(Emitido a las 9.10)

ALFREDO DANTE:
El doctor Leslie van Rompay dejará en tres días la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) luego de un año en ese puesto. Es momento de hacer un balance de su gestión, pero también de conversar sobre la situación del Poder Judicial, las expectativas que ese poder pueda tener respecto del nuevo gobierno que asume el próximo 1 de marzo.

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Doctor Van Rompaey, ¿qué balance hace usted a propósito de su gestión al frente de la corporación?

LESLIE VAN ROMPAEY:
Al tiempo de concluir este mandato o este ejercicio de la Presidencia creo que uno siempre hace balances sobre la gestión, y creo que el resultado es francamente positivo, porque en el Poder Judicial hemos logrado algunos avances, algunos adelantos que tienen algún significado... no digo histórico, pero por ejemplo en materia de acortamiento de la duración de los procesos en la Corte hemos pasado de una duración de años a meses, de despachos al día y una celeridad que no era imaginable unos años atrás. Estamos sentenciando en casación en término de seis, siete, ocho meses, lo cual es un cambio favorable y radical, porque antes el cuello de botella en un proceso civil en cuanto a su duración era precisamente la casación que insumía todo el tiempo que normalmente transcurría en las dos instancias anteriores. Eso es de por sí un enorme adelanto que nos satisface plenamente. La duración de los juicios es en definitiva la propia justicia, la justicia tardía es en definitiva una negación de justicia y nos satisface plenamente haber logrado un promedio realmente excelente que podemos exhibir a nivel internacional.

AD - Ese acortamiento en las causas de casación viene a echar por tierra al menos uno de los argumentos que se manejaban en su momento para ampliar la cantidad de integrantes de la Corte, se decía "con cinco somos pocos, no nos da el tiempo y por eso las casaciones duran tanto". Se decía que se necesitaban siete o nueve integrantes.

L van R - Es así. En la Corte hoy no existe mayoría en cuanto a la ampliación del número de integrantes; en lo personal pienso que sería útil, conveniente y hasta necesario, no en cuanto a su implicancia o su significación en la duración de los procesos, pero sí en cuanto a que podríamos contar con salas especializadas, lo que atañe al nivel técnico y no a la extensión temporal. De todas maneras creo que deberíamos funcionar en sala. Repito, hoy la posición no es mayoritaria en ese sentido.

AD - Usted ha descrito la situación del Poder Judicial desde el punto de vista presupuestal, económico, como crítica o caótica; ¿cuáles son las principales carencias específicas que le generan más preocupación?

L van R - Naturalmente que la asignación presupuestal es por demás baja, nosotros estamos ejecutando el 1,2 del presupuesto nacional, una cifra casi irrisoria que determina carencias de índole material de todo tipo.

AD - ¿Cuánto debería ser en lugar de ese 1,2?

L van R - En este momento no tengo una cifra clara porque se está trabajando en eso, pero obviamente para dignificar y colocar al Poder Judicial en su jerarquía de poder del Estado tendría que ser una asignación sensiblemente mayor. Históricamente el Poder Judicial alcanzó el 2 por ciento, 1,8, 2,1, en esa medida debe haber estado, lo que significaría en este momento un aumento importante. De todas maneras somos conscientes de la situación económico-financiera del país y el proyecto de presupuesto que vamos a presentar estará signado por la prioridad y la prudencia en la materia.

Aquí se impone un criterio de razonabilidad porque sabemos que hay prioridades, hay urgencias en materia social que el gobierno debe atender.

AD - ¿Qué aspectos de la función judicial usted destacaría que se han visto mayormente perjudicadas por esta escasez de recursos que tiene el Poder Judicial?

L van R - En algunos casos incide en la duración de procesos, porque al no contar a veces con materiales básicos se dilatan por demás. En materia de recursos humanos necesitamos ampliar el número de jueces en materias muy sensibles desde el punto de vista social, como puede ser materia laboral, justicia de menores, algunos juzgados del interior sobrepasados en su carga laboral.

En materia locativa también hay dificultades, juzgados que están en malas condiciones desde el punto de vista edilicio y de mantenimiento. Necesitamos como prioridad terminar el edificio ex Onda, frente a la Corte, que está para terminar, se necesitan nada más que 1,5 millones de dólares. Digo nada más en cuanto a la mínima incidencia en el presupuesto nacional de esa cifra; es un gran edificio en muy buenas condiciones que está para terminar. Eso nos va a dar un desahogo y va a significar la ubicación de muchos juzgados que hoy están gastando dinero de arrendamiento que podrá ser ahorrado.

