Entrevistas

Programa de Asentamientos responde a críticas del BID

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) no tuvo "una ejecución satistfactoria". La directora del programa, María Laura Rey, reconoció que hubo demoras en la respuesta por parte de las intendencias -co-ejecutoras del PIAI- pero afirmó que se ha alcanzado a 9.500 hogares cuando el objetivo del BID era de 10.000.

(Emitido a las 9.13)

ALFREDO DANTE:
En la reunión entre el gobierno electo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el organismo internacional aparentemente señaló que el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) tuvo una ejecución no satisfactoria.

¿Qué implica esto? ¿Cuál es el balance que ese programa hace de su gestión? ¿Ha contribuido efectivamente a atenuar la problemática de los asentamientos?

De estos temas vamos a conversar con la doctora María Laura Rey, coordinadora del PIAI.

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Doctora Rey, para comenzar queríamos recordarle a la audiencia qué es el PIAI, cuáles son sus objetivos.

MARÍA LAURA REY:
El PIAI es un programa que surge a partir de un contrato de préstamo que se firmó entre el gobierno nacional y el BID el 30 de julio del año 1999. El objetivo fundamental de este programa es mejor calidad de vida e integración social y urbana de los habitantes en asentamientos en todo el país a su entorno.

AD - No erradicación de asentamientos.

MLR - Exactamente. Es un programa de mejor calidad de vida, de integración, de creación de ciudadanía. No es un programa de erradicación de asentamientos, no es un programa de vivienda, no es un programa de traslado del asentamiento porque el asentamiento no cambia de lugar sino que queda en el lugar que está, se consolida en ese mismo lugar. Fundamentalmente ése es el objetivo, para lo cual hay un componente dentro de este programa que se llama Mejoramiento de Barrios, que son obras de infraestructura acompañadas de un trabajo de desarrollo comunitario y social que se hace conjuntamente a partir del relevamiento que se hace del asentamiento, luego este trabajo coordinada y conjuntamente durante la etapa de formulación de proyecto, de ejecución de obras e infraestructura y tiene un período de posobra de seis meses.

AD - ¿Cuántas personas calculan ustedes que efectivamente hoy por hoy están viviendo en asentamientos en Uruguay?

MLR - No lo calculamos nosotros, es una medición que hizo el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 1998, teniendo en cuenta el censo de población y vivienda de 1996. En ese momento arrojaba 412 asentamientos en todo el país y unas 153.000 personas que vivían en asentamientos. Actualmente el INE ha hecho un censo de población y vivienda que en este momento está en las etapas finales, pero concretamente para tener una medición de asentamientos requiere algunos días más puesto que debe hacerse un trabajo de campo. Esa medición general que se ha hecho debe ser constatada in situ en cada uno de los asentamientos.

AD - En Montevideo dice que son unos 390 de esos 400 y pico que usted decía.

MLR - Exactamente, de esos 412 unos 350, 300 y algo están en Montevideo. Pero creo que es algo importante de reseñar, si bien durante estos cinco años lo hemos dicho en todos los medios varias veces, lo hemos repetido también en esta misma radio, que este programa no regulariza todos los asentamientos, de ahí que digamos que no erradica los asentamientos en el país. ¿Por qué? Porque para ingresar a este programa, cuyos asentamientos son elegidos no por el PIAI sino por los coejecutores del programa, es decir los socios del programa, que son las 19 intendencias del país, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transporte, requiere que esos asentamientos tengan algunas condiciones. Por ejemplo asentamientos anteriores a 1996, que estén en terrenos públicos y no privados, que no estén en zonas inundables y que se trate de asentamientos en ciudades de más de 10.000 habitantes. Esto quiere decir que aquellos asentamientos rurales no ingresan tampoco en este programa.

AD - ¿Efectivamente todas las intendencias participaron?

MLR - No, no todas las intendencias participaron, de las 19 intendencias 15 han adherido al programa, las cuatro intendencias que no se han integrado son las de Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha y San José, y algunas de las otras 15 están lógicamente en distintas etapas de lo que se trata el proceso de regularización de un asentamiento. Por ejemplo algunas han regularizado todos aquellos asentamientos que reúnen los requisitos exigidos por este programa, en tanto que otras están recién en un comienzo.

