(Emitido a las 7.35)

EMILIANO COTELO:
El doctor Daniel Gutiérrez asumió ayer la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sustituyendo en ese cargo a Leslie van Rompaey, quien de todos modos continúa como ministro de la corporación.

El acto contó con la presencia del presidente de la República, Jorge Batlle, y también con representantes del gobierno electo, concretamente el futuro ministro del Interior, José Díaz.

El doctor Daniel Gutiérrez afirmó al asumir el cargo que defenderá a ultranza la independencia de los jueces y que hará que todas las decisiones de los magistrados sean respetadas y acatadas por toda la organización pública, el aparato estatal y la sociedad.

Vamos a dialogar con el nuevo presidente de la SCJ.

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Doctor Gutiérrez, ¿cómo le resulta asumir la Presidencia de la SCJ justo en este año en el que se instalará por primera vez un gobierno de izquierda en el país?

DANIEL GUTIÉRREZ:
La Presidencia de la SCJ es un cargo meramente protocolar y representativo. El órgano jerarca del Poder Judicial es la SCJ, a la que le corresponde, conforme a la Constitución, la conducción política y administrativa del Poder Judicial. Así que no ha habido cambios sustanciales.

EC - ¿Pero qué desafíos entiende que implica para su gestión como presidente de la SCJ este año 2005, que tiene las particularidades que le mencionaba?

DG - Desde ese punto de vista nada en especial. El Poder Judicial es un poder totalmente independiente y nuestra misión es defender esa independencia, que no ha sido afectada, evidentemente.

EC - Yo citaba recién algunas frases de su alocución de ayer: dijo que va a defender a ultranza la independencia de los jueces, que hará que todas las decisiones de los jueces sean respetadas y acatadas por toda la organización pública, el aparato estatal y la sociedad. ¿Por qué lo decía?

DG - Usted sabe que nuestro sistema judicial está basado en tres pilares: la independencia, es decir los jueces son absolutamente independientes en el ejercicio de su función jurisdiccional, tanto interna como externamente al Poder Judicial; la autoridad, ya que la ley establece que las decisiones de los jueces se cumplen por la autoridad pública sin que corresponda que ésta califique su legalidad o conveniencia –artículo 2º de la ley 15.650–; y como contrapeso de esos dos tan fuertes, la responsabilidad, los jueces son absolutamente responsables, conforme a la ley, de la más mínima lesión o trasgresión a los derechos de los individuos. Era una reafirmación de esos principios, nada más.

EC - Simplemente una reafirmación. ¿No ha habido hechos en los últimos meses que pusieran en cuestión estos principios de los que usted estaba hablando?

DG - No, no, no los ha habido.

EC - Volviendo al año 2005, que es el que lo va a tener usted como presidente de la SCJ, lo que sí ocurre este año –independientemente de que el que asume sea un gobierno de izquierda– al instalarse una nueva administración es la discusión del presupuesto. ¿Qué expectativas tiene el Poder Judicial en esa materia?

DG - El Poder Judicial tiene la expectativa de que se contemplen las necesidades del servicio, de que se asignen los recursos suficientes para cumplir debidamente con el servicio a nuestro cargo, que realmente en los últimos años, por las razones obvias, notorias de dificultades del erario público se ha visto bastante dificultado.

EC - ¿Cuánto estima que debería incrementarse el presupuesto real, lo que ha tenido a su disposición el Poder Judicial últimamente para poder cumplir con esas exigencias?

DG - No tenemos estimaciones numéricas, nuestros servicios recién están empezando a trabajar en ese tema. Lo que sabemos es que en la última ley presupuestal hay asignado un porcentaje del 1,8 por ciento del presupuesto nacional y que efectivamente ejecuta un 1,2 del mismo, un tercio menos de lo asignado, que ya es muy ajustado.

EC - ¿Usted conoce números comparativos, números de otros países?

DG - Tengo por ejemplo la referencia de Costa Rica, un país con una estructura similar a la nuestra, en el cual por disposición constitucional el Poder Judicial tiene asignado un 5 por ciento del presupuesto general.

