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El que vive en la luna no ve los cráteres

El que vive en la luna no ve los cráteres

El gobierno exhibe como una conquista los índices de Transparencia Internacional que colocan a Uruguay como el país latinoamericano con el "índice de percepción de corrupción" más bajo de toda América Latina. Pero nótese la diferencia, Uruguay no es el menos corrupto, sino donde la corrupción "se percibe menos".

Estoy absolutamente seguro que cualquier ciudadano en cualquier parte del país tiene conocimiento de un caso de abuso de poder pequeño o enorme. Tres hechos recientes – Figueredo, Cambio Nelson, Fonasa – revelan que la corrupción es mucho más que una percepción.

Si a ellos agregamos los múltiples casos que se radican en el juzgado de Crimen Organizado, como Ancap, Pluna, Aire Fresco, Regasificadora, o las denuncias contra ex gobernantes, todos sin sentencia judicial, veremos que el panorama es mucho más complejo que el que muestran los índices de Transparencia Internacional.

Aquellos que tengan 60 o más años recordarán que antes de 1973 se conocieron casos muy importantes de corrupción que involucraban a gobernantes. Por ejemplo la estafa del Banco Mercantil cometida por uno de sus dueños, Jorge Peirano Facio, quién renunció al Ministerio de Industrias después de ser acusado por Wilson Ferreira Aldunate. También decenas de bancos quebrados y banqueros ricos. Unos años antes se había revelado "la infidencia";, de la que se acusó a Jorge Batlle. Después tuvimos el caso de los ediles de Montevideo que entre otros asuntos, comían en el restaurant El Aguila – uno de los más caros y exclusivos de Montevideo – y pagaban las facturas con dinero público.

La dictadura llegó, según decían, para acabar con la corrupción. Pero no sólo jamás lo lograron, sino que se incorporaron a la corriente imperante que enriqueció a más de un militar.

Desde 1985 hasta hoy las denuncias se multiplicaron y algunos jerarcas de gobierno fueron procesados y a la cárcel. La gran mayoría sólo quedaron en el recuerdo público. Mencionaremos apenas algunos casos notorios. Durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, el ministro del Interior Antonio Marchesano vendió la cárcel de Punta Carretas a un grupo privado para construir un shopping del que terminó siendo directivo y propietario de un local. Luego vino Luis Alberto Lacalle y con él Daniel Cambón y Julio Grenno, ambos procesados por cohecho (coimas) y presos. El tema forestación despertó muchas sospechas y hasta el propio Lacalle fue denunciado por su ex ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, por presunto enriquecimiento ilícito. Además el caso del vendedor de armas Igor Svetogorsky y el pago de coimas a dirigentes de todos los partidos, terminó con el denunciante procesado.

El segundo gobierno de Sanguinetti tuvo a su propio hijo involucrado con el Cangrejo Rojo; a su secretario privado Ernesto Laguardia, procesado por cheques sin fondo; a su embajador itinerante Roberto Asían, también procesado por cheques; al presidente del BHU Salomón Noachas destituido y procesado por adjudicarse un departamento para sí y otros para familiares y amigos; también se conoció un pedido de coimas para adjudicar la Terminal de contenedores de Montevideo. Pero, además, fue en ese período que comenzó a gestarse lo que ahora se conoce como "el holding de Wilson Sanabria";, propietario del Cambio Nelson, entonces Senador y mano derecha de Sanguinetti.

El gobierno de Batlle tuvo a varios jerarcas de entes procesados. Pero fue en esos años cuando los Peirano (ahora los hijos de Jorge) volvieron a cometer otro fraude bancario. También los hermanos Carlos y José Rohm vaciaron al Banco Comercial.

La llegada del Frente Amplio, que decía "podremos meter la pata, pero no la mano en la lata";, tuvo su primer episodio de corrupción con Juan Carlos Bengoa y los casinos municipales. Aunque fue durante el segundo período a cargo de José Mujica cuando se produjeron una serie de hechos que aún esperan dilucidación en el juzgado de Crimen Organizado: Ancap, Pluna, Aire Fresco y probablemente hacia allí vaya la Regasificadora. El caso Pluna motivó el procesamiento del ministro de Economía Fernando Lorenzo y del presidente del BROU, Fernando Calloia. Aunque nunca nadie los acusó de embolsar dinero sino de favorecer intereses privados.

El resumen podría ser: ningún partido político que haya accedido al gobierno fue ajeno a actos de corrupción.

La corrupción está destruyendo estados. Los ejemplos más cercanos son Brasil sumido en su mayor crisis a causa del Lavajato; Argentina, donde miembros del gobierno de Cristina Kirchner andaban de aquí para allá con bolsos repletos de dólares; Perú con un ex presidente requerido por la justicia; Venezuela viviendo una de sus peores crisis, también a causa de la corrupción; Chile lugar donde se acusó y destituyó a un hijo de la presidente. En Centroamérica prácticamente ningún país queda fuera del caos y saqueo realizado por gobernantes corruptos. Más allá está España que día a día descubre las coimas pagadas a miembros del Partido Popular en el gobierno; Grecia que se desfondó por la misma causa; Italia que jamás ha logrado superar la imagen de nación corrupta; Rusia donde muchísimos ex miembros del PCUS pasaron a ser parte de la "mafia rusa";.

Y así se podría seguir recorriendo el mundo sin encontrar un lugar ajeno a actos abusivos y fraudulentos de sus gobernantes.

Antes de fallecer trágicamente, Carlos Díaz titular de la Secretaria Antilavado dejó expresada su preocupación porque si no se combate la corrupción más temprano que tarde el crimen organizado se hará del gobierno.


Dicho así suena brutal. Sin embargo basta mirar al mundo para comprender la preocupación del destacado funcionario.

La clave del problema parece estar para muchos en el financiamiento de las campañas electorales. Y si se cotejan varios actos de corrupción reseñados con sus promotores, se constatará que no les falta razón.

Uruguay es un país que parece estar convencido que las leyes arreglan cualquier problema. Pero como las leyes aprobadas por el Parlamento, generalmente son producto de negociación, muchas resultan no sólo inapropiadas e inútiles, sino también inaplicables.

Desde el año 2009 Uruguay cuenta con una ley sobre partidos políticos (18.485) donde en 54 artículos se pretendió reglamentar algo tan vital y diferente como la actividad político-partidaria. Esta ley también establece normas sobre financiamiento de los partidos obligando a todos a llevar un registro de donantes. Pero como no hay ninguna sanción prevista, los partidos falsean sus declaraciones.

El artículo 44 ya es un desatino: " Las empresas concesionarias de servicios públicos que mantengan relaciones contractuales con el Estado, formalizadas mediante contratación directa o adjudicación de licitación, podrán realizar donaciones o contribuciones a los partidos políticos, sus sectores internos o listas de candidatos, por un monto que no exceda las 10.000 UI (diez mil unidades indexadas) anuales";. El artículo 45 establece algunas prohibiciones para recibir fondos, entre ellos "de organizaciones delictivas o asociaciones ilícitas"; (literal B) . Entonces el 46 es una "delicatessen"; de la inutilidad. Además de establecer sanciones para quienes acepten dinero como está prohibido, dice a título expreso: "En caso de violación de lo dispuesto en el artículo 44 y literales A), B), C), D) y G) del artículo 45 de la presente ley, los donantes serán sancionados con una multa cuyo monto podrá ser entre dos y diez veces el valor de lo ilícitamente donado";.

No se explica cómo se le cobrará multa a una organización delictiva o asociación ilícita donante y en todo caso como se hace para saber que el dinero provendría de ellas.

Ahora hay una comisión que está estudiando nuevamente el financiamiento de los partidos. Aunque si no queremos terminar como Brasil se deberían prohibir aportes o donaciones de privados a las campañas electorales. Los controles deberán ser más exhaustivos y las sanciones para las violaciones, muy duras.

Pero aún así no lograremos combatir la corrupción si no somos capaces de generar nuevos paradigmas, una mayor y mejor educación en valores junto con una política de Estado para enfrentarla. Y ella pasa, entre otros aspectos, por la aprobación de normas que permitan incautar todos los bienes obtenidos con tales actos hasta que cubran el total del fraude. Que es a lo único que teme el corrupto.

Sólo si asumimos que tenemos un grave problema, podremos enfrentarlo.


El que vive en la luna no ve los cráteres. Por eso para apreciarla en toda su belleza, es imprescindible tomar distancia y aceptar otros ángulos de observación.