Consultado sobre los dichos de la ministra de Industria, Carolina Cosse, que la comisión investigadora "le hacía mal" al proyecto, el entrevistado afirmó: "En primer lugar si lo daña o no, lo podemos analizar", y explicó que "no se puede excluir ya que en un régimen democrático es indispensable".

La ministra "no colaboró" porque cada vez que fue interpelada "no respondía las preguntas".

Abdala hizo referencia a la situación actual de Gas Sayago, y aseguró que sigue existiendo y que "se está pagando entre cuatro y cinco millones de dólares por año" de los que aproximadamente "dos millones o más tienen que ver con los sueldos de los trabajadores", indicó.

Para finalizar, consultado por si el proyecto puede terminar en el ámbito penal, afirmó que en esto "hay que actuar con mucha seriedad", ya que si bien se han constatado irregularidades e ilicitudes relacionadas "con el incumplimiento de las reglas del juego", eso no quiere decir que "esas ilicitudes denuncien una conducta penal".