EC - Un 5 por ciento del presupuesto en Costa Rica; y usted dice que aquí en términos reales estamos en el 1,2.

DG - La media histórica en Uruguay osciló entre el 2 y el 2,5 por ciento.

EC - De todos modos hay muchos sectores, muchas instituciones, dependencias del Estado con reclamos similares al que usted está exponiendo en este momento, y está claro que, por más que el país está empezando a recuperarse, la disponibilidad de recursos no será tal que permita satisfacer esas demandas. Entonces, ¿por dónde ubicaría las prioridades, lo más urgente?

DG - Tenemos urgencias por ejemplo en el plano edilicio. Tenemos una serie de edificios en la ciudad de Montevideo que solucionarían una serie de problemas de ubicación de oficinas judiciales que están en vías de discusión o a medio terminar.

EC - ¿A qué se refiere?

DG - Por ejemplo al edificio de la ex Onda.

EC - Ahí frente a la plaza Cagancha.

DG - Frente al edificio de la SCJ. Es un edificio que tiene una superficie muy importante, que nos permitiría ubicar una cantidad de juzgados y tribunales.

EC - Por lo tanto permitiría ahorrar alquileres.

DG - Permitiría ahorrar los alquileres que se están pagando. Y es un edificio cuya terminación está relativamente próxima porque nos dicen nuestros técnicos que con 1,5 millones de dólares aproximadamente en un año y medio de trabajo y disponibilidad de fondos se podría terminar.

EC - Pero esos recursos no están.

DG - Esos recursos no están asignados.

EC - Hablando de edificios, ¿qué debe pasar con el Palacio de Justicia eternamente inconcluso allí en la plaza Independencia?

DG - El Palacio de Justicia es un edificio que naturalmente solucionaría muchísimos problemas locativos para el Poder Judicial, por su superficie, por su ubicación, pero somos plenamente conscientes de que su terminación demandaría una erogación que no sabemos si el país está en condiciones de afrontar en este momento.

EC - ¿Entonces qué se puede hacer? Porque se ha hablado más de una vez por ejemplo de venderlo, y hace poco el futuro ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, lanzó algunas otras ideas sobre qué destino darle.

DG - No han propuestas concretas que hayan llegado a la Corte.

EC - Es cierto, fue un comentario periodístico. ¿Entonces qué alternativas puede haber para hacer algo de una vez por todas con la estructura del Palacio de Justicia?

DG - Le señalo simplemente que la culminación del Palacio de Justicia es una aspiración del Poder Judicial, nosotros no hemos manejado, no nos hemos planteado otras alternativas que su terminación. Sabemos que es muy difícil.

EC - ¿Cuánto falta para terminarlo?

DG - Una inversión de aproximadamente 17, 18 millones de dólares. Es muy alto.

EC - Es enorme eso, teniendo en cuenta las limitaciones de las que estamos hablando.

DG - Exactamente.

EC - ¿Entonces de dónde pueden surgir los recursos?

DG - No sé de dónde pueden surgir, sé de dónde no podrían surgir. Sé que no pueden surgir del encarecimiento del servicio de justicia, porque eso significaría una limitación importante al acceso a la justicia.

EC - ¿Hay alguna solución ingeniosa que pueda manejarse?

DG - Se ha manejado la posibilidad de una concesión de obra pública, pero el retorno para el concesionario no aparece como muy atractivo, porque la posibilidad de recuperar su inversión dependería del ahorro de alquileres que pudiera hacer el Poder Judicial, por ejemplo, si esos fondos se vertieran anualmente al concesionario, y naturalmente una inversión tan importante demandaría un lapso de tiempo muy grande para su rescate.

EC - ¿Pero tiene previsto apretar el acelerador en este tema en estos meses previo a la discusión del presupuesto? Es decir, ¿el Palacio de Justicia también es una prioridad?

DG - En el tema edilicio la SCJ va a poner énfasis en tratar de concretar lo que es posible, lo que es accesible dentro de una realidad económica que sabemos que es difícil.

