El informe se sustenta en los pagos de sobornos y de allí surge el dato que, según TI, en Uruguay "un 19% cree que los políticos son corruptos y un 22% pagó coimas";. 

Por otro lado el 49% de nuestros compatriotas consideran que la corrupción aumentó y el 72% considera que "los ciudadanos deben involucrarse en el combate contra los corruptos";.

Sin embargo TI solo mide la percepción, no la constatación, que los ciudadanos tienen sobre corrupción, en este caso basado solo en el pago de sobornos";. Para ello encuestó a 22.000 personas de un universo tan amplio como Centro y Sud América.

Pero corrupción no es sólo el pago de sobornos. El que existan gobernantes que hacen negocios con el Estado a través de sus empresas; políticos que arman redes de corrupción desde su posición de privilegio o que usan dineros públicos en su beneficio, también son casos de corrupción.

Como lo es el nepotismo, los acomodos de amigos, familiares y correligionarios y los contratos con empresas vinculadas, por citar solo algunos ejemplos constatables.

Para enfrentar la corrupción, Transparencia hace algunas recomendaciones interesantes. Entre ellas:

1. Preparar a la sociedad civil para participar en la lucha contra la corrupción Los gobiernos deben involucrar a la sociedad civil como parte de sus esfuerzos para combatir la corrupción. La participación de la sociedad civil incrementará la credibilidad de estos esfuerzos. Los gobiernos deben crear un contexto seguro, que favorezca la participación de la sociedad civil y los medios de comunicación en las iniciativas contra la corrupción, incluida su libertad operativa y física, tanto de iure como de facto. Los gobiernos deben permitir la participación cívica en el monitoreo y la denuncia de hechos de corrupción implementando eficazmente las leyes sobre acceso a la información.

2. Fortalecer las instituciones que imparten justicia Los gobiernos deben invertir en medidas para fortalecer el acceso a la justicia y el Estado de Derecho, asegurando un proceso objetivo y transparente para el nombramiento de jueces, la intangibilidad de sus salarios, las debidas condiciones de trabajo del personal judicial, y criterios transparentes para la asignación de causas. Los gobiernos deben fortalecer las instituciones que participan en la detección, la investigación y la condena de delitos vinculados con la corrupción. Los gobiernos deben evaluar la posibilidad de difundir las decisiones judiciales a través de internet, a fin de permitir que la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos examinen y cotejen las sentencias. Los gobiernos deben eliminar la inmunidad política en los casos relacionados con corrupción.

3. Proteger a los denunciantes Los gobiernos deben crear canales de denuncia accesibles y anónimos para los denunciantes, que los protejan de manera genuina contra cualquier forma de represalia. Las autoridades deben asegurar que todo acto de represalia o interferencia con la información revelada por el denunciante se considere una conducta indebida, y los responsables deben estar sujetos a sanciones laborales/profesionales y civiles. La legislación que adopte el gobierno debe asegurarles a los denunciantes cuya vida o seguridad se encuentre en riesgo, así como a sus familiares, el derecho a recibir protección personal.

Aclaración sobre Gerente de Antel

Por Carlos Peláez

El pasado jueves 21 de setiembre informamos en nuestra columna que "Investigadores vinculados a los DD.HH identificaron como informante de los servicios de inteligencia del ejército a un ex dirigente de Asceep-FEUU y del Centro de Estudiantes de Derecho que hoy es jerarca de importancia en ANTEL en el área gerencial";.

El origen de la información fue el profesor Oscar Destouet quien fuera integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura y destacado por su labor de desclasificación de archivos de dictadura ubicados en la Cancillería.

Pero la semana pasada el profesor Destouet publicó en su muro de Facebook la siguiente aclaración: "Una lectura rápida e indignada ante lo escrito en un documento microfilmado del llamado Archivo Berrutti que reúne actividades del Servicio de Información del Ejército me llevó a cometer un imperdonable error . Aceptar como válido la supuesta autoría del mismo, sin reparar en las contradicciones que el relato muestra. El acusado claramente y sin lugar a duda alguna ni fue el autor de dicho informe ni fue un informante del Servicio tampoco. Valga esta aclaración como reparadora de una injusticia";.
En nuestro informe no mencionamos el nombre del acusado razón por la que también lo omitimos ahora.
Ante tan contundente aclaración de quién fuera la fuente original, vale solicitar las disculpas del caso al profesional afectado.