El artículo en cuestión habilita al Poder Ejecutivo a postergar el cumplimiento de los plazos de pago de deudas cuando los montos a los que refiera la condena excedan los 75 millones de Unidades Indexadas. En esos casos, el Estado podrá proponer las previsiones correspondientes para pagarlo en la siguiente instancia presupuestal.

Sin embargo, para José Franzini Batlle este artículo va más lejos. "Cuando dice que puede diferir el pago, no, no puede ‘diferir el pago’, puede no pagar. Porque el pago está condicionado al voto afirmativo del Poder Legislativo. Y si consiguieron los 50 votos (para aprobar este artículo), bien pueden conseguir 50 votos para decir que no se pague";.

"Estamos hablando de una sentencia, no de una obligación. Usted tuvo una obligación, no la pagó, como no la pagó le hicieron un juicio, como le hicieron un juicio y lo perdió (que han pasado años en eso, por lo menos en este país de acuerdo a lo que son los procesos judiciales, 5, 6, 7 u 8 años), no lo paga o lo puede no pagar. Eso es lo que es increíble";, añadió.

"El Estado en Uruguay tiene un peso muy grande. El Estado somos todos nosotros, ¿verdad? Y si todos nosotros tenemos que pagar las sentencias en nuestra contra, ¿el Estado por qué no?";, preguntó.

Peligros

De acuerdo al convencional colorado, la gente no comprende "el peligro al que estamos sometidos";, ya que la "casuística es infinita"; para que el Estado decida no pagar una obligación. Si bien habló de casos conocidos, como el de los funcionarios judiciales, Franzini Batlle aseguró que esta iniciativa es "por las que pueden venir";.

"El Estado es el proveedor en exclusiva de los servicios eléctricos, en exclusiva de los servicios de agua potable, casi en exclusiva de los servicios de salud. Imagínense, Imagínense. Un daño colectivo";, advirtió.

"Nosotros no nos destacamos por tener la mejor ingeniería de tránsito, por ejemplo, ¿verdad? Mañana vienen varios por un puente y se cae. ¿Qué pasa? ¿No responde el Estado?";, preguntó.

"Si mañana el Estado decidiera quitarle las ondas a los canales de televisión, tiene derecho a hacerlo, pero si lo hace de un día para el otro probablemente los canales le hagan un juicio y se lo ganen en 6 o 7 años, ¿y cuándo lo paga? Nunca";, insistió.

"Ha habido cosas acá que parecen increíbles pero ocurre. Esto de los judiciales es por no pagar un aumento. ¿Y si mañana (el Estado) decide no pagar los salarios? Porque si no pagan aumentos, ¿por qué no va a pagar salarios?";.

Inconstitucionalidad

Consultado sobre por qué el grupo eligió el camino del referéndum en vez del recurso de inconstitucionalidad, ya que algunos expertos consideran que este artículo está en contra de la carta magna, Franzini Batlle dijo que ambos "son complementarios, no excluyentes".

"Nos pareció que es mucho mejor depender de dos millones de personas que de cinco. Hemos visto que los criterios jurídicos muchas veces tienen las famosas dos bibliotecas. Lo tuvimos claro eso con el IRPF. En un momento era inconstitucional, después cambió la conformación de la Corte y fue constitucional. Con esto no estoy diciendo nada, no estoy hablando a favor ni en contra, digo que es un riesgo. A mí me gusta más depender de un colectivo que de cinco personas. Además los recursos de inconstitucionalidad los pueden hacer determinados actores, no los pueden hacer todos";, explicó.