EC - Indirectamente hablando de presupuesto, ¿entiende necesario aumentar el número de integrantes de la SCJ de cinco a nueve miembros, como se ha planteado en más de una vez, para acelerar los trámites de procesos de casación u otros trámites administrativos?

DG - En este momento y si esa es la razón, no lo veo como necesario porque realmente en los últimos años la SCJ ha acortado los plazos de los trámites a su cargo. Yo decía ayer en la alocución que los plazos de los recursos de casación o de la inconstitucionalidades que se contaban por años ahora se cuentan por meses. Entonces no veo como una necesidad evidente la ampliación de la cantidad de miembros de la SCJ, en ese plano.

EC - ¿Y por otras razones sería conveniente?

DG - No lo veo como conveniente.

EC - No parece una urgencia.

DG - No parece imprescindible.

EC - ¿Qué otras prioridades?

DG - Estamos trabajando fuertemente con una serie de comisiones en el estudio de posibles reformas legislativas que aceleren los procesos en todas las instancias.

EC - ¿Por ejemplo?

DG - Por ejemplo en materia de menores, en materia del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, en materia de los procesos regulados por el Código General del Proceso y también en materia del proceso penal. Tenemos una serie de comisiones trabajando con jueces y defensores de oficio y el Poder Judicial para proponer reformas legislativas en ese plano.

EC - ¿En la discusión de esos proyectos tienen algún tipo de participación las autoridades del gobierno electo?

DG - No, no, no, es sólo a nivel del Poder Judicial.

EC - Sólo a nivel del Poder Judicial. ¿Cuándo se presentan esos proyectos?

DG - Los que sea posible en la oportunidad de la Ley de Presupuesto, que es una buena oportunidad.

EC - ¿Cómo se observa desde la SCJ el problema de saturación de las cárceles?

DG - Se observa como una realidad.

EC - Claro, ¿pero qué entiende la SCJ que puede aportar para que esa situación mejore?

DG - La solución de esa problemática no corresponde al Poder Judicial, el Poder Judicial aplica las leyes. Sí puede advertir, puede señalar que algunas leyes recientemente sancionadas o sancionadas en los últimos años han tenido incidencia en el factor de superpoblación carcelaria.

EC - Leyes que incrementaron las penas.

DG - Por ejemplo leyes que aumentaron la penalidad mínima para el hurto en sus modalidades agravadas, del hurto con penetración domiciliaria que fue llevado a un mínimo de dos años de penitenciaría, lo cual tornó inexcarcelables todas esas imputaciones y ha provocado una mayor permanencia del procesado en la cárcel. Procesados que antes podían ser excarcelados en cuatro, cinco, seis meses con libertad provisional, hoy en día no pueden ser excarcelados porque la pena mínima legal no es compatible con el beneficio de la excarcelación provisional.

EC - ¿Usted está diciendo que fue un error ese tipo de leyes?

DG - No, no, no, estoy marcando un factor; no sé cuál es la intención del legislador, qué es lo que se pretende. No estoy calificando, sí señalando una circunstancia.

EC - ¿Entonces, ante esa realidad...?

DG - Le quiero señalar que uno de los factores de la superpoblación carcelaria es ese.

EC - Uno.

DG - Otro de los factores es el crecimiento de los índices de criminalidad, de delincuencia, sin duda.

EC - Hablando de este tipo de temas, el consumo de drogas, por ejemplo, ¿debe legalizarse? ¿Qué opina usted?

DG - No, no, no participo de esa opinión. No soy especialista en la materia, naturalmente.

EC - Se lo pregunto porque algunos de sus predecesores, por ejemplo el doctor Gervasio Guillot...

DG - Sí, sí; era una opinión personal de él.

EC - ...se manifestó partidario de esa legalización, lo que dio lugar a polémica.

DG - Yo no, personalmente no soy partidario, la SCJ no ha tratado el tema institucionalmente. En mi opinión personal no es una solución conveniente.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe