(Emitido a las 9.11)

EMILIANO COTELO:
Desde el 1º de marzo, la Inspección General del Trabajo (IGT) estará a cargo de un sindicalista: Ronald Graside, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca).

Ese dato ya marca un cambio fuerte en esa dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Pero además las primeras declaraciones de Graside han provocado alguna polvareda porque, por ejemplo, el jueves pasado en Búsqueda anunció que piensa recurrir a las Fuerzas Armadas para fortalecer la tarea de los equipos inspectores, que hoy no alcanzan para cumplir con sus cometidos.

¿Quién es este futuro jerarca? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cómo se concibe la IGT en un gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA)?

Vamos a conversar sobre estos temas con Ronald Graside.

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Graside, para comenzar una presentación breve: usted tiene 51 años y es albañil.

RONALD GRASIDE:
Soy albañil de profesión.

EC - En cuanto a su actividad político-partidaria, durante buena parte de su vida integró el Partido Comunista del Uruguay (PCU), del cual se apartó en 1991. ¿Qué cargos de dirección llegó a ocupar?

RG - Ocupé cargos de dirección en lo que se llamaba el Centro Interior durante la clandestinidad entre 1977 y 1983.

EC - Luego, entre otros grupos, formó parte de CONFA, un movimiento de ex comunistas que hoy está integrado en la Alianza Progresista (AP). De CONFA se apartó en el año 2003.

RG - Dejé de ser orgánico de la AP a partir de octubre de 2003 y quedé como independiente del progresismo.

EC - ¿Por qué prefiere mantenerse como independiente?

RG - Entre otras cosas fue un problema práctico, me dediqué desde la central de trabajadores a ayudar en todo lo que era la conformación del programa de país productivo, la democratización de la sociedad y el Estado, la incorporación de la ciencia y la tecnología, la integración regional, y en realidad en esta última elección del 31 de octubre, por primera vez en política, no participé en ninguna campaña. Me convertí en un votante y además decidí votar al Partido Socialista. De cualquier manera me siento fraterno hermano de todos los progresistas, que tal vez vayan más allá –estoy seguro– de la votación del 31 de octubre.

EC - En el plano gremial usted fue dirigente estudiantil de Secundaria, miembro de la Federación de Obreros del Transporte y finalmente, militante y dirigente del Sunca, el sindicato de la construcción. Actualmente integra como suplente el Consejo Directivo de ese gremio y es coordinador del Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT.

RG - Es correcto. Además el próximo sábado se reúne la dirección electa por los trabajadores de la construcción, que es el Consejo Directivo Nacional, y allí informaré acerca de la candidatura a la IGT, explicaré mis motivos y solicitaré ser relevado de las tareas sindicales para poder pasar a transitar lo que se llama el período de transición, si es que llego a la designación formal, que será después del 1 de marzo. Tomemos en cuenta que no hay un gobierno paralelo, hay un gobierno que llega hasta el 1 de marzo mismo.

EC - ¿Cómo siente ese cambio de pasar de dirigente gremial a cuadro de gobierno?

RG - Es un desafío muy difícil. Sin duda en los últimos años he pertenecido al movimiento sindical, sé que dejo allí un espacio, pero cada momento de la historia exige enfrentar los desafíos, entonces estoy muy confiado en que seguramente el movimiento sindical, así como también el sector empresarial y los uruguayos, sabrán orientarnos, sabrán también dialogar, que de eso se trata el proceso de transformación que necesita nuestro país. Iré a desempeñar el cargo mientras la fuerza política, su representación parlamentaria, que es lo que eligió la ciudadanía progresista... porque no hay que olvidar que el inspector de Trabajo es una designación de tipo política directa, no es electa por los ciudadanos. En consecuencia es un cargo político de dirección de una unidad productiva muy calificada y muy importante dentro del Estado.

EC - Sobre esto, sobre qué desafío implica para un dirigente sindical quedar al frente de la IGT, consultamos a Juan Castillo, dirigente del PIT-CNT. Le preguntamos cómo veía él un nombramiento de este estilo.

"Es poner en práctica lo que tantas veces hemos denunciado desde el movimiento sindical. Y es la falta, muchas veces total, de ese instrumento vital para muchos trabajadores, fundamentalmente los más desprotegidos, en cuanto a que las inspecciones se concreten y que se puedan constatar en la práctica, en los hechos, las cuestiones que venimos denunciando", opinó el dirigente de la central de trabajadores.

¿Usted qué dice?

RG - Yo digo que además de los temas estrictamente de inspección o de fiscalización, los uruguayos debemos tener claro que desde hace más de 40 años en Uruguay no hay políticas de trabajo, salvo un pequeño interregno entre los años 1985 y 1989, cuando nuestro pueblo recuperaba la institucionalidad democrática. En ese entonces se avanzó pero posteriormente se interrumpió. Hubo algún dirigente de nuestro gobierno a quien con mucho respeto le digo que se equivocó cuando dijo aquello de "ellos hacen que trabajan y yo hago que les pago". Después se volvió a equivocar cuando suspendió la participación del Estado en una época del mundo en que los uruguayos más debimos haber reafirmado la negociación, fundamentalmente en el mundo del trabajo.

EC - Usted alude al doctor Luis Alberto Lacalle, al gobierno de Luis Alberto Lacalle.

RG - Simplemente estoy pensando en lo que nos enseña el pasado. Porque el pasado también nos enseña que en 1943, cuando veníamos de un proceso autoritario, de salir de la dictadura de Terra, pero además estábamos sometidos a la situación de guerra internacional y a la privación de una cantidad de importaciones que eran clave para la vida de los uruguayos, aquel proceso de democratización supo generar un instrumento de tipo jurídico, la ley 10.449, que es la Ley de Consejos de Salarios. Mi madre, que fue la que me enseñó las primeras cosas del mundo del trabajo, había sido delegada textil en esos consejos de salarios.

Las leyes son siempre acuerdos sociopolíticos y económicos a los que llega la sociedad, y son siempre una referencia de conducta, porque a partir de allí es que se desarrolla lo que los economistas en forma parcial llaman el Uruguay de la sustitución de importaciones, pero allí se desarrolló también aquello que nos valió el título de la Suiza de América, se desarrolló el sistema de la seguridad social. Cuando yo nací, mi madre se jubiló por la "Ley Madre", que tenía como base un mínimo de quince años de trabajo –y ella ya tenía más de 20–, porque el país entendía que las mujeres tenían que tener la opción de criar a sus hijos.

EC - ¿Por qué trae a colación todos estos antecedentes a propósito de cómo piensa encarar la IGT?
 
RG - Porque cuando abandonamos el proceso democrático y se impuso el autoritarismo, a partir de fines de los años 60 y principios de los 70, allí el país caminó por un proceso muy doloroso para los uruguayos. Un proceso de mucha desarticulación. A su vez cuando reimplantamos la democracia también hubo una gran explosión de buena convivencia y desarrollo entre los uruguayos. