Los profesores del IAVA decidieron ocupar el centro de estudios, debido a la situación edilicia, que pone en riesgo a profesores y alumnos.

La decisión fue tomada ante la falta de respuestas por parte de Secundaria para dar curso a las obras que permitan el mantenimiento del local, que viene sufriendo desprendimiento de mampostería que pone en riesgo la integridad física de quienes estudian y trabajan en el liceo.

Trabajadores de la sucursal del Mercado Modelo del Banco República decidieron mantener la ocupación que habían iniciado en rechazo al cierre del local.

AEBU consideró que la situación no comprende solamente al BROU, por lo que también resolvió convocar a un "paro de toda la banca oficial" en una fecha que comunicará próximamente.

La Federación de Funcionarios de la Salud Pública realiza un paro este miércoles de 6:00 a 18:00 en reclamo por lo que considera ataques a las libertades sindicales.

Los trabajadores sostienen que hubo funcionarios sancionados por denunciar presuntas irregularidades en el organismo.

La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) realizará un paro el próximo miércoles 1° de noviembre que se extenderá durante todo el día.

La suspensión de las actividades afectará a los servicios interdepartamentales e internacionales y a los urbanos e interurbanos del interior del país. En tanto, los servicios urbanos y suburbanos de Montevideo funcionarán con normalidad.

El sindicato reclama que se reintegre a cuatro trabajadores despedidos de las empresas Turismar, Comca y Emtur, según informó en un comunicado.

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) fijó esta semana una asamblea con paro nacional, sin guardia gremial, para la tarde del 31 de octubre.

Los 3.600 trabajadores reclaman al Estado que se les pague todo lo adeudado en materia salarial desde 2010, una cifra estimada en US$ 70 millones, cuando la ley de Presupuesto de ese año resolvió un incremento en los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero no el de los trabajadores.

Fuentes: Montevideo Portal – El Observador – El País

Los fiscales presentarán hoy un recurso de revocación y anulación contra la resolución de la Fiscalía de Corte por la cual se determinó el régimen de turnos y las tareas competentes con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.

En este caso, además de ocuparse de sus tareas, los fiscales tendrán que asistir al juzgado de faltas durante los turnos y simultáneamente hacer ejecución, por tanto tendrán más trabajo asignado, explicó la fiscal Dora Domenech a Canal 10.

Domenech, a diferencia de su colega Gustavo Zubía que estimaba en unos nueve mil, ubica en unos 20 mil los casos antiguos que quedarán en manos de 4 fiscales.

Fuente: Subrayado

La Institución Nacional de Derechos Humanos expresó su "profunda consternación" por los contenidos de la sentencia de la Suprema Corte que declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley de la Pretensión Punitiva del Estado que fue dictada por una mayoría de tres de sus ministros.

Los artículos dicen que "No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1° de esta ley"; y que "Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte.";

La sentencia responde a un recurso de casación penal interpuesto por BB, indagado en la causa que investiga la denuncia de torturas, privación de libertad y detención ilegítima en el Regimiento de Caballería N° 5 de Tacuarembó, presentada por Gloria Izquierdo en 2012, y que tramita el Juzgado Letrado de Primera Instancia de ese departamento.

La institución dijo sentir "la obligación de llamar a la reflexión sobre los nefastos efectos que acarrea la opción tomada por la mayoría de la SCJ". En una declaración difundida ayer en su sitio web, la Institución afirmó que "el efecto acumulativo de tales decisiones agudiza el impacto de cada sentencia individual. Esto tiene devastadoras consecuencias para las víctimas, para la sociedad y para la posición de nuestro país en el concierto internacional".

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein cuestionó la "persistente impunidad por violaciones cometidas durante la dictadura militar"; en Uruguay.

"Ya han pasado 32 años desde el fin de la dictadura, pero Uruguay aún debe lidiar en forma adecuada con un periodo brutal de su pasado reciente. Esto es esencial para que la sociedad pueda mirar hacia el futuro sin miedo, y el derecho internacional de los derechos humanos también es clave en este cometido";, dijo Zeid.

Fuentes: El Observador - Sudestada

El presidente Tabaré Vázquez anunció que hoy en la tarde se reunirá con representantes de UPM para dar por finalizada la primera etapa del acuerdo de inversión.

Antes de comenzar el Consejo de Ministros abierto en Flores, Vázquez dijo que "se logró un acuerdo satisfactorio para el gobierno"; y que la fecha de la firma del acuerdo "es lo de menos".

En tanto, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, afirmó que "probablemente" a fin de noviembre se realizará el llamado para las empresas interesadas en las obras de construcción y mantenimiento de la vía férrea entres Paso de los Toros y el puerto de Montevideo.

