La decisión de Topolansky generó malestar entre legisladores opositores, ya que la vicepresidenta no sometió a votación esta resolución.

Según la Ley 16.195 del 10 de junio de 1991 a Sendic le correspondería, a partir de 2020 (cuando termina la actual legislatura), un subsidio equivalente al 85 % de su sueldo como vicepresidente.

De esta manera, estaría habilitado a cobrar un subsidio de 375.600 pesos (unos 13.000 dólares).

Sin embargo, existen varias interpretaciones respecto a la ley y sobre la posibilidad de que Sendic cobre un subsidio.

En este sentido, legisladores opositores argumentan que, según el artículo 77 de la Constitución, al exvicepresidente no le corresponde acceder a una mensualidad.

Dicho artículo establece en su numeral 10 que "ningún legislador ni intendente que renuncie a su cargo después de incorporado al mismo, tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo, hasta cumplido el período completo para el que fue elegido".

Este argumento es válido en caso de que a Sendic se lo evalúe en calidad de legislador y no como titular de la Vicepresidencia.

Topolansky ordenó a tres departamentos distintos elaborar un informe sobre la pertinencia del subsidio a Sendic y los pasos a tomar.

Sin embargo, los estudios no fueron concluyentes y cada uno determinó una vía distinta para el cobro del subsidio.

Uno de los informes determinó la posibilidad de otorgar el subsidio de forma automática a partir de la renuncia, otro estableció someter a votación el pago y un tercero estableció el cobro de la partida una vez que termine la actual legislatura, en el año 2020.

Este miércoles Topolansky argumentó en rueda de prensa la decisión tomada y señaló que optó por otorgar el subsidio automático a su antecesor porque, de todas las versiones, esa fue la que le pareció "más ajustada al Derecho".

Respecto a la disconformidad de los partidos opositores, la vicepresidenta aseguró que "están en libertad de plantear el tema", pero que la decisión fue tomada "después de tres consultas jurídicas".

"Por ley le corresponde a los cargos políticos y de particular confianza. Ese derecho no está en discusión", añadió Topolansky.

En este sentido, indicó que la discusión se refiere a "en qué momento" habilitar el subsidio, "si al final de la legislatura o después de la renuncia".

"Los informes de las (oficinas) jurídicas tienen distintas opiniones. Fundada en las leyes que me amparan adopté la resolución", sentenció Topolansky.

La legisladora insistió en que no es "constitucionalista" ni "abogada", pero que sabe que en estos temas "hay más de una biblioteca".

"Cuando nos asesoramos podemos elegir un camino u otro", argumentó. EFE