"Es un concepto de carácter general que las decisiones que se toman allí (en España), en el marco de la Constitución y las leyes, son legítimas; el Estado español tiene su legalidad y (el catalán) es un pronunciamiento que se aparta", dijo Trobo, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, si bien aclaró que lo que ocurre en ese país "es un tema interno" y se debe "evitar intervenir".

Trobo también señaló que si en Uruguay un departamento quisiera independizarse, se debería aplicar "lo que dice la Constitución".

Las declaraciones del diputado uruguayo se producen después de que el martes el presidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Carles Puigdemont, presentó ante el Parlamento la declaración de independencia de Cataluña, para inmediatamente después solicitar al legislativo suspender sus efectos y reclamar diálogo al Gobierno español que preside Mariano Rajoy.

Sin embargo, el presidente Rajoy indicó este miércoles que "no hay mediación posible ante la desobediencia y la ilegalidad" y dio cinco días a Puigdemont para que aclare si el martes declaró la independencia.

Los requerimientos enviados por Rajoy al gobernante catalán le emplazan, "al amparo del artículo 155 de la Constitución", a que "confirme si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia o si su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el Parlament implica la declaración de independencia al margen de que esta se encuentra o no sin vigor".

Ese artículo establece que "si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

El 1 de este mes Cataluña celebró un referéndum independentista en el que participaron 2.262.424 personas, el 42 por ciento de los habilitados, según la Generalitat.

Del total de votantes, un 90 por ciento se pronunció a favor de la independencia, agregaron las autoridades catalanas.

Durante la jornada electoral hubo represión policial para evitar la votación, considerada ilegal por el Gobierno español, lo que provocó que 893 personas fueran atendidas en centros asistenciales, según el Departamento de Salud catalán. (Sputnik)