A un cuento chino se parece lo ocurre hoy en Maldonado con los denominados "grandes proyectos edilicios";. Al respecto la periodista Mónica Robaina escribió ayer en Brecha: "Veintiún proyectos edilicios por 400 millones de dólares esperan que el gobierno departamental les otorgue excepciones a la normativa de construcción en Maldonado. Algunas son de tal magnitud que tienen detractores hasta en el oficialismo blanco. La posición del Frente Amplio, debilitado por sus propios choques internos, es determinante para que estos beneficios prosperen. Bajo la presión social por empleo, sucumben ingresos fiscales y transparencia";.

Según cifras oficiales hay 5.000 obreros de la construcción desocupados. Un número muy importante para una ciudad que, como Maldonado tiene 80.000 habitantes. El SUNCA resultó un aliado muy importante del intendente Enrique Antía.

Pero en la otra punta aparecen oportunistas que llegan para aprovechar las ventajas fiscales que decidió otorgar la intendencia con la intención, también, de recuperar fuentes de trabajo.

A lo largo de los últimos 40 años Punta del Este ha sido testigo de la muerte de muchos elefantes blancos. Durante años la avenida Roosevelt pareció un cementerio de grandes torres abandonadas.

Porque lo que nadie dice es que estos proyectos se desarrollaran ahora, si encuentran compradores, algo bien escaso hoy. Pero con los permisos en la mano se pueden dar el lujo de esperar mejores tiempos, venderlos, o simplemente dejarlos morir.

Durante el primer gobierno de Antía (2000-2005) hubo un importante empuje en la construcción. Entonces aparecieron empresas de construcción propiedad de ediles y ciudadanos blancos; propiedades vendidas por inmobiliarias de ediles blancos o en las que trabajaban ediles blancos; y obras en las que para trabajar había que presentar una tarjeta de un dirigente blanco o del colorado Wilson Sanabria. La colega Robaina recuerda que "en el año 2007, durante el primer mandato de Óscar de los Santos, un grupo de ediles frenteamplistas denunció a Enrique Antía y varios de sus colaboradores y ex jerarcas, bajo la presunción de que la financiación de su campaña electoral en 2005 estaba relacionada con la aprobación de excepciones para grandes proyectos edilicios a partir de 2003.

Una investigación de la Junta Departamental arrojaba firmes sospechas sobre el pedido de coimas a los inversionistas, a cambio de los citados beneficios.

La causa quedó en manos de la jueza penal Adriana Graziuso, quien jamás interrogó a los denunciantes personalmente y archivó el expediente en 2010. Al asumir su segundo gobierno, en 2015, Antía ofreció a Graziuso la Dirección General de Asuntos Legales en su gabinete. La jueza renunció al Poder Judicial para asumir el cargo";.

Y si a esta situación, le agregamos los sueldos encubiertos que se votaron con sus respectivos aumentos la mayoría de ediles de los tres partidos, la situación aparece como muy grave desde el punto de vista de la transparencia. Hoy cada edil titular percibe 40.800 pesos neto, sin descuentos y sin aportes. Y desde el 2018 y hasta el cambio de gobierno, cobrarán 44.800 pesos.

Esos ediles son los que tienen que decidir ahora sobre las excepciones a la normativas de construcción solicitadas por esos empresarios que ya cuentan con las exoneraciones fiscales aprobadas por la intendencia.