El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori; el de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi; el de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro; y las ministras de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, así como de Industria, Eneida de León y Carolina Cosse, respectivamente, fueron los representantes del Ejecutivo ante el Senado.

La citación fue propuesta en esa cámara por los legisladores de la oposición, que cuestionaban principalmente que el Gobierno haya negociado con los ejecutivos de la empresa finlandesa amparado bajo un manto de confidencialidad.

"El Gobierno se decidió una vez más por el secretismo, que es una práctica constante y reincidente", señaló el legislador nacionalista, Luis Lacalle Pou.

El representante fue la principal contraparte, ya que planteó un total de 67 preguntas, algunas generales y otras dirigidas a cada uno de los Ministerios.

La oposición había reclamado la presencia de los cinco ministros antes de que se firmara el contrato de inversión entre el Gobierno y la empresa finlandesa, que sucedió el pasado 7 de noviembre.

A raíz de ese momento, las autoridades hicieron público, por primera vez después de un año y medio de negociaciones, los términos del contrato acordado.

Pese a esta apertura, la oposición siguió adelante con su llamado a sala, que comenzó a la hora 09.30 y culminó pasadas las 16.00.

Las respuestas de los ministros estuvieron enfocadas en las inversiones en infraestructura que el Gobierno deberá enfrentar, los impactos medio ambientales en el país, así como el marco laboral y la política fiscal aplicada.

Respecto a la cifra total de inversión que significaría para el país la eventual instalación de esta fábrica, Astori insistió en que rondará los 5.000 millones de dólares.

"Cuatro mil por parte de la empresa y mil por parte del Estado uruguayo. La inversión de 4.000 millones de dólares (de UPM) responde al ciclo completo de la cadena productiva. Incluyendo las inversiones que correspondan a la firma", aseguró durante su alocución.

En tanto, consultado sobre una "renuncia fiscal" en pos de los finlandeses, Astori argumentó que no corresponde hablar de "renuncia fiscal", ya que la planta se ubicaría en un régimen de zona franca.

El ministro señaló en una rueda de prensa posterior a su comparecencia en el Senado que "lo qué es cuantificable está en el contrato" firmado el 7 de noviembre.

"Ocurre que este proyecto tiene efectos directos e indirectos, así como inducidos, que tienen que ser tomados en cuenta en lo que se refiere al impacto fiscal", sostuvo Astori respecto a ese asunto, que figuró entre las preocupaciones de la oposición.

En este sentido, el ministro aclaró que muchas de las cifras que se solicitaron aún "no se pueden resumir en un número".

Además, Astori remarcó ante la prensa, tal y como hizo frente a los senadores, que el interés de UPM en invertir en Uruguay supone un "enorme voto de confianza en el país".

"Enorme. Quizás uno de los más grandes que hayamos tenido hasta ahora. Y eso, aunque no ha podido ser entendido, provoca un efecto de acumulación de inversores del exterior", agregó.

La concreción de un contrato de inversión entre el Gobierno y UPM supuso la culminación de la primera etapa de negociaciones y el paso hacia una segunda fase, que se prevé durará entre un año y medio y dos.

Recién al cabo de esa segunda etapa, la empresa estará en condiciones de tomar una decisión de inversión, que llevará hacia una eventual instalación de una segunda papelera de UPM y la tercera fábrica de celulosa en el país. EFE