AD - Usted decía el año pasado en el Parlamento que el contrato para este programa que Uruguay firmó con el BID preveía regularizar unos 10.000 hogares. ¿Cuántos efectivamente se han logrado regularizar al día de hoy?

MLR - Efectivamente 10.000 hogares era lo que preveía el contrato original, el marco lógico del programa. Como ustedes saben a partir del año 2003 se cancelaron 20 millones de dólares del aporte BID con la correspondiente contrapartida nacional, por lo cual el costo total estimado del programa no está más ya situado en 110 millones de dólares, sino en 81 millones de dólares. De esos asentamientos que prevé el marco lógico a la fecha existen 84 solicitudes de regularización de asentamientos, de las cuales existen aproximadamente 15 que no han sido aprobadas debido a que los coejecutores no han completado la documentación...

AD - Cuando usted dice coejecutores, son básicamente las intendencias.

MLR - Las intendencias, exactamente, básicamente las intendencias. Pero podemos decir que sin mencionar a esos 15 que no han sido aprobados, tenemos aprobados 70 y tantos asentamientos que significan más de 11.000 hogares. Actualmente el programa está situado en una etapa de proceso que ha cumplido todas las etapas, pues tenemos asentamientos en los que ya ha terminado la etapa de posobra, quiere decir que las obras de infraestructura están prontas, y el trabajo social también; otras que se están ejecutando en este momento, otras que están en período de posobra y algunos formulando los proyectos. Pero en esas etapas de obra, de formulación de proyectos el programa ha llegado a 9.500 hogares aproximadamente.

AD - ¿Cuáles fueron las razones esgrimidas por estas intendencias para hasta ahora no habilitar esa regularización?

MLR - Esas intendencias aducen que o bien, como el caso de Lavalleja, que los asentamientos que existen en su ciudad son posteriores a 1996, y en otros casos que no reúnen los requisitos de elegibilidad, por ejemplo por estar en zonas inundables en algún caso, como sucedió en San José, y en otro por estar en terrenos privados. Los asentamientos en terrenos privados no son regularizados porque recordemos que esta regularización significa que los beneficiarios, es decir la población del asentamiento, van a obtener título de propiedad del lote que habita.

AD - De esos 81 millones de dólares, ¿cuánto efectivamente se ha ejecutado?

MLR - Se han ejecutado 26 millones de dólares que comprenden el aporte BID y el aporte local. Pero creo que es un error hablar en dólares, un grave error que se ha estado cometiendo durante estos cinco años.

AD - ¿Por qué?

MLR - Porque si bien el contrato de préstamo está establecido en moneda extranjera, en dólares, y los desembolsos del BID, el dinero que el banco desembolsa al gobierno uruguayo, también viene en dólares, quien autoriza a gastar al PIAI como a cualquier otro organismo del Estado, es la ley de presupuesto, y como usted y la audiencia muy bien saben la ley de presupuesto es en pesos. O sea que es una falacia hablar en dólares, debiéramos hablar en pesos. Si los pesos que existieron por ejemplo para este año 2004 concretamente los trasladamos a dólares al tipo de cambio de la fecha en que se aprobó la ley de presupuesto estaríamos hablando de 20 millones de dólares, cuando en realidad la asignación presupuestal fue de 172 millones de pesos. O sea que creo que lo que tenemos que ver y enfatizar es decir: del presupuesto nacional, ¿qué ejecutó el PIAI? Y ahí la respuesta es: ejecutó el 88 por ciento del presupuesto asignado, es decir del crédito presupuestal asignado por el Parlamento Nacional.

AD - ¿Y el restante 12 por ciento?

MLR - Durante los dos primeros años del programa, en los años 2000 y 2001, el programa no pudo ejecutar el 100 por ciento del crédito presupuestal en virtud de que este programa tenía una cantidad de dinero asignada pero no tenía proyectos para ejecutar, por lo cual hubo que formular los proyectos para luego poder licitarlos, transformar eso en obras, y eso quiso decir que los dos primeros años no se pudo ejecutar.

