En entrevista con Suena Tremendo, el magistrado explicó que el argumento de que hacen falta algunas modificaciones legislativas para poner a funcionar el código, como manejó hace unos días el Fiscal de Corte -Jorge Díaz-, no le parece suficiente.

"Gran parte de lo que sabemos lo sabemos por la prensa. Lo que sabemos es que también se está estudiando a nivel del Poder Ejecutivo la posibilidad de una prórroga, y lo que yo debo adelantar es que el Poder Judicial entiende que el sólo argumento de que hacen falta reformas legislativas para una prórroga no se sustenta, porque el tema este se cerró desde el punto de vista legislativo";, explicó.

"Nosotros entendemos que habría que aprobar una ley con tres o cuatro aspectos muy puntuales que tienen que ver fundamentalmente con la organización y que con eso se podría empezar a aplicar el código. Lo que hay un problema es que también se está complicando el proceso de implementación por el conflicto de funcionarios y actuarios que expresamente han retirado su colaboración con esto";.

Pérez Manrique afirmó que se está capacitando para trabajar con litigación oral con cursos y convenios con organizaciones internacionales.

"El presidente de la Corte dijo, cuando asumió este año la presidencia, que no podíamos pretender la perfección al 16 de julio pero íbamos a acercarnos lo mejor posible al mejor sistema que podíamos desplegar. Estos sistemas, por más recursos que se tengan, generan algunos problemas de implementación. Una de las cosas que sí me preocupa es la necesidad de campañas públicas para explicarle a la gente en qué consiste todo esto, qué es lo que puede esperar. Eso está demorado y no entendemos por qué no se ha empezado, me parece que se ha perdido un tiempo precioso para hacer esto";.

"Estamos absolutamente comprometidos en esto, lo que nos da pena es que se produzcan tropiezos y problemas derivados siempre de cosas que escapan de nuestra voluntad";, sentenció.

Conflicto con Poder Ejecutivo

Pérez Manrique, quien mañana abandonará su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia, ingresó en 2012 en pleno conflicto salarial. Durante estos años la discusión se agravó, abarcó más temas y no se encontraron respuestas.

"2013 fue un año dominado y centrado por las consecuencias de la declaratoria de inconstitucionalidad, con mi discordia, de la ley 18831 que derogaba la ley de caducidad. Y en 2014, el Gobierno de Mujica, fue el año que el conflicto estalla, porque empiezan a caer las inconstitucionalidades de las leyes que pretendieron enmendar el problema. Fue un año con dos o tres reuniones inolvidables con el presidente y su equipo económico, algunas muy duras, en las cuales no llegamos prácticamente a nada";, contó.

"El Poder Ejecutivo hizo aprobar en el presupuesto el artículo 733, por el cual, en el caso de deudas salariales que tuviera el Estado, el Poder Ejecutivo se reserva la consideración del pago en oportunidad de la primera instancia presupuestal o cuando hubiera fondos necesarios. Esto de alguna forma blinda al Poder Ejecutivo respecto a la no necesidad de pago inmediato de esas deudas salariales, que es para todos los funcionarios públicos, no sólo los judiciales";.

"Los funcionarios judiciales y los actuarios están teniendo una dificultad ya que ningún fiscal dictamina sobre el fondo de la constitucionalidad porque se van absteniendo, porque entienden que son parte del problema en la medida que sus salarios están involucrados. Hay un proceso en el cual funcionarios de salud pública plantearon inconstitucionalidad de ese artículo y la Corte decretó la inconstitucionalidad del artículo 733. Esto se notificó en el día de ayer o el viernes. De alguna forma supongo que los funcionarios judiciales en su momento harán valer este precedente de la corte y ésta verá qué hace en ese caso concreto";, concluyó.