Entrevistada por la periodista Natalia Uval, Vernazza explicó que Unicef elaboró tres informes distintos sobre esta materia. Entre los resultados, uno que preocupa especialmente al organismo es el aumento del uso de la privación de libertad a menores infractores.

"La Convención de los Derechos del Niño, que Uruguay ratificó y que rige también en materia penal adolescente, tiene entre uno de sus principios el de excepcionalidad: dejar la utilización de privación de libertad solo para cuando no haya otra alternativa disponible"; explicó Vernazza. "Lo que muestran estos estudios es que en Uruguay hay una tendencia a utilizar cada vez más la privación de libertad (en menores)"; aseguró.

La socióloga afirmó que si bien no se aprobó el plebiscito que proponía bajar la edad de imputabilidad penal, sí "se aprobaron una serie de leyes que fueron regresivas en la materia";. "La más paradigmática es la 19.055, que impone un año de privación de libertad para los adolescentes de 15 a 18 que hayan cometido delitos que se consideren 'gravísimos'. Entre ellos la rapiña y la tentativa de rapiña, que es el delito más cometido en Uruguay";.

Para Vernazza, esta "inflación penal como solución a los problemas de la criminalidad"; no es exclusiva de nuestro país y forma parte de una tendencia latinoamericana.

Un tema que preocupa a la socióloga es el uso que se le da a las medidas cautelares. "Las medidas cautelares están pensadas para que el adolescente asista a su juicio o no entorpezca la investigación"; explicó. "Por lo tanto, no habría razón para aplicar una privación de libertad salvo que haya riesgo de fuga o entorpecer la prueba… Y en Uruguay se usa como castigo anticipado";.