AD - Con respecto al Palacio de Justicia ya debe haber bajado los brazos.

L van R - No, no es exactamente así. El Palacio de Justicia es una vieja aspiración, casi simbólica del Poder Judicial, es un símbolo que se exhibe en cuanto a lo que ha sido históricamente el destrato presupuestal al Poder Judicial. Es una cáscara vacía casi ominosa en cuanto a su significado en materia de dignidad del Poder Judicial. Nosotros sabemos que para terminar ese edificio se requiere una suma importante, no sé si son 20 o 25 millones de dólares, y sabemos cuál es la situación económico-financiera y los recursos con que contará el futuro gobierno, por lo tanto seguimos con la aspiración de que el Palacio de Justicia sea la sede de las oficinas más importantes del Poder Judicial, pero creemos que en este momento histórico del país la dignificación del Poder Judicial desde el punto de vista presupuestal no necesariamente pasa por la culminación de esas obras.

AD - Usted señalaba que una de las incidencias de esta falta de recursos es por ejemplo la demora en la tramitación de los juicios. ¿No se está en el límite en cuanto a las garantías que el sistema tiene que brindarle a un enjuiciado? Cuando uno va a enfrentar una demanda, se va a enfrentar ante Poder Judicial, ¿no está en el límite del funcionamiento el trabajo de prestación de garantías por parte del Poder?

L van R - La situación de carencia presupuestal no afecta básicamente las garantías del debido proceso ni las posibilidades de ejercicio adecuado de derecho a juicio, pero sí significa dificultades permanentes, reclamos, demoras, no poder hacer una planificación eficiente sobre duración, sobre proyectos, sobre necesidades concretas que no pueden ser satisfechas, pero en definitiva por lo menos hasta ahora no hay una relación. La situación crítica desde el punto de vista presupuestal no ha afectado la garantía del debido proceso.

AD - ¿Cómo calificaría las expectativas que hay en el Poder Judicial de que esta situación empiece a torcerse con el gobierno que entra el 1 de marzo?

L van R - Vamos a transitar por esta instancia presupuestal con mucho optimismo porque históricamente los partidos políticos que están hoy en el gobierno han acompañado los proyectos del Poder Judicial, es decir que no hay por qué pensar que la postura sea diferente en esta instancia. En el anterior presupuesto y en rendiciones de cuentas anteriores realmente no fuimos contemplados en lo más mínimo por el poder político. Tenemos esperanzas fundadas en que esta situación se revierta en este proyecto presupuestal. Naturalmente, repito, no vamos a plantear reclamos ni posturas extravagantes, vamos a actuar acorde con la realidad nacional, pero pensando en las necesidades básicas impostergables del servicio.

AD - Son optimistas por el posicionamiento histórico que ha tenido la izquierda con respecto a la necesidad de darle recursos al Poder Judicial, ¿por ahí va el pensamiento?

L van R - Exactamente. Repito: con los pies sobre la tierra y mucha mesura y austeridad.

AD - Usted se reunió hace no mucho con el futuro secretario de la Presidencia, el doctor Gonzalo Fernández; ¿él le trasmitió ya alguna decisión específica en torno al Poder Judicial que vaya a impulsar el gobierno entrante?

L van R - No, fue una conversación informal entre hombres de derecho que se entendieron rápidamente. Lo que sí el futuro secretario de la Presidencia, el doctor Gonzalo Fernández, me aseguró es que cualquier reforma estructural del Poder Judicial, en caso de que se presente alguna iniciativa por parte del gobierno, va a ser consultada con la SCJ y del diálogo surgirá la mejor respuesta.

AD - Yendo por otras aristas, usted ha destacado la importancia que ha tenido durante su gestión el funcionamiento de la Unidad Comunicacional de la SCJ, pero más allá del funcionamiento de esta oficina, la gente en general sigue reclamando que los jueces de alguna manera, sobre todo en los casos públicos más sonados, expliquen sus fallos más allá de la fundamentación que los magistrados tienen que hacer en los expedientes de sus decisiones, ¿cuál es su opinión a propósito de la actitud que debería adoptar un magistrado cuando se enfrenta a un caso que tiene cierta conmoción pública a la hora de explicarlo o no ante la ciudadanía?