El trazado incluye 273 kilómetros de vía férrea, un tramo doble inicial de 26 kilómetros, una docena de carriles secundarios para cruces de trenes, un tramo para acceso industrial y más de 40 puentes.

Fuentes: El País – El Observador – Subrayado - Presidencia

En Uruguay, solo uno de cada cuatro ciudadanos confía "algo" o "mucho" en los partidos políticos el porcentaje más bajo desde 1996 según el Latinobarómetro.

El alto porcentaje de indecisos de cara a las próximas elecciones, que supera a un tercio de los electores y está en los niveles más altos desde que hay registros, es una señal de lo que está ocurriendo.

La encuesta de Latinobarómetro reveló también que los problemas económicos volvieron a ser la principal preocupación de los uruguayos, desplazando a la seguridad al segundo lugar.

De esa forma, si en 2016 el 33% de los encuestados dijo que el principal problema era la seguridad, y el 31% decía que era la economía (salarios, empleo, inflación y situación financiera), en 2017 fue el 28% y el 31%, respectivamente.

Fuentes: El País – El Observador

El diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional solicitó un pedido de informes sobre el memorándum de entendimiento entre Shell y Ancap para la construcción de una planta regasificadora.

El directorio de Ancap aprobó el jueves por cuatro votos contra uno un memorando de entendimiento con la multinacional petrolera, que establece como fecha tope para culminar las tratativas fines del próximo mes de marzo.

El memorando ya fue aprobado por UTE, que era la socia de Ancap en Gas Sayago, la empresa conformada para llevar adelante el proyecto. Los cuatro directores oficialistas de Ancap votaron a favor. Abdala quiere información ya que lo que se conoce del acuerdo es claramente favorable a Shell.

Eduardo Victoria Baeza, corresponsal de Radio Centenario en México y organizador sindical con el sindicato internacional de alimentos y comercio, dijo en diálogo con Rompkbzas, que la actual presidenta de Ancap sigue vinculada a Shell, que el proyecto de regasificadora que impulsó en Baja California no funciona y que el modelo de negocios que se busca para Uruguay es el mismo que fue cuestionado en México.

Victoria Baeza denunció que durante su gestión como presidenta de Shell en México, hizo lobby con políticos corruptos para la empresa que es propiedad de las coronas británica y holandesa y que tuvo que estar al tanto de la compra de combustible robado por parte de la compañía.

La actual Presidenta de Ancap, Marta Jara, mantiene su cargo en Gas Sayago, empresa a cargo de la fallida construcción de la planta de regasificación en Puntas de Sayago, propiedad de Ancap.

Fuentes: Rompkbzas – El País

Entre un 20% y un 30% de la población de abejas muere anualmente en Uruguay por motivos diversos, según los datos del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

Los tres factores de riesgo de estos insectos son el uso de agroquímicos (fertilizantes, herbicidas y pesticidas), la presencia de hongos ácaros y virus, a lo que se suma la vasta presencia de monocultivos, que no le da la variedad de polen necesaria.

La cantidad de productores pasó de 4 mil a 3 mil en los últimos, según la Sociedad Apícola.

Fuentes: El País - Telenoche

El doctor Jorge Quian asumió hoy como subsecretario del Ministerio de Salud, después de la renuncia de Cristina Lustemberg.

Lustemberg asumiría como diputada independiente esta semana, ya que abandonó la lista 711, de Raúl Sendic, por la que fue electa.

Según los trascendidos, en la decisión también influyeron las diferencias que mantiene con el ministro Jorge Basso, aunque Lustemberg lo desmintió en conversación con Subrayado.

Fuentes: El Observador - Subrayado

El Tribunal de Cuentas aconsejó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado –ASSE- que inicie una investigación administrativa sobre los servicios de trasladados de ambulancias contratados por el Hospital de San José.

El organismo de contralor detectó que dos funcionarios de ese centro y un tercero, que trabaja en el Hospital Pereira Rossell, son dueños de la empresa contratada.

Desde 2014, ASSE pagó el equivalente a poco más de 27.000 dólares mensuales al Consorcio Cámara de Emergencias Móviles de San José por traslados especializados de pacientes. El Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto derivado de la ampliación del llamado y las prórrogas anuales de la licitación.

Fuente: El País

El crédito a las familias aumentó 7% en el año cerrado a septiembre, cuando el stock alcanzó los 7.100 millones de dólares.

Mientras tanto, la morosidad viene en aumento para los créditos a familias y dentro de estos los préstamos para consumo. A fin de 2015 se ubicaba por debajo del 3%, actualmente está en 3,2% y 4,6% respectivamente en el sector público.

Fuente: El País