Bianchi opinó que el Gobierno debió declarar la esencialidad mucho antes. A su vez, dijo que el tema no es si se trata de mucha o poca plata, sino que es un tema conceptual. "La petrolera nacional ahora resulta que funciona con horas extras. Hace doce años que son gobierno, pero antes fueron oposición, ¿no se sabía cómo funcionaba el Estado?", se preguntó la diputada.

Manzi, por su lado, aseguró que está de acuerdo con la medida adoptada y añadió que "estos decretos (de declaración de esencialidad) hay que guardarlos en cajitas de oro, porque no duran para siempre".

Por otro lado, manifestó que "los dirigentes gremiales están haciendo lo que deben hacer, defienden lo suyo, por algo están ahí. Engañan, enredan, confunden, porque como la causa no es del todo justa, dicen que las empresas públicas son de todos, y por lo tanto es de interés general".

A su vez Andrade dijo que "hay sectores donde es más difícil tomar medidas por el impacto que genera, pero difícilmente se resuelva esto con el decreto de esencialidad. Están defendiendo algo que entienden que es legítimo, desde el punto de vista de la especificidad del trabajo y los riesgos que tiene sobre la salud".

Bianchi opinó que "cuando un gobierno no tiene norte y se va adaptando a las presiones empresariales, le dieron poder, en otra época yo le diría que es un vende patria. Cuando se aprobó la negociación colectiva nosotros dijimos que no podía existir en el ámbito público, pues el Estado no puede ser un patrón. El Estado debe defender el interés general".

La medida adoptada por la gremial se debe a que el directorio de la petrolera anunció el retiro del servicio médico que tienen los funcionarios, para trasladarlos a otra prestadora de salud. La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse dijo que este beneficio que le cuesta a la empresa seis millones de dólares al año, "roza el privilegio".