A partir de lo ocurrido en el Cambio Nelson, el senador Pedro Bordaberry le dijo a El Observador que habló con los diputados Adrián Peña y Germán Cardoso para que soliciten la creación de una comisión investigadora que busque despejar todas las dudas e "ir a fondo"; con respecto a los vínculos del propietario del cambio, Francisco Sanabria, con el Partido Colorado.

Esta propuesta también incluirá a otras empresas y a sus directorios por sus vínculos con partidos políticos. El pedido alcanzará a empresas como Fripur, Aire Fresco, la Agencia de publicidad La Diez y Cutcsa.

Con respecto a esto, el politólogo Rafael Piñeiro opinó en Suena Tremendo que la comisión investigadora surge de "la peor forma"; porque "es la utilización política del tema. No se basa verdaderamente en encontrar una forma de regular la relación entre dinero y política, sino se tratar de usarla para hacer un tipo de daño o tener cierta ventaja electoral";.

Piñeiro también afirmó que esta comisión es "una casa de brujas con objetivos políticos"; ya que las violaciones a la ley de financiamiento de los partidos, aprobada en 2009, "son generalizadas";. Por lo tanto, el politólogo planteó que es un tema "de nunca acabar"; porque es difícil descubrir cómo puede haber incidido el financiamiento de empresas en las decisiones políticas.

Piñeiro dijo que, a pesar de que la ley es "un avance"; con respecto a la situación que se daba en 2009, esta regulación "no convence a nadie"; porque es muy difícil advertir transacciones que están fuera de la ley: "Es difícil cuando uno las investiga en el momento, imagínese cuando se investiga después de que pasaron";, aseguró.

"Violaciones generalizadas a la norma";

"Me parece que esta ley tiene muchísimas violaciones. Es abrir una caja de Pandora para un sistema que en verdad estaba habilitando muchas relaciones, en la forma en que se aplicaba, es una ley que no cubre toda la manera en que los partidos se financian ni muestra todo lo que los partidos gastan";, manifestó el politólogo.

Piñeiro afirmó que las violaciones a la norma "son generalizadas";  y por lo tanto esta ley "no le sirve al Uruguay ni a los políticos"; porque no permite "discriminar cuáles son las violaciones que realmente atentan contra el proceso democrático: Esto significa que los políticos decidan a partir de los que los financiaron en vez de basarse en lo que los votantes eligieron";.