AD - ¿Y por qué esa demora en las ejecuciones? Se lo pregunto porque usted sabe que algunos técnicos han dicho que esto implica que a este ritmo un programa que debía finalizar en 2005 termine por 2014.

MLR - Exactamente. Eso se debe también a la falta de compromiso de los coejecutores, porque los coejecutores, como en algunos casos sabemos que existen algunas licitaciones que están pendientes en las oficinas administrativas de esas respectivas coejecutores hace dos años que están para adjudicar una licitación. En otros casos algunos otros coejecutores se han enviado los documentos para hacer la selección de los equipos técnicos multidisciplinarios para que formulen los proyectos hace un año. En otros casos proyectos aprobados por los vecinos –porque los vecinos deben aprobar los proyectos ejecutivos, no se trata de imponerle al vecino un proyecto diseñado por tecnócratas–, sin embargo el coejecutor no ha llamado a licitación. De eso le estoy hablando concretamente de un barrio que estoy pensando, Las Higueritas en Montevideo, que hace más de seis meses que el proyecto está en condiciones de ser llamado a licitación.

AD - De ese 88 por ciento que usted decía que efectivamente se ejecutó del presupuesto, ¿cuánto se gastó en diagnósticos, en estudios, y cuánto en lo que efectivamente fueron realojos?

MLR - El 90 por ciento de esa ejecución en primer lugar es importante reseñar que fue volcado en el interior del país. ¿Por qué? Porque los coejecutores, las intendencias del interior del país, tuvieron una respuesta más ágil y más rápida a los coejecutores que tienen jurisdicción en el departamento de Montevideo.

AD - El 90 por ciento de lo gastado del presupuesto fue para el interior.

MLR - De inversión. Quiere decir que en Montevideo apenas se ha volcado un 10 por ciento, pero eso no porque así lo haya dispuesto el PIAI, sino porque así los coejecutores de Montevideo fue que lo dispusieron por los tiempos que se han tomado. Por ejemplo, en Salto hay cuatro asentamientos prontos, uno en obra y uno próximo a licitar, quiere decir que la cartera de asentamientos –y estamos hablando de más de mil hogares– está prácticamente pronta. La Intendencia de Durazno tenía dos asentamientos para regularizar de acuerdo a los términos y a los requisitos del PIAI y ya están prontos hace uno un año y medio y el otro hace seis meses. Flores tenía uno que hacía 85 años que estaba por regularizarse y está pronto. Diez por ciento entonces de inversión en Montevideo y 90 en el interior del país. Y en cuanto a su pregunta concreta, se ha volcado un 90 por ciento a lo que corresponde a obras, desarrollo comunitario y social y en lo que es parte de administración y de trabajo técnico apenas un 10 por ciento.

AD - ¿Tiene en mente la cifra en pesos, cuánto fue ese 10 por ciento de gastos de administración y estudios?

MLR - No, ahora la verdad que no, tendríamos que calcular de los 26 millones de dólares el 10 por ciento y el 90 aproximadamente para tener esa cifra y no sé si exactamente nos daría así.

AD - ¿Es una cifra estándar?, ¿es lo que gastan otros países en la regularización de asentamientos? Se me ocurre pensar en comparación con otras naciones del continente.

MLR - Es diferente porque los estándares son diferentes. Y no solamente los estándares, también es diferente la normativa de este país. Uruguay en lo que es leyes sociales y todos los aportes a la construcción es sustantivamente más caro que los países vecinos de América Latina. Quiere decir que de ahí ya partimos con un porcentaje muy mayor a lo que podría ser Argentina, Chile, Brasil, etcétera.

AD - Decíamos en el arranque algunas consideraciones del BID, sé que tiene alguna puntualización para hacer. El BID aparentemente considera que este programa tuvo una ejecución no satisfactoria. Tiene algo para decir a propósito de esto.

