El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que está controlado por el chavismo, decidió este miércoles por la noche, quitar de competencias a la Asamblea Nacional (AN). Admitió la total responsabilidad de las competencias parlamentarias, con mayoría de la oposición. 

Entre otros argumentos, el tribunal defiende que se han incorporado tres de los cuatro diputados del Estado de Amazonas (sur de Venezuela) a la AN cuya investidura había sido impugnada.

"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho", indicó el fallo del TSJ publicado la noche del miércoles. 

El Supremo quitó a los diputados opositores, la inmunidad parlamentaria y concedió atribuciones especiales al presidente Nicolás Maduro en materia penal, militar, económica, social, política y civil.

"Me están facultando con un poder habilitante especial para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país. Esta es una sentencia histórica", dijo el mandatario.

Más de 40 ONGs en Venezuela emitieron en un comunicado, su disconformidad ante las decisiones del Supremo: "Rechazamos el control constitucional ejercido por un Tribunal Supremo de Justicia, carente de independencia, que ha permitido el ejercicio de facultades ilimitadas por parte del poder Ejecutivo y la interpretación arbitraria del texto constitucional, reiterando el actual poder dictatorial del presidente de la República".

En Venezuela interpretan que la sentencia es una reacción al intento de la Organización de Estados Americanos (OEA) de activar la Carta Democrática Interamericana, que ha apoyado la Asamblea Nacional.

Maduro advirtió este martes, tras conocer los resultados del debate en el organismo internacional, que ejecutará una agenda ofensiva en "defensa de los pueblos".

El Supremo, que se ha encargado de ir invalidando las decisiones del Parlamento, deja ahora a los diputados opositores en manos del chavismo, que ha acusado a los asambleístas de traición a la patria por apoyar al secretario general de la OEA, el político uruguayo frenteamplista, Luis Almagro.