L van R - Mi posición personal y creo que la que ha asumido el Poder Judicial este año es una relación fluida con los medios de comunicación y a través de ellos explicitar a la opinión pública los fundamentos, la motivación de cada una de esas resoluciones a que usted hace referencia, que trascienden a la opinión pública. Además es un derecho esencial que tiene el pueblo en la sociedad democrática de controlar la función judicial. Nosotros nos sometemos de alguna manera al veredicto popular, si logramos explicitar adecuadamente nuestras resoluciones eso es democrático y legítima ante la opinión pública el ejercicio del Poder Judicial.

Además en otros países –y creo que es correcto– las adecuadas motivación y fundamentación constituyen una garantía constitucional del ejercicio correcto de la función judicial. En ese sentido hemos avanzado, nosotros no les pedimos a los jueces que cada vez que tomen una decisión salgan a la opinión pública y exponerse ante los medios de comunicación; aquellos que entiendan que ello es conveniente por supuesto que lo pueden hacer. Y si no nuestra Unidad Comunicacional obtiene los fundamentos del fallo y los hace conocer a la opinión pública. Si en algún momento existió una cultura del secreto en el Poder Judicial esto ha sido drásticamente revertido y creo que los periodistas saben que está a disposición de ellos todo tipo de información, tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo, dentro de la SCJ y del Poder Judicial, no hay más secretos, hay transparencia.

AD - ¿No sería bueno que los propios jueces, sobre todo esos jueces que no acostumbran a dialogar con la prensa, de alguna manera empiecen a dar la cara a la hora de explicar los fallos? Se lo pregunto porque en algunos casos es muy difícil acceder a los magistrados.

L van R - Sí. Lo que pasa es que entendemos que no se puede imponer a los magistrados la carga de tener que enfrentar o satisfacer las demandas periodísticas cada vez que tienen un caso con repercusiones en la opinión pública. Eso es una cuestión personal. Más que la respuesta personal de dar la cara lo que interesa es la respuesta institucional. Aquellos que entiendan que es conveniente –yo creo que sería conveniente en todos los casos– que lo hagan, pero de todas maneras el requerimiento de información va a ser satisfecho por la oficina de Unidad Comunicacional. Aquí también hay un tema personal, no se puede obligar a los magistrados a exponer su posición al público cuando ellos entienden que personalmente no tienen vocación ni capacidad para ello.

AD - ¿Cómo calificaría el relacionamiento que hubo entre el Poder Judicial, sobre todo los jueces, y la Policía durante su gestión? Se lo pregunto porque han sucedido hechos en los que la Policía de alguna manera ha elevado determinados antecedentes y ha aparecido a nivel de la prensa como que prácticamente era un caso cerrado y sin embargo la decisión judicial ha ido en contrario. ¿Ese cortocircuito no perjudica, no presiona al magistrado a la hora de resolver un procesamiento?

L van R - Yo no lo enfoco por el lado de una presión al juez, evidentemente el juez profesionalmente tiene que estar capacitado para decidir según su conciencia y con las reglas del derecho, no en base a la información policial que trascendió a la prensa. De todas maneras hemos transitado por un camino de diálogo, reconocimiento y afianzamiento de la posición institucional y constitucional del Poder Judicial y del Ministerio del Interior. En ese sentido los avances han sido importantes.

A través de los medios de comunicación en mi opinión hoy hay una clara conciencia de que la decisión en materia de procesamiento o de sujeción de una persona a proceso penal la toman los jueces y no la Policía. La Policía actúa como auxiliar de la justicia y es el juez el que decide en función de los elementos de convicción que le aporte la Policía en la investigación policial. Pero básicamente si el juez no procesa es porque no se le han aportado las pruebas suficientes para dictar un auto de procesamiento. Además en un diálogo permanente y fluido, aun entre oficinas de prensa, esta situación está rápidamente revirtiéndose y es excepcional una situación en la cual desde la información policial se asigne culpabilidad inequívoca a una persona y luego esa persona quede libre tras pasar por la instancia judicial. Creo que se ha ido creando una conciencia y una cultura de cuál es la base, la esencia del funcionamiento del proceso penal. Y además de un excelente relacionamiento con los ministros del Interior que han estado este año, que son hombres de derecho y conocedores de la realidad, se ha clarificado bastante el aspecto y la jerarquía policial lo tiene bien claro.

AD - ¿Qué opina sobre el hecho de que algunos jueces están impulsando contratar un seguro que los cubra en eventuales casos de mal juzgado?

