La totalidad de la obra, que incluía escollera; planta de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL; gasoducto subacuático para enviar el gas hasta tierra; una estación de transferencia de GN; gasoducto terrestre para enviar el gas hasta el entronque con el gasoducto existente y una estación reguladora de presión, tenía un costo estimado en 1.300.000 millones de dólares. 

Debía producir 10 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Pero el primer problema es que nuestro país consume 80 millones de metros cúbicos por año. O sea, en 8 días se producía el consumo de todo un año. Esa cantidad se ampliaría al ponerse en funcionamiento la planta de ciclo combinado que UTE construye en Punta del Tigre (San José).

Aún así el excedente superaría el 60%. La idea del gobierno de José Mujica era que su par kirchnerista lo comprara ya que Argentina sufría una notoria crisis energética y el gas es la fuente de energía doméstica más importante. Pero el gobierno del país vecino cambió y también cambiaron las condiciones de explotación de Vaca Muerta, un gigantesco yacimiento de gas y petróleo ubicado en Neuquén. Por lo tanto Argentina ya no nos compraría todo el excedente.

Para peor el proyecto cayó cuando se descubrió que la principal subcontratista – OAS de Brasil – estaba muy vinculada al escándalo de corrupción brasileña conocido como "Lavajato";.

El gobierno de Mujica hizo un llamado internacional a interesados en el desarrollo del proyecto, al que se presentaron cuatro empresas. La construcción fue adjudicado a la empresa GDF Suez Energy Latin American Participaçoes y sería operado por la uruguaya Gas Sayago integrada en partes iguales por UTE y ANCAP.

Todo fue tan rápido que apenas transcurrió un mes entre la apertura de ofertas y la adjudicación, algo muy poco habitual para una obra de tal magnitud. Finalmente se adjudicó a quien había calificado en segundo lugar. Pero los informes de las consultoras internacionales, contratadas para controlar el proceso, no fueron tomados en cuenta. Dos de ellos coincidían en sostener que "ni la primera ni la segunda calificada respetaban los pliegos del llamado";.

Para diseñar todo el negocio y elegir a la empresa que lo llevaría adelante, el Ejecutivo contrató al Estudio Posadas, Posadas & Vecino. El Estado se convirtió en la garantía "subsidiaria, absoluta, ilimitada, irrevocable e incondicional" (Diario Oficial, 14 de octubre de 2013) y finalmente GDF Suez asumió su parte de una garantía por 100 millones de dólares a través de una empresa de papel, llamada Riklur Company SA con sede en una pequeñísima oficina de calle La Cumparsita, Montevideo.

La filial brasilera de GDF Suez contrató a OAS-Brasil para construir el muelle de atraque del barco gasificador y el canal de acceso en la Bahía de Montevideo. La obra nunca se terminó porque la empresa argentina que relevó el lecho marítimo no tuvo en cuenta la existencia de formaciones rocosas que entorpecieron y encarecieron la construcción. De esta sólo quedaron unos pilotes herrumbrados y una deuda importante con unas 350 empresas uruguayas que fueron subcontratadas para diferentes trabajos.

Los ejecutivos de OAS fueron encarcelados por la justicia brasileña. El contrato con Uruguay fue rescindido y GDF pagó a Uruguay una multa de 100 millones de dólares. Pero ganó 20, porque OAS le tuvo que pagar 120 millones por incumplimiento de contrato.

El 16 de noviembre del año pasado la Cámara de Diputados aprobó una propuesta del nacionalista Pablo Abdala y por 50 votos en 99 presentes se instaló una Comisión Investigadora sobre la Regasificadora. Por primera vez en 11 años de gobierno el Frente Amplio perdió su mayoría porque el entonces diputado frentista Gonzalo Mujica apoyó el planteo de la oposición. 

La denuncia de Abdala consta de cinco capítulos.

- las pérdidas de la trunca iniciativa, tanto para el Estado (estimadas en US$ 65 millones) como de los participantes contratados y subcontratados por las concesionarias OAS y GDF Suez.

- errores conceptuales del proyecto, como la elección de la ubicación en Puntas de Sayago y la escala de producción de 10 millones de m3 al año mientras el país consume la décima parte de ello.

