Bauzá y su par chileno, son los únicos directivos sudamericanos que no fueron acusados por recibir coimas por los derechos de transmisión del fútbol.

Casal y Figueredo también provocaron la destitución del entonces Ministro de Turismo y Deportes, Héctor Lescano quién enfrentaba los planes de los corruptos.

Recurriendo a las declaraciones de varios empresarios que coimeaban a dirigentes de la Conmebol y que están procesados o indagados por la justicia de EE.UU, Búsqueda relata un diálogo que se desarrollo el 1° de mayo del 2014 en poder de jueza y fiscales.

"Los argentinos Alejandro Burzaco, CEO de Torneos, y Hugo y Mariano Jinkis, de Full Play, le explican a José Hawilla, de Traffic, a quiénes coimeaban ellos en la Conmebol. Hawilla escucha y pregunta mucho, quiere saber nombres, montos y métodos de pago. Y también graba.

Burzaco dice que su "matemática es muy simple";: 3 millones de dólares al presidente de la Conmebol, 3 millones al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y 3 millones al de la Asociación de Fútbol Argentina; US$ 500.000 al secretario general de la Conmebol y US$ 1,5 millones a otros siete presidentes de las asociaciones de fútbol de cada país.

A Hawilla las cuentas no le cierran del todo. ¿Por qué a siete presidentes?, preguntó.

Porque, porque ahora hay uno, hay uno, hay un país al que no le damos nada —dice Burzaco.

Por qué?

Porque es honesto. Recién lo expulsaron… —explica Burzaco";.

Búsqueda recuerda el proceso que llevó a la renuncia de Bauzá.

"Dos meses antes de esa charla, Nacional y Newell´s Old Boys jugaron un partido de Copa Libertadores en el Estadio Centenario el 27 de febrero del 2014. Después del partido hubo un enfrentamiento entre hinchas y policías que provocó decenas de heridos y detenidos. El Poder Ejecutivo, presidido por José Mujica, decidió que la Policía no asistiría a los partidos de los grandes si no se aplicaban medidas de seguridad como la instalación de cámaras de identificación facial.

En esa puja, Bauzá perdió el respaldo de varios equipos y de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, encabezada por Enrique Saravia, un exfutbolista que había integrado una lista del Movimiento de Participación Popular. Saravia era muy cercano al empresario Francisco Casal, propietario de Tenfield y enemigo declarado de Bauzá.

El presidente de la AUF, que había asumido en el 2009, debió renunciar. A los pocos días el gobierno revisó su decisión, los clubes aprobaron un protocolo de seguridad nuevo, la Policía volvió a las canchas y la pelota a rodar. Las cámaras de identificación, en cambio, tardaron tres años en llegar";.

Dos años antes y por presiones de Tenfield, Mujica cesó al entonces Ministro de Turismo y Deportes, Héctor Lescano quién quien defendió la legitimidad e independencia de la AUF y por eso estaba fuertemente enfrentado a Casal.

Después vino la millonaria condonación de una deuda que el empresario mantenía con la DGI y luego la adjudicación de un Canal digital.

Hoy Bauzá está alejado de toda actividad directriz; Figueredo fue dejado en libertad y Casal continúa controlando al fútbol uruguayo.