L van R - El Estado no ha iniciado hasta ahora ninguna acción de reparación contra un juez por haber fallado con error inexcusable causando daño patrimonial a alguna persona porque en realidad no se han dado esas circunstancias. El hecho de impulsar una suerte de seguro que cubra eventuales responsabilidades es una decisión personal de cada juez, pero no creo que esté dada en los hechos una situación que realmente cree un riesgo o una situación de eventual deducción de demanda reparatoria contra los jueces por haber fallado con error inexcusable, porque en realidad las demandas que existen contra el Estado Poder Judicial por reparación de daños y perjuicios son aquellas que tienen relación con la responsabilidad objetiva emergente de la privación de libertad indebida. Esto es cuando el auto de procesamiento después es revocado o existe sobreseimiento o absolución en una causa penal. Allí el sistema es de responsabilidad objetiva y no requiere error inexcusable en la actuación del juez.
 
AD - Por ahora entonces no lo ve necesario.

L van R - No, para mí no es necesario, pero si algunos colegas quieren tomar previsiones ante esa eventualidad, está dentro de su derecho, pero no es una situación que mí como juez de instancia me preocuparía.

AD - ¿Qué le dejó a usted en lo personal el caso Colmenero?

L van R - En lo personal la sensación y el sentimiento de que desde la jerarquía del Poder Judicial se actuó con total objetividad, imparcialidad y tratando, con todas las garantías del debido proceso, si un colega es denunciado, de investigar y tomar las medidas pertinentes. De todas maneras creo en lo personal que la actuación del doctor Colmenero no fue satisfactoria y nos deja un poco la sensación de frustración en cuanto a que bajo su esfera de competencia estaban radicadas causas realmente importantes.

AD - ¿Es una mancha para el Poder Judicial, que siempre ha sido de los más destacados a nivel del continente en ese sentido?

L van R - No, no, creo que no. En absoluto, en definitiva el doctor Colmenero presentó renuncia a su cargo y no hubo una constatación de responsabilidad disciplinaria. De todas maneras no creo que haya sido un saldo favorable para la imagen del Poder Judicial la actuación del doctor Colmenero.

AD - Es de las primeras veces que se inicia un sumario administrativo a un magistrado.

L van R - No, no, no.

AD - Por los hechos por los cuales se lo iniciaba, a eso me refiero.

L van R - Sí, por la temática y por los supuestos de hecho que estaban involucrados realmente fue una situación bastante excepcional evidentemente.

AD - Ayer el próximo presidente de la SCJ, su colega Daniel Gutiérrez, en una entrevista que concedió al semanario Búsqueda se manifestó partidario de que para algunos delitos graves, como el de homicidio, el juez tenga la opción de decidir, con asesoramiento de psicólogos y asistentes sociales, si procesa a menores de 18 años que sean capaces de discernir sobre el delito que cometieron. ¿Usted tiene una opinión formada sobre eso?

L van R - Cuando asumí yo la Presidencia el 1 de febrero de 2004 surgió una pregunta aislada sobre ese tema, sobre si yo era partidario de bajar la edad de inimputabilidad y traté de resumir en breves palabras ese pensamiento que comparto, lo que expresó el doctor Gutiérrez en ese reportaje. Eso generó una polémica bastante encendida en ese momento, no es un tema como para rasgarse las vestiduras y hablar de principios.

Yo creo que la realidad de la integración de la sociedad en este momento indica que los menores de 16 años en algunas circunstancias tienen discernimiento y conciencia del valor de la conducta. Estamos hablando de un tema estrictamente técnico sobre qué significa el concepto de inimputabilidad. Pero de allí a que a los menores de 16 años se los someta a prisión o a un proceso penal igual que a los mayores existe un largo trecho que no estoy dispuesto a recorrer, estoy dispuesto a transitar y estudiar el tema del derecho penal juvenil con un tratamiento específico, aun cuando se entendiera que en determinados supuestos graves el menor de 16 años ya es responsable.

Pero repito, no es un tema trascendente porque no debe discutirse al impulso de un hecho grave o del incremento de la delincuencia en determinados momentos, y tampoco va a contribuir a disminuir la delincuencia juvenil, que es otro problema muy grave en este país en este momento. Por lo tanto lo pongo como un tema técnico, comparto la opinión del doctor Gutiérrez, pero no creo que sea un punto fundamental ni que contribuya necesariamente a pacificar o disminuir el índice de delictividad en esta materia.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe