De acuerdo a lo que informa La República, Bergara "aclaró que no constituía una denuncia contra cambio Nelson, ni un reporte de operaciones sospechosas, sino una referencia en el marco de un proceso concursal sobre dinero que la casa cambiaria habría recibido desde el exterior para una operación de compra-venta, donde no se habría seguido la debida diligencia en la verificación del origen del dinero";.

Si ante esa información solicitada por la Justicia, el BCU hubiera actuado en forma diligente tal vez se habría enterado que ya entonces el Cambio Nelson funcionaba como un banco ilegal.

Pero en referencia a otros ámbitos de la gestión de gobierno, ahora sobre el de departamental capitalino, el ambientalista Eduardo Gudynas publica hoy en el semanario Voces una nota bajo el título: "El ambiente de Montevideo en manos de Aratirí";.

Allí dice: "El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, confirmó a Fernando Puntigliano, ex presidente de la minera Aratirí, como director municipal de desarrollo ambiental. Es una decisión impactante ya que coloca al frente de la política ambiental departamental a un ejecutivo de una empresa transnacional que promovía uno de los proyectos con mayores impactos ecológicos para el país. Es también una expresión de que la intendencia confunde limpieza con ambiente, y gestión con política.

En efecto, para quienes estén preocupados por la calidad del ambiente se genera una situación repleta de problemas. No me refiero a cuestiones personales, sino a una evaluación del desempeño tanto en políticas como en gestión ambiental.

Puntigliano llega a la IMM con otro ex-Aratirí, Cyro Croce, quien fue gerente ambiental de la empresa, ahora designado en otra sección clave dentro del área ambiental de la IMM, la División Limpieza. Recordemos que ellos lideraban el proyecto de megaminería de hierro a cielo abierto en Valentines, el cual estuvo repleto de cuestionamientos por sus graves impactos de contaminación sobre suelos, aguas y aire, y las incertidumbres del abandono final de la mina. Recordemos además que ese proyecto desencadenó una fuerte resistencia social, con marchas ciudadanas de rechazo que caminaban por nuestra 18 de Julio.

Tampoco olvidemos que el Ministerio del Ambiente cuestionó en más de una vez los informes ambientales de esa minera e incluso la multó. Las observaciones ambientales a ese proyecto eran tan importantes que incluso el Ministerio del Ambiente, que estaba políticamente en manos de actores afines del MPP, quienes como grupo político apoyaban la idea (comenzando por el propio José Mujica), de todas maneras reclamó más informaciones y señaló problemas.

Por si fuera poco, Puntigliano además fue responsable de un proyecto minero de la misma empresa internacional en Brasil. Ese emprendimiento enfrenta serios problemas judiciales, una deuda millonaria y distintos incumplimientos ambientales (por ejemplo, en agosto de 2015 se la sancionó por un "crimen ambiental"; por contaminar el agua con mineral de hierro, y de nuevo a inicios de 2016 fue suspendido y multado).

En resumen, los que lideraron el proyecto ambientalmente más controvertido, políticamente más resistido por la oposición, y que generó las mayores movilizaciones ciudadanas recientes en defensa de la tierra y del agua, ahora son encargados de dirigir la política ambiental montevideana.

Contradicciones ambientales

Bajo estas condiciones se abren muchas contradicciones. En primer lugar, es difícil sostener que la designación sea por la experiencia en políticas ambientales (en el sector privado o público). Puntigliano en su trabajo profesional carece de ese perfil ecológico, ya que pasó de dirigir nuestra Administración de Puertos a los proyectos mineros en Uruguay o Brasil. Por esto último incluso podría argumentarse que los antecedentes apuntarían en contra del ambiente, ya que se defendían como aceptables ciertos impactos de las mineras que muchos otros actores entendían como inaceptables. Si esos mismos criterios se aplicaran en Montevideo, ¿tendremos una flexibilización hacia abajo en la calidad ambiental? Incluso si se insistiera que la experiencia ambiental es secundaria y que en realidad se buscaba un ejecutivo del mundo empresarial para agilizar a la IMM, sigue pendiente una interrogante: ¿cuál es la relación entre dirigir una mega-mina con la gestión de residuos de una ciudad?

En segundo lugar, los que consideran que esto está centrado en la crisis por la basura seguramente están equivocados. Es necesario dejar en claro que el Departamento de Desarrollo Ambiental de la IMM cubre muchos otros temas clave además de los residuos. Por ejemplo, a su cargo está el saneamiento capitalino, con todas sus complejísimas obras.

También es responsable de la evaluación y control de la calidad ambiental, desde el seguimiento de los arroyos a la inspección de las industrias. Esta ha sido un área exitosa en los últimos años pero ahora deberá lidiar con una dirección que proviene justamente de esos sectores empresariales a los cuales ellos deben controlar. También es una incógnita que pasará con el Grupo Ambiental de Montevideo, un espacio de participación para elaborar la agenda ambiental departamental, integrado entre otros, por organizaciones ambientalistas (casi todas ellas opuestas a Aratirí).

En el terreno político hay otro problema que no puede obviarse. La llamada "puerta giratoria";, donde ciertos actores pasan del gobierno a una gran empresa y de ella regresan al gobierno, es motivo de debate en todo el continente. Sólo para tomar el caso más reciente, hace pocas semanas en Perú se criticó ácidamente al gobierno conservador por haber designado a un gerente de una minera canadiense que opera en ese país, como viceministro del área encargada de manejar los conflictos sociales territoriales con la minería. Mirando un poco más lejos, tampoco se pueden olvidar los cuestionamientos a Donald Trump por nombrar empresarios en áreas claves de su gobierno. No es que colocar un ejecutivo corporativo en el gobierno sea algo espantoso, y de hecho puede ser útil en las áreas productivas. Pero no es nada aconsejable ubicarlos en las agencias que manejan controles en áreas como educación, salud o ambiente. Y esta cuestión no es nueva, ya que años atrás, cuando se intentaba lanzar la minería en Valentines, las relaciones íntimas entre Aratirí y el mundo político fueron objeto de muchas polémicas. Parecería que el Partido Socialista (y el Frente Amplio) no aprendió mucho de ellas.

Sin políticas ambientales

Una evaluación de esta situación muestra que la administración municipal confunde el "gerenciamiento"; de la limpieza con una "política"; ambiental. Es como si la política ambiental se la reduce a cómo, cuándo y quiénes limpian y barren. En realidad, la cuestión es exactamente la inversa. La crisis de la basura es también la expresión, en parte, de ese vacío de políticas ambientales. Y hay un vacío porque además no se comprenden las implicancias políticas con este tipo de nombramientos.

Esta condición no es nueva, y se viene agravando en la última década. Había una política ambiental bajo el mandato de Mariano Arana, con sus claroscuros, aunque incluso con innovaciones (como los componentes ecológicos en el Plan de Ordenamiento Territorial). Todo comenzó a debilitarse desde el 2005, con R. Erhlich, y se agravó con Ana Olivera.

Posiblemente no fueran anti-ambientales, sino que eran inoperantes en esas políticas. Hoy, con estas nuevas medidas, se refuerza más el debilitamiento de la escuálida política ambiental departamental, apostando a que una lógica de gestión empresarial nos salve"; afirma Gudynas.