Fuentes del caso dijeron que se espera un largo litigio que seguramente terminará en tribunales internacionales, en términos muy similares al que entabló la multinacional tabacalera Philip Morris al Estado uruguayo

Aratirí enfrentó un fuerte contencioso con las comunidades agro- ganaderas de la zona ya que su proyecto colisionaba en muchos aspectos con otras explotaciones, por ejemplo, por el uso de explosivos para explotar minas a cielo abierto.

Las prospecciones se realizaron en tiempo récord, pero el Estado uruguayo demoró años en aprobar algunos aspectos claves como por ejemplo el mineroducto que llevaría el hierro en estado líquido desde las minas al puerto oceánico cercano a La Paloma.

El plan estaba atado en cierta forma a la construcción de este puerto que en algún momento fue prioridad para el Gobierno de José Mujica.

Lo que dio el golpe de gracia a Aratirí fue la ley de megaminería que fijó nuevos topes al negocio minero. La empresa sintió que el sistema político había cambiado las reglas de juego originales.

Raúl Viñas, integrante del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, dijo a Rompkbzas que sí bien se cambiaron las reglas de juego, "la empresa debería agradecer al Gobierno de aquél momento por la ley en la cual ellos obtenían ventajas injustas y que no tenían ningún otro sector productivo nacional".

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Fuente: Subrayado, Búsqueda y Rompkbzas.