MLR - Claro, es no satisfactoria porque recordemos que este programa había sido pensado que se iba a ejecutar en cuatro años y se iba a desembolsar los recursos en cinco, y recordemos que el Parlamento Nacional nunca dio la autorización para gastar el 100 por ciento de los recursos en esta administración. Quiere decir que desde el principio se supo que no se iba a poder ejecutar. Yo no estuve en esta reunión donde se hizo este comentario, esta cláusula que ustedes han leído es una cláusula que está puesta en un contexto; supongo que se está refiriendo al tema de los recursos, lo cual siempre fue gran preocupación del BID. Pero si por otro lado leemos algún ayuda memoria del BID que por ejemplo permanentemente estamos sometidos a lo que son las misiones de administraciones del banco, recordamos y tenemos aquí algunas de las que se han realizado en las cuales se dice que este programa ya había superado todos los obstáculos operativos que tuvo, que son los que referí de los años 2000 y 2001 por no tener proyectos para poder concretar, y que la metodología que se estaba empleando en Uruguay, que era muy proactiva y creativa y que había podido superar todas esas crisis financieras que hemos tenido que soportar, serviría de modelo a otros programas similares financiados por el banco en la región. Esto queda a su disposición porque es un documento público y tal vez sea importante que lo pudieran leer ustedes y comentarlo.

AD - Va a quedar además para la audiencia de En Perspectiva en la página de Espectador.com.

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AD - Usted señalaba recién un tema del cual mucho se ha hablado, que es la aplicación de este programa en el departamento de Montevideo. Justamente Daniel Espósito, que coordina este tema en la capital, en la Intendencia, decía en el mes de agosto que la comuna capitalina se preocupó por este programa pero que el gobierno nunca hizo nada de su parte.

MLR - A Daniel Espósito por supuesto lo conozco mucho en el tema de trabajo, desde que él está al frente de este programa en la Intendencia, que hará dos años y medio o tres tal vez. No solamente hemos trabajado acá en Montevideo sino que tuvimos la oportunidad de hacer un viaje con gente del BID y conocer cómo se desarrollan y ejecutan estos programas en otros países. Concretamente viajé con Daniel Espósito y el BID a Santiago de Chile y Rio de Janeiro donde estuvimos visitando programas similares a estos. Tal vez la opinión de Daniel es un tanto subjetiva y yo como coordinadora del programa, que trabajo con 21 coejecutores, con 19 intendencias y dos ministerios, tengo que ser más objetiva.

No es que el programa no lo ha hecho, las intendencias son quienes deben presentar las solicitudes y además son quienes deben procesar las ofertas. Por ejemplo cuando se llama a licitación para contratar equipos técnicos multidisciplinarios las ofertas técnicas y económicas que se presentan deben ser estudiadas por una comisión asesora que está constituida por técnicos de cada uno de los coejecutores. Siempre hay un representante del PIAI también.

AD - Algunas fuentes que consultó En Perspectiva ayer decían que había por parte del PIAI la voluntad de impedir de alguna manera que se realizaran más proyectos aquí en la capital. Decían justamente lo que usted mencionaba recién, que a algunos proyectos de Montevideo se les ponían algunas observaciones que a otras intendencias no.

MLR - No es así. Recuerdo que ese comentario me lo hizo hace varios años el diputado Sendic. El diputado Raúl Sendic me llama un día para decirme cómo era posible que nosotros le exigiéramos a la Intendencia de Montevideo más requisitos que a las demás intendencias. En ese momento –le estoy hablando aproximadamente del año 2001– nosotros recién estábamos recepcionando las solicitudes de regularización de asentamientos. Fue una conversación telefónica y yo le propuse al diputado que por qué no venía a la oficina y él mismo verificara lo que me estaba aseverando. Lo aceptó y me comentó: "¿Cuándo puedo ir?"; "Ya, estoy en la oficina, no tengo ningún inconveniente", para que viera que yo no estaba preparando nada. Él vino por la oficina, verificó cuál era la situación de presentación de las cartas-consulta, que son las regularizaciones de asentamientos, las solicitudes de la Intendencia de Montevideo y de las otras intendencias del interior y realmente pudo constatar él mismo que no había ninguna exigencia extra, sino que eran las mismas y vio que evidentemente algunas estaban más debilitadas o faltaba documentación. A partir de esa entrevista con el diputado Sendic fue una participación muy importante que él tuvo en la Intendencia de Montevideo y se creó en la Intendencia esta comisión especial que coordina Daniel Espósito.

