En los hechos habían llegado mucho antes. En 1989 fue detenido en Punta del Este el joyero argentino Raúl Vivas, que usó al Cambio Italia para lavar 1.200 millones de dólares del Cártel de Medellín liderado por Pablo Escobar. 

El joyero argentino lavaba dinero "a través de la venta real y luego ficticia de oro a los Estados Unidos. Para ese entonces, en 1987, Uruguay era el segundo país exportador, detrás de Sudáfrica", aunque no teníamos una mina de oro.

En octubre de 1979 Aparicio Méndez, presidente de facto, firmó un decreto consagrando a Uruguay como plaza financiera internacional. El decreto reglamentaba el tránsito y comercialización de metales preciosos, oro, plata y platino, completamente exentos de todo impuesto y tributo, e incluso de cualquier registro.

Ese documento oficial convirtió el delito en acto legal: oro contrabandeado de Brasil, de Venezuela e incluso de Sudáfrica, se legalizaba ni bien entraba al país. Durante cuatro años, entre 1982 y 1986, Uruguay fue el primer exportador de oro a Estados Unidos, a un promedio de 100 toneladas por año. 

Raúl Vivas fue extraditado a los EE.UU. donde se supone cumple una condena de 515 años de cárcel. El Cambio Italia fue cerrado por el BCU por dedicarse al lavado de dinero. Pero ninguno de sus propietarios y directores fue procesado.

En febrero de 1991 también en Punta del Este fue detenido Ramón Puente Patiño, contador del Cártel de Cali. Fue el cerebro del famoso caso "Yomagate";, que involucraba a la cuñada del entonces presidente argentino Carlos Saúl Menem. Por lo menos cuatro sociedades anónimas uruguayas permitieron lavar parte del dinero que una banda de narcotraficantes trasladaba en valijas a Ezeiza, donde Ibrahim Ibrahim, esposo de Amira Yoma y director de la aduana del aeropuerto, hacía la vista gorda. En varias ocasiones Amira trasladó en una camioneta Peugeot Break color gris, las valijas a Punta del Este y depositó el dinero en bancos de plaza ubicados en la avenida Gorlero.

El "contador del cartel de Cali";, como se conocía a Puente Patiño, fue extraditado a los Estados Unidos desde Uruguay y condenado a 30 años de cárcel. Todos los otros involucrados, salvo el boliviano Emilio Setelich que cayó con Puente, zafaron de cualquier investigación o condena.

El 9 de junio del 2000 una nota de la periodista María Urruzola, publicada en el semanario Brecha, desató un escándalo de proporciones que terminó con la destitución del director nacional de Policía, inspector Roberto Rivero, quien anteriormente se había desempeñado como director de la Dirección Antidrogas. Rivero había metido el dedo en una llaga enorme de este Uruguay que vinculaba a poderosos empresarios, figuras conocidas, políticos y, en los hechos, al sistema financiero sospechado de ser un enorme lavador de dinero proveniente del narcotráfico y coimas.

La respuesta del sistema no se hizo esperar. Había que salvar a Danilo Arbilla, un periodista mimado del poder; había que salvar al sistema financiero que estaba en la mira del GAFI a punto de incluir a Uruguay en la nómina de paraísos fiscales; y también había que salvar a algunos políticos que participaron, aunque más no sea como profesionales, en las maniobras que provocaron este desastre.

En términos populares, Rivero fue "la cabeza de turco"; y pagó cara su osadía de intentar una investigación "pesada"; hasta para la jerga policial. Era también un mensaje por elevación. ¿Qué policía se animaría a futuro a investigar a uno de estos poderosos personajes? Cuando en marzo de ese año "manos amigas"; hicieron llegar a Arbilla un oficio policial que lo involucraba, Rivero intentó demostrar que las líneas de investigación que seguía eran sólidas. Pero entonces, el ministro del Interior Guillermo Stirling, que primero lo calificó como un excelente policía y a la semana como un terrorista de Estado, le negó la posibilidad de seguir adelante.

