Política

El fallo sobre Bascou y el costo de no actuar a tiempo

El fallo sobre Bascou y el costo de no actuar a tiempo

El contundente fallo de la Junta de Transparencia y Etica Pública (JUTEP) sobre Agustin Bascou quebró las resistencias internas en Alianza Nacional y obligó a su líder, Jorge Larrañaga, a tomar la decisión menos querida: desligar al intendente de Soriano de su grupo político.

Larrañaga se había quedado sin margen, luego de ese fallo y de los cuestionamientos que se habían reafirmado de parte de Luis Lacalle Pou y otros dirigentes blancos, que ya habían considerado tibia la amonestación resuelta por el Directorio en base a lo recomendado por la Comisión de Ética del nacionalismo.

El intendente, sin embargo, se ha aferrado con uñas y dientes a su cargo y su primera reacción fue la de intentar descalificar a la JUTEP y a quienes le reclaman un paso al costado. Esa descalificación del fallo -en particular luego de lo ocurrido con Sendic- fue observada muy críticamente incluso dentro de Alianza Nacional y es un factor que le juega en contra respecto al futuro.

 

Finalmente la denuncia del Frente Amplio de Soriano logró lo que buscaba: bajó al menos por el momento la presión sobre Sendic, hizo que los focos se posaran sobre Bascou y provocó divisiones entre los blancos. Un negocio redondo.

Probablemente el Partido Nacional pudo evitar el costo político si de primera hubiera tomado alguna decisión más firme con el intendente de Soriano; al menos acordada y que le hubiera permitido salir del centro de los focos.

 

CONCLUSIONES SEVERAS

 

El dictamen es casi tan demoledor como el de Raúl Sendic. Según ese organismo, el hecho de que la Intendencia encabezada por Bascou cargara combustible en estaciones administradas por el jefe comunal, significó la violación de normas vigentes en materia de rectitud, probidad, legalidad, implicancias, transparencia y publicidad, prohibición de relaciones con actividad vinculada y declaración jurada de implicancias. Además de la comparecencia ante la propia JUTEP quedó en claro que Bascou explotaba una tercera estación de servicio que no había aparecido hasta el momento.

El fallo destaca que no hubo daño patrimonial al Estado, aunque sí un beneficio económico y el caso pasó a la Fiscalía para que diera el trámite judicial correspondiente. Es decir que el tema puede seguir en el ámbito judicial, del que notoriamente Alianza Nacional quiso desligarse.

¿Que pasará ahora? La palabra en definitiva la tendrá el Directorio, aunque hay dirigentes que tienen la esperanza de que Alianza Nacional logre el gesto de que Bascou se retire momentáneamente de la Intendencia.

La Mesa del Directorio blanco se reunirá el lunes para citar a una sesión especial del órgano compuesto por 15 miembros donde se analizarán de nuevo las tres alternativas posibles: 1) un nuevo apercibimiento, lo que parece imposible dada la dimensión del fallo de la JUTEP; 2) la suspensión partidaria hasta que se pronuncie la Justicia, que parece ser el camino más viable; 3) Y la expulsión lisa y llana, que no parece factible. Hay quienes manejan la eventualidad de enviar el caso nuevamente a la Comisión de Etica del Partido, alternativa que por el momento resulta difícil de contemplar.

 

LLEGO PARA QUEDARSE

 

El caso de Bascou dejó en claro una vez más que el tema de la ética y el manejo de los dineros públicos se instaló en la agenda política.

Algunas de las discusiones que se han dado en torno a la investigadora por el financiamiento de los partidos, han sido muestras de ello y dejaron en claro que el asunto puede salpicar para muchos lados.

El presidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne, anunció en La Mañana de El Espectador, que seguirán adelante con otras investigaciones y no descartó que una de ellas sea la relativa al uso de las tarjetas de ALUR por parte del senador De León de la 711. Además aclaró que el organismo está en perfectas condiciones de investigar a las empresas públicas y sus colaterales, por más que se rijan por el derecho privado. También, por supuesto, hay otros temas vinculados a ANCAP, aunque la defensa de Sendic rechaza esa posibilidad.

Queda claro: el tema de la corrupción, las irregularidades y la ética no sólo está arriba de la mesa: se instaló para quedarse.