Más allá de las consideraciones éticas que merece la desafortunada frase, era la primera explicación pública sobre los acuerdos con el gobierno de los EE.UU. para permitir la liberación y arribo a Uruguay de 5 personas que estaban presas en la cárcel de Guantánamo. 

Pero una investigación de la periodista Diana Cariboni, autora del libro Guantánamo entre nosotros, revela que los acuerdos pueden ser otros.

La periodista explicó que cuando investigaba las discusiones entre EEUU y Uruguay para el traslado a este país de seis prisioneros de Guantánamo, dos fuentes le mencionaron que estuvo sobre la mesa de negociaciones la ayuda antidrogas que Washington le presta a Montevideo.

Había indicios, por ejemplo, el tipo de intercambios de EEUU con otros países que aceptaron liberados de la prisión militar, o la afirmación de un funcionario del Departamento de Estado, Lee Wolosky, en el Congreso: "…muchos de nuestros socios ven la transferencia de un detenido como una oportunidad para profundizar la cooperación con Estados Unidos en seguridad, antiterrorismo e inteligencia. Nosotros en general saludamos esto y buscamos responder a ese interés donde exista";.

Para intentar confirmar esta información Cariboni presentó una serie de solicitudes de acceso a la información, haciendo especial hincapié en los aspectos económicos de los acuerdos. 

Pero los abogados del ministerio se presentaron el 13 de octubre ante la Unidad de Acceso a la Información Pública para alegar que "no es posible acceder a lo peticionado por la Sra. Cariboni, teniendo en cuenta que la información requerida se encuentra incluida en los presupuestos de reserva, teniendo los mismos el carácter de confidencial tendientes a mantener el orden público, la seguridad nacional y la represión del delito";.

El ministerio se ampara en la resolución ministerial B5932 del 20 de julio de 2012 por la cual "se clasifica como reservada toda aquella información y documentación que involucre el ejercicio de la actividad policial y en particular aquella relativa a hechos y personas que sean recabada y tratada con la finalidad del mantenimiento y la preservación del orden público, represión del delito, que se encuentren en los registros, tales como cuadernos de novedades, de comunicaciones, oficios, memorandums (sic), notas, así como los datos del personal asignado a cada procedimiento, sin perjuicio de la reserva impuesta por ejercicio de la actividad de auxiliar de la justicia y cuya finalidad sea ser incorporada a un presumario en sede Judicial";.

En realidad hay 8 resoluciones ministeriales declarando "reservado"; todo lo que atañe a su labor, algo que en su momento fue impugnado por la UAIP.

Con acierto Cariboni dice que "la noticia relevante de todo esto es el Ministerio del Interior de un gobierno de izquierda considera secreto todo lo referido a la colaboración con EEUU en materia de guerra al narcotráfico, una posición que se abre a múltiples interpretaciones. La "guerra a las drogas"; constituye uno de los instrumentos centrales de la política exterior de Washington, en particular después de la guerra fría y especialmente en América Latina.

Basta mirar a nuestro continente en las últimas décadas para observar cómo esa guerra no solo no contribuyó a minimizar el narcotráfico y el abuso de drogas, sino que los exacerbó, añadiendo además enormes volúmenes de violencia. Los recursos económicos, militares y de inteligencia desplegados por Estados Unidos en nombre de la "lucha contra las drogas"; en lugares como Colombia, México y América Central han respaldado campañas denunciadas después por la comisión de violaciones de derechos humanos, asesinatos y desapariciones";.

Y nosotros agregamos: más curioso aún es que un ministro tupamaro, miembro de un gobierno de un partido que hasta no hace mucho calificaba como "imperialista"; a EE.UU, hoy tenga acuerdos secretos con esa nación y se niegue a informarlos.

Cariboni pregunta – y nos sumamos a su reclamo – "¿No merece la ciudadanía uruguaya conocer el tipo de tratos que su gobierno mantiene con el de Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico?, ¿no es relevante en una democracia saber qué porción de los gastos policiales son erogados por fondos extranjeros? El Ministerio del Interior cree que no";.