En esos casos, el Estado podrá proponer las previsiones correspondientes para pagarlo en la próxima instancia presupuestal.

José Pablo Franzini Batlle, uno de los impulsores del referéndum, aseguró a Efe que la consulta popular pondría "fin a un Gobierno que intenta avasallar sus leyes y que pretende declararse impune". "Ese es el peligro, un Estado impune frente a la sociedad y a los terceros", explicó Franzini, quien consideró que la vigencia del artículo 15 reviste "gravedad" si se tiene en cuenta que el Estado es "proveedor, en exclusiva, de la luz eléctrica, el agua potable y de casi el 100 % de la Salud". En este sentido, señaló que si el Estado comete un error en el ejercicio de alguno de esos servicios, con la normativa actual podría no hacerse "responsable".

Ernesto Tabaré Lorenzo Restano, también impulsor del referéndum, aludió al conflicto que mantienen los funcionarios del Poder Judicial con el Estado uruguayo, al que reclaman un aumento salarial aprobado en 2010 durante el mandato de José Mujica (2010-2015) pero que aún no se ha concretado. El artículo 15 de la Rendición de Cuentas permite al Estado "seguir imperando sentencias judiciales y de gremios que, en la lucha por sus derechos, como el caso del Poder Judicial y otros, han tenido sus respectivas sentencias", según estimó Lorenzo Restano.

La deuda del Estado con los funcionarios uruguayos ronda los 70 millones de dólares y fue incluso ratificada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que estableció una adecuación de los salarios a futuro de 21,6 %.

El colectivo impulsor del referéndum pretende conseguir en primera instancia, el apoyo de un 2% de los habilitados para votar, lo que equivaldría a más de 50.000 firmas. El objetivo es que para febrero de 2018 se consiga el referéndum, que además necesitaría la adhesión de un 25 % del padrón electoral para tener éxito y pasar a una siguiente instancia.

El colectivo reúne principalmente a integrantes de los partidos opositores a la coalición de izquierda que gobierna el país, el Frente Amplio (FA).

La campaña de recolección de firmas fue presentada en los departamentos de Salto y Canelones, mientras que en Maldonado, Treinta y Tres y Artigas concluirá en los próximos días. EFE