Arbilla fue un vendedor de buena fe. El problema era con su escribano al que la investigación de Rivero vinculó con el Cártel de Juárez entonces liderado por Amado Carrillo Fuentes, conocido como "El señor de los cielos";. Varias sociedades anónimas construidas en Uruguay compraron propiedades en Punta del Este y San José con dinero de los narcos.

En abril del 2016 fue detenido, casualmente en Punta del Este, Gerardo González Valencia, hermano del capo de Los Cuinis . El gobierno de Estados Unidos considera que "Los Cuinis" son la organización mexicana de tráfico de drogas más rica del mundo, con más poder que el reconocido "Cártel de Sinaloa" fundado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, según un informe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). La investigación determinó que el dinero blanqueado por el hermano del líder provenía de ese cártel mexicano. El hombre estaba al frente de varias inversiones inmobiliarias en Punta del Este, que eran canalizadas a través de tres sociedades anónimas offshore panameñas, según los datos de los denominados Panamá Papers.

El 31 de mayo de 1999 la revista Noticias (Argentina) publicó una extensa entrevista a Abel Reynoso entonces jefe regional de la DEA quién afirmó que "investigaba una red delictiva que lavó unos 1.300 millones de dólares provenientes de coimas por privatizaciones, venta ilegal de armas y narcotráfico";. En su agenda figuran 3 bancos, 14 sociedades fantasmas y los nombres de importantes políticos de Argentina, Uruguay, Brasil y México";.

El agente especial explicó que "en esa investigación participaron el FBI y la US Securities Exchanges Commission (SEC) y desemboca en un estudio jurídico uruguayo con fuertes lazos con el ex presidente Luis Alberto Lacalle";.

"Estoy esperando un balazo";, dijo Reynoso a Noticias. La publicación agrega: "No lo mataron, es cierto. Pero alguien le tenía preparadas las maletas";. El jefe de la DEA fue destituido, según consigna la revista, "por las presiones realizadas por integrantes del gobierno encabezado por Carlos Menem ante la Embajada de los Estados Unidos";.

Reynoso explicó detalladamente lo que todos los uruguayos sabían: cómo y dónde se arma una sociedad anónima. Los nombres que expuso son los de: "Ignacio de Posadas, Alcides Diniz, Emir Yoma, Juan Salinas de Gortari, Fernando Collor de Mello, Carlos Menen y Luis Alberto Lacalle";.

Lacalle aseguró que no sabía "de ninguna investigación y que el país tiene leyes especiales. Es una acusación infundada";. El ex presidente sostuvo que "el Estudio Posadas se dedica a la confección de holdings. Pero él vende una sociedad anónima como un herrero le vende un cuchillo. Después, lo que usted haga con el cuchillo es problema suyo";. A su vez Ignacio De Posadas calificó como "macanas"; las acusaciones formuladas por el Senado de Brasil sobre su participación en el caso Collor.

Cualquier similitud con la situación del inspector Roberto Rivero, debería leerse como algo más que una casualidad. Rivero fue destituido por Jorge Batlle como Director Nacional de Policía después de que se descubriera que Danilo Arbilla había vendido su casa en Punta del Este al Cártel de Juárez.

Abel Reynoso involucró en las maniobras de lavado a un banco uruguayo cuyos propietarios son ciudadanos argentinos; a la filial de un importante banco estadounidense; al ex banquero argentino Raúl Moneta y al empresario árabe Gaith Pharaon.

Mientras tanto, de las investigaciones realizadas en México sobre las actividades del Cártel de Juárez surgían los nombres de varias instituciones bancarias entre los que se encontraban dos españolas y una norteamericana que operaban en nuestro país. Una de ellas también fue empleada por la viuda de Pablo Escobar para trasladar dinero del Jefe del Cártel de Medellín y la otra, usada por Amado Carrillo Fuentes para enviarle dinero a los lavadores argentinos.