Sin embargo fuentes judiciales consideraron que "no importa si Capote tenía todos los permisos del sistema o si los intereses estaban contabilizados, ni como accedía a los datos. Si lo hacía remotamente, en persona o llamando a la contadora Soledad Ubilla. Lo que verdaderamente importa lo que hacía con la información, como la preparaba, como la presentaba. Esa es su participación y la que se hace pasible de sanción penal";.

Por ejemplo: la fiscalía probó que Cambio Nelson aportaba dinero a otras empresas del grupo Sanabria, que no lo reintegraban. Capote como responsable de la contabilidad de Camvirey S.A. debía saberlo. Ese podría ser un indicio de lavado de dinero, como lo establece la vista fiscal, por lo que su situación penal podría ser considerada en Montevideo, independientemente de lo que ocurra en Maldonado.

El expediente aún no ha sido enviado al juzgado de Crimen Organizado como solicitó el fiscal Rodrigo Morosoli y aceptó el juez Souto.

En tanto la jueza Sylvia Batista dispuso la apertura de un concurso "necesario"; para la empresa Camvirey S.A. El recurso fue solicitado por un número impreciso de los algo más de 2000 acreedores de la empresa, que reconoce mantener una deuda de casi nueve millones de dólares.

Desde el punto de vista penal esta causa no incide, salvo que aparezcan nuevos testaferros. Pero si puede incidir desde el punto de vista social.

La ley concursal establece que todos "los acreedores concurrentes deben reclamar la liquidación de todo el patrimonio presente y futuro del deudor común es decir, en principio quedan comprendidos todos los bienes que lo integran y los eventuales que el deudor adquiera en el futuro";. También puede comprender "todos aquellos bienes que hubieran sido distraídos por el deudor, los que podrán ser reintegrados a la masa común mediante acciones recuperatorias";

Eso supone que entre cosas además de reclamar la liquidación de las propiedades inmuebles de Francisco Sanabria, también pueden ir contra el paquete accionario de empresas colaterales. En tal caso, la justicia tiene en su poder el 50% de las acciones de Turul S.A. , propietaria de FM Gente, a nombre de Sanabria hijo.