Pero es claro que sobre todo los gobernantes que usan sus cargos en beneficio propio atentan contra la institucionalidad democrática. Por estas horas con el caso Bascou o De León tenemos ejemplos concretos. 

Quienes enfrentan al poder, quienes intentan desentrañar sus negocios, son objeto de represalias.

El pasado 16 de octubre fue asesinada Daphne Caruana, una prestigiosa periodista de Malta. El coche bomba que la destrozó fue un aviso para entrometidos, por eso, los asesinos no quisieron que pareciera un accidente.

Al contrario, lanzaron una señal clara para que otros no siguieran hurgando en las porquerías que se limpian en esa isla. 

Caruana fue una de las periodistas que investigaron la inmensa filtración conocida como papeles de Panamá, la primera de esta saga de crímenes organizados en finos y pulcros despachos a nivel global. En Malta puso al descubierto prácticas corruptas y blanqueo de capitales del entorno de los laboristas que gobiernan y que han revalidado el poder tras las últimas elecciones, según informó El Confidencial.

La isla de Malta es hoy un mar de grúas que muestran la inversión desaforada y la depredación del patrimonio de un enclave mediterráneo que fue, un día, paradisíaco. El feísmo estético es hoy ley, como lo es la política de atracción de capitales limpios o sucios.

Si solo cambiamos el nombre Malta por Punta del Este, los uruguayos entenderán mejor de que trata el lavado.

Ayer en la Comisión de Salud de Diputados el legislador Daniel Radio (PI) sostuvo que funcionarios del hospital de Bella Unión no concurrieron a declarar porque temen represalias, como ser despedidos y no conseguir trabajo.

Ya le ocurrió al doctor Carlos Manassi quien denunció las irregularidades con el servicio de traslado de ese hospital y murió desempleado y en la pobreza víctima de un infarto.

Los denunciantes no gozan de protección ni privilegios. Así funciona y se protege el sistema. Por lo menos hasta que el conjunto social no comprenda que la corrupción es el más grave problema que debe enfrentar.