- irregularidades e ilicitudes presentadas en el proceso de selección de las dos empresas.

- posible pago de una coima a un alto funcionario uruguayo por parte del exministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Fernando Pimentel, durante el gobierno de Dilma Roussef

- gastos de Gas Sayago, cuya gerencia general estaba a cargo de la ingeniera Marta Jara, actual presidenta de ANCAP.

De acuerdo a lo expresado por el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, el proyecto de regasificadora tal vez no se concretaría "si no existen ofertas interesantes para Uruguay";.

Por ahora la única interesada en comprar la producción de gas es la multinacional Shell, empresa de la que Jara fue CEO en México y que tiene un fuerte poder de lobby en el Rio de la Plata ya que el ministro de energía argentino, Juan José Aranguren, fue presidente de la filial local de la Royal Dutch Shell entre 2003 y 2015, además de Vicepresidente de Suministros para América Latina de la misma a nivel mundial, empresa a la que se incorporó en 1977
Hoy El País informó que el gobierno firmó con Shell un " Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) para intentar reactivar el fallido proyecto de la regasificadora, paralizado en 2015. El documento establece que "Gas Sayago (conformada por Ancap y UTE) deberá aportar toda la infraestructura que se llegó a construir. Sin que se establezca todavía un precio, se determina en el memorándum que Gas Sayago deberá volcar una serie de elementos: estudios técnicos, autorizaciones ambientales, dragados ya existentes y un gasoducto ya construido";.

El artículo 3 del documento, que no es vinculante para las partes, determina que Gas Sayago aportaría todos los estudios, actividades y dragados realizados, todas las autorizaciones y permisos ya otorgados, el gasoducto que une el gasoducto "Cruz del Sur" con el punto donde estaría la terminal y todos los materiales de Gas Sayago ubicados en el obrador.

"La contribución de Gas Sayago al proyecto se reconocerá conforme a un valor acordado entre las partes según el valor que los activos provistos tengan para el proyecto, siendo debidamente compensado mediante pagos en efectivo y/o en especie, que podrá incluir la entrega de acciones de la Compañía Terminal, considerando, en este último escenario, que los derechos de Gas Sayago como accionista minoritario serán discutidos oportunamente por las partes", dice el documento.

Para el diputado Abdala, hay varios aspectos cuestionables del memorándum. Uno es que recibiría una autorización ambiental que fue otorgada hace ya años, sin que deba actualizarla. Otro es que recibiría en concesión sin licitación un área de la bahía de Montevideo. "Supuestamente Gas Sayago transferiría la concesión que le hizo la Administración Nacional de Puertos para construir la terminal en la bahía de Montevideo. Esta concesión ya fue observada por el Tribunal de Cuentas. Es absolutamente ilegal, porque implica la concesión sin licitación del álveo, de la zona marítima que es una parte del territorio nacional. Siempre hay que llamar a licitación y en este caso con más razón. La otra vez se había observado una concesión que le hizo la ANP a una empresa, que si bien era privada, estaba conformada por dos accionistas del Estado que eran UTE y Ancap. En este caso se lo concederíamos a una multinacional", advirtió Abdala.

El legislador considera cuestionable que Shell tendría la facultad en solitario de fijar tarifas por el gas natural y no se obligaría a asegurar el suministro al mercado uruguayo.

"Esto representa un empeoramiento. En el esquema anterior, la tarifa no era determinada por GNLS (el anterior concesionario), sino por Gas Sayago. No era que GNLS iba a cobrar la tarifa que quisiera, eso estaba acordado de antemano", recordó el diputado blanco.

El convenio solamente menciona que se daría "prioridad" a la demanda local. Establece concretamente: "las partes se esforzarán por crear una prioridad para los servicios de la terminal para satisfacer la demanda interna de gas para los usuarios uruguayos en los acuerdos relevantes de venta de gas pertinentes a dichos usuarios".

"No hay un compromiso. De lo contrario, tendría que decir que las partes acuerdan la certeza de que la demanda interna de Uruguay tiene prioridad. Quedamos cautivos de Shell que nos va a vender en las condiciones que quiera y al precio que quiera", señaló Abdala.