La declaración jurada de Enrique Antía, intendente de Maldonado, correspondiente al período 2000-2006, da razón a Gil Iribarne porque si hubieran sido públicas las irregularidades que contienen habrían quedado en evidencia. 

Junto al periodista Fabián Werner obtuvimos ese documento, lo investigamos y luego Werner publicó un informe en el semanario Brecha.

En dichos documentos existen numerosas violaciones al instructivo que elaboró la Junta de Transparencia y Ética Pública. Arrancó mal en 2000, recién asumido como intendente, cuando omitió deliberadamente declarar sus ingresos y los de su cónyuge, dejando en blanco todos los casilleros correspondientes y pasando una raya en el lugar destinado a la suma total. Ni siquiera dijo tener renta rural, a pesar de que admitió tener 647 cabezas de ganado, incluidas vacas lecheras, novillos y terneros.

Sí proporcionó información de sus ingresos en 2002, cuando aseguró tener un sueldo de 89 mil pesos y cobrar intereses por depósitos bancarios a plazo fijo por 25 mil pesos más. Igual monto por el mismo concepto percibía su cónyuge, Liliana Bernardez, quien además cobraba un sueldo de 2.500 pesos en enseñanza secundaria. Los ingresos de Antía en 2004 sufrieron un cambio en todos los rubros, lo que resulta especialmente llamativo en lo que tiene que ver con su salario de intendente.

En la declaración de ese año el jefe comunal declaró tener un sueldo de 140 mil pesos (aumentó 51 mil pesos en dos años), sin que mediara ninguna resolución de la Junta Departamental de Maldonado incrementando el salario del intendente. Esto resulta particularmente irregular, además, si se tiene en cuenta que entre 2002 y 2004 Antía dispuso una rebaja salarial a los funcionarios municipales.

En 2004 declaró una renta agropecuaria de 7 mil pesos, mientras que en 2006 aseguró tener el 33 por ciento de la producción de leche de un establecimiento que remitía a Conaprole, aunque dijo que no hubo retiro de ganancias. No detalló quiénes son sus socios en el emprendimiento, aunque el año pasado reconoció su sociedad en ese tambo con Daniel Chiachio quién fuera director de Urbanismo en su gobierno.

Otro punto que resulta curioso es que en todas sus declaraciones aparecen abultadas cuentas a cobrar, aunque en varias ocasiones no menciona el monto o la identidad de los deudores, como debería hacerlo a efectos de que se pueda comprobar la veracidad de la declaración frente a cualquier sospecha de enriquecimiento por parte de la justicia. En 2000 dijo tener 100.550 dólares (equivalentes a 1.236.765 pesos uruguayos en esa época) en cuentas a cobrar, pero no proporcionó el nombre de los deudores. Dos años después, las cuentas bajaron a 810 mil, pero los deudores permanecieron en el anonimato.

Entre 2002 y 2004 las cuentas a cobrar aumentaron para el acreedor Antía. El monto ascendió a 3.864.000 pesos, pero esta vez aportó los nombres de quienes le debían dinero. En plena campaña electoral, el ex intendente declaró que Luis Eduardo Pereira (quien ocupó las direcciones de Recursos Humanos y de Hacienda y luego lo suplantaría en la jefatura municipal) le debía 1.064.000 pesos, mientras que el edil Diego Trujillo le adeudaba 700 mil pesos. También figuraron 840 mil pesos de deuda sin nombre del deudor, y 1.260.000 pesos (que según la declaración correspondían en 50 por ciento a Antía) a nombre de Daniel Cairo. Por aquellos días, quien ocupaba la presidencia del Banco República era Daniel Cairo, un dirigente del Partido Colorado de Maldonado que tenía estrecha relación con el entorno de Antía. De hecho, Cairo era socio en el parque acuático Aquamanía con el arquitecto Roberto Chiachio, hermano del socio de Antía en el tambo.

Éste no sólo fue el año en el que el ex intendente tuvo más dinero para cobrar, sino que además dijo tener en efectivo, y no en cuentas bancarias, un total de 85 mil dólares, sin especificar el origen del dinero, como obliga el instructivo de la declaración jurada.

En 2006 Trujillo y Cairo ya no aparecen como deudores de Antía, pero sí figura una deuda de 50 mil dólares (1.200.000 pesos al cambio de entonces) atribuida al mismo Pereira y a personas varias.

