La regasificadora fue producto de un sueño que no tenía relación con la realidad. Así la definió un dirigente del sindicato del gas. Y razón no le faltaba ya que se trataba de un proyecto para el que no teníamos ni consumidores en nuestro país, ni clientes en el extranjero.

La totalidad de la obra, que incluía escollera; planta de recepción, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado; gasoducto subacuático para enviar el gas hasta tierra; una estación de transferencia de GN; gasoducto terrestre para enviar el gas hasta el entronque con el gasoducto existente y una estación reguladora de presión, tenía un costo estimado en 1300 millones de dólares.

Debía producir 10 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Pero el primer problema es que nuestro país consume 80 millones de mts. 3  por año. O sea, en 8 días se producía el consumo de todo un año. Esa cantidad se ampliaría al ponerse en funcionamiento la planta de ciclo combinado que UTE construye en Punta del Tigre (San José).

Aún así el excedente superaría el 60%. La idea del gobierno era que su par kirchnerista lo comprara ya que Argentina sufre una notoria crisis energética y el gas es la fuente de energía doméstica más importante. Pero el gobierno del país vecino  cambió y también cambiaron las condiciones de explotación de Vaca Muerta, un gigantesco yacimiento de gas y petróleo ubicado en Neuquén. Por lo tanto Argentina ya no nos compraría todo el excedente.
Para peor el proyecto cayó cuando se descubrió que la principal subcontratista – OAS de Brasil – estaba muy vinculada al escándalo de corrupción brasileña conocido como "Lavajato".

El gobierno de José Mujica hizo un llamado internacional a interesados en el desarrollo del proyecto, al que se presentaron cuatro empresas. La construcción fue adjudicado a la empresa GDF Suez Energy Latin American Participaçoes y sería operado por la uruguaya Gas Sayago integrada por UTE y ANCAP.

Todo fue tan rápido que apenas transcurrió un mes entre la apertura de ofertas y la adjudicación, algo muy poco habitual para una obra de tal magnitud. Finalmente se adjudicó a quien había calificado en segundo lugar. Pero los informes de las consultoras internacionales,  contratadas para controlar el proceso, no fueron tomados en cuenta. Dos de ellos coincidían en sostener que "ni la primera ni la segunda calificada respetaban los pliegos del llamado".

Para diseñar todo el negocio y elegir a la empresa que lo llevaría adelante, el Ejecutivo contrató al Estudio Posadas, Posadas & Vecino.  El Estado se convirtió en la garantía "subsidiaria, absoluta, ilimitada, irrevocable e incondicional" (Diario Oficial, 14 de octubre de 2013) y finalmente GDF Suez asumió su parte de una garantía por 100 millones de dólares a través de una empresa de papel, llamada Riklur Company SA con sede en una pequeñísima oficina de calle La Cumparsita, Montevideo.

La filial brasilera de GDF Suez contrató a OAS-Brasil para construir el muelle de atraque del barco gasificador y el canal de acceso en la Bahía de Montevideo.La obra nunca se terminó porque la empresa argentina que relevó el lecho marítimo no tuvo en cuenta la existencia de formaciones rocosas que entorpecieron y encarecieron la construcción. De esta sólo quedaron unos pilotes herrumbrados y una deuda importante con unas 350 empresas uruguayas que fueron subcontratadas para diferentes trabajos.

Los ejecutivos de OAS fueron encarcelados por la justicia brasileña. El contrato con Uruguay fue rescindido y GDF pagó a Uruguay una multa de 100 millones de dólares. Pero ganó 20, porque OAS le tuvo que pagar 120 millones por incumplimiento de contrato.

El pasado 16 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó una propuesta del nacionalista Pablo Abdala y por 50 votos en 99 presentes  se instaló una Comisión Investigadora sobre la Regasificadora. Por primera vez en 11 años de gobierno el Frente Amplio perdió su mayoría porque el diputado frentista Gonzalo Mujica apoyó el planteo de la oposición. Pero al conformar la Comisión, los diputados que ahora integran el Partido de la Gente (Edgardo Novick) molestos por no haber sido tenidos en cuenta no votaron con la oposición y entonces el FA se quedó con la mayoría de integrantes de la Investigadora (5 FA, 1PN, 1PC, 1PI y 1 UP)
La denuncia de Abdala consta de cinco capítulos.

1) las pérdidas de la trunca iniciativa, tanto para el Estado (estimadas en US$ 65 millones) como de los participantes contratados y subcontratados por las concesionarias OAS y GDF Suez.

2) errores conceptuales del proyecto, como la elección de la ubicación en Puntas de Sayago y la escala de producción de 10 millones de m3 al año mientras el país consume la décima parte de ello.

3) irregularidades e ilicitudes presentadas en el proceso de selección de las dos empresas.

4) posible pago de una coima a un alto funcionario uruguayo por parte del exministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Fernando Pimentel, durante el gobierno de Dilma Roussef.

5) gastos de Gas Sayago, cuya gerencia general estaba a cargo de la ingeniera Marta Jara, actual presidenta de ANCAP.

De acuerdo a lo expresado por el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, el proyecto de regasificadora tal vez no se concrete "si no existen ofertas interesantes para Uruguay".
Por ahora la única interesada en comprar la producción de gas es la multinacional Shell. Pero eso presenta varios problemas. Primero quién, cómo y a qué costo se construirá la regasificadora. Y luego un asunto no menor que propone un conflicto de intereses a la ingeniera Jara y al país. Ella llegó a Uruguay después de desempeñarse durante años como Presidenta de Shell en México.

A ese nivel laboral las empresas multinacionales pagan bonos con acciones. No sabemos si es el caso de Jara , pero si es público que desde su cargo de presidenta de Ancap – una de las socias en la regasificadora – negocia con una empresa que ella presidió para venderle un producto de una empresa que como gerenta general no logró poner en marcha.

Por lo pronto, en su propio curriculum se puede leer que "entre 2008 y 2012 fue representante de los accionistas de Shell para empresas de riesgo compartido, miembro y presidente de varias juntas (empresas mixtas y 100 % las compañías Shell)".

La ingeniera  Marta Jara, encargada ahora de los recortes en Ancap cobraba 444.000 pesos como presidenta de Gas Sayago, aunque  en ese tiempo el proyecto de regasificadora no se había caido. Pasó a ganar poco más de 100.000 pesos en Ancap.

Pero según quedó establecido en la Comisión Investigadora, Jara mantiene en reserva su cargo como gerenta general de Gas Sayago, que recordamos es una empresa pública que funciona bajo derecho privado.

La semana pasada se conocieron los sueldos que ha seguido pagando la empresa a pesar de no funcionar. De esa forma, ante un cierre eventual, se generan créditos laborales, incluidos los de Jara.