AD - ¿Cómo ha visto usted la propuesta del designado subsecretario de Vivienda, Jaime Igorra, de realojar gente en zonas que están prácticamente deshabitadas de Montevideo, por ejemplo la Aguada, varias zonas de la capital que ya tienen todos los servicios.

MLR - Es una inquietud que no es nueva, que existe desde hace ya varios años. No depende únicamente de las autoridades y de la voluntad, sino que depende de las personas y de la gente. Muchas de esas personas no quieren cambiar de lugar de vivir, de donde hoy se encuentra. ¿Por qué? Por ejemplo porque tienen los servicios cerca, por ejemplo la escuela o el trabajo y no quieren cambiar y venir desde Punta de Rieles a vivir a la zona céntrica. Es algo que se ha planteado, no es fácil, lo hemos verificado y comprobado con el Fondo de Garantía de Alquileres que es un fondo de garantía que el PIAI ha implementado. Este fondo de garantía es administrado por ANDA. Existen muchas personas que viven en pensiones en esta zona alrededor de la radio y de repente viven en condiciones muy precarias, muy malas, porque yo he estado en esas pensiones, y pagando tal vez 2.700 pesos por mes, cuando podrían alquilar una vivienda por 800 o 1.000 y prefieren seguir viviendo en esas condiciones en el Centro y no en el barrio Goes, en la Aguada, en Punta de Rieles o Maroñas.

AD - Entonces usted cree que la dificultad estaría básicamente en convencer a esa gente.

MLR - Exactamente. Puede ser, como siempre sucede, que no van a ser todos los que van a tener una posición negativa, pero es difícil, es un trabajo que no se trata de meramente de un deseo o una expresión de voluntad.

AD - ¿Cómo se está dando la transición en el PIAI? ¿Se ha requerido información por parte del gobierno electo? ¿Cómo se va a procesar eso?

MLR - Se requirió información por parte del gobierno electo el año pasado pero concretamente esa información, si bien el contador Davrieux se la entregó al futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no había llegado a quienes supuestamente están manejando este tema y la única reunión de transición que hemos tenido ha sido el día 28 de diciembre con el futuro director de Secretaría del Ministerio de Vivienda, el futuro director de la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda y supuestamente quien va a coordinar el PIAI y otra persona más, pero nada más hasta ahora.

AD - ¿Y no había llegado la información? ¿Dónde se trancó?

MLR - No. Supongo que Viera tal vez no ha tenido tiempo de entregarla...

AD - El gobierno electo digamos.

MLR - Exactamente. Pero nosotros tuvimos en ese momento la oportunidad de entregarles a ellos mismos el mismo documento que había sido entregado a la OPP para que nuestro director lo pudiera entregara a su sucesor.

AD - En el final un consejo: ¿qué error no debería cometer el próximo gobierno en la instrumentación de este programa?

MLR - Justamente el BID desde Washington la semana pasada me ha invitado a que haga una exposición en Washington sobre un tema que sería "lecciones aprendidas" para no incurrir, porque creo que éste es un problema no solamente del gobierno nacional sino también del BID, porque recordemos que si éste es un contrato de préstamo o un contrato, un contrato es un acuerdo de voluntades, y aquí jamás pudo haberse ejecutado este contrato que muy bien puede haber sido redactado en cuatro y medio y desembolsarse en cinco si luego el Parlamento no otorga los recursos.

AD - Por ahí están las claves.

MLR - Las lecciones son varias, que debe existir un buen diseño del proyecto que se pretenda gestionar, pero no debe ser algo meramente tecnócrata, hay que aterrizarlo a tierra, a nuestra sociedad, y además conocer previamente el terreno en el cual se va a trabajar para poder aplicar este proyecto.

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Transcripción: María Lila Ltaif
Edición: Mauricio Erramuspe
Fotos: Caterina Notargiovanni