INMUEBLES SEMOVIENTES 

Los datos que aporta Antía en sus declaraciones respecto a sus bienes inmuebles también generan suspicacias. Para empezar, salvo en el caso de dos inmuebles (en los que tiene una dieciseisava parte, por herencia), en ninguno de los restantes detalló cómo y cuándo obtuvo sus bienes, algo que está expresamente requerido en el instructivo de la Junta de Transparencia y Ética Pública. "Especificará el título por el cual adquirió (compraventa, herencia, donación, etcétera), fecha de la última procedencia dominial, haciendo referencia a los números de padrón correspondientes";, dice el texto en relación a inmuebles y vehículos.

La primera curiosidad refiere a un terreno que el senador dice tener en el balneario rochense de La Paloma, y cuyo valor alcanza los 246 mil pesos. Este inmueble aparece en su declaración de 2000, desaparece en la de 2002 y vuelve a figurar en la de 2004, aunque esta vez aumenta su valor a 420 mil pesos. En 2006 desaparece otra vez, sin que se registre la venta.

En 2002, Antía asegura poseer ocho padrones rurales que totalizan 361 hectáreas de superficie, valorados en 216.600 dólares. Sin embargo, la suma de la superficie de cada padrón da 438,76 hectáreas, 77,36 más que las declaradas. En 2004, en tanto, el senador blanco asegura poseer 469 hectáreas a un valor de 700 dólares cada una. Según datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería (MGAP), el promedio del precio de la hectárea en todo el país en ese año fue de 664 dólares, mientras que en Maldonado ese promedio suele duplicar al del resto del territorio. Por lo tanto, si se tiene en cuenta este dato nacional, la hectárea en Maldonado en ese año tenía un costo promedio de 1.328 dólares, 628 dólares más que el valor que le asignó Antía. Según la cuenta del senador, su campo cuesta 328.300 dólares, pero según el cálculo con los datos del Ministerio cuesta 622.832 dólares.

En 2006 incurre en otra inexactitud similar. Declara poseer 569 hectáreas de campo, pero la suma de los padrones da 697,19 (108 hectáreas más). Esta vez su valoración de cada hectárea es de mil dólares, cuando el promedio nacional era de 1.132 dólares. Así las cosas, siguiendo el mismo razonamiento anterior, el valor promedio en el departamento era de 2.264 dólares, lo que significa 1.264 dólares más cada una. El valor real de su campo sería de 1.333.496 dólares y no de 589 mil como declara.

Esta modificación de valores de las propiedades también afecta a otros bienes inmuebles del ex intendente.

Por ejemplo, una casa en Punta del Este que en 2004 Antía valora en 350 mil dólares, en 2006 sufre una inexplicable pérdida de valor que la lleva a 280 mil, en un período en que las propiedades en todo el país (y especialmente en ese balneario) mostraron un incremento en su valor.

Algo parecido pasó con una casa en Maldonado que en 2004 valía 75 mil dólares y dos años después bajó a 45 mil. Sin embargo, la desvalorización más importante se produjo en los inmuebles heredados, de los cuales el legislador blanco posee una dieciseisava parte: una chacra sobre Laguna del Sauce en la ruta 12 y una casa en Pocitos. Entre 2004 y 2006, según Antía, la suma de ambas propiedades pasó de 1.800.000 a 500 mil dólares sin que el mercado brinde una explicación satisfactoria para semejante pérdida de valor.

A pesar de estas curiosas diferencias de valoración de sus propiedades, el patrimonio neto de Antía durante su gestión como intendente casi se duplicó, pasando de 28.327.762 pesos en 2000 a 56.172.564 en 2004.

Dos años después, cuando inexplicablemente había bajado el valor de sus propiedades en más de 1,3 millones de dólares, su patrimonio neto alcanzaba los 34.248.328 pesos. Aunque, si se hubiera mantenido el valor de sus propiedades, su patrimonio habría superado los 65 millones de pesos.

Curiosamente, en ninguna de estas declaraciones juradas figura la deuda que el senador blanco tiene con el Instituto Nacional de Colonización (INC) y que ha intentado refinanciar sin éxito. Ya resulta llamativo que Antía sea colono sin cumplir los requisitos que la legislación exige para ello, pero también es extraño que el legislador haya omitido mencionar una deuda que en febrero de 2007 rondaba los 100 mil pesos.

El juzgado a cargo, entonces, de la doctora Adriana Graziuso tuvo a la vista estos documentos pero el expediente fue archivado. Como informamos ayer, Graziuso es hoy Directora de Jurídica de la Intendencia de Maldonado a cuyo frente se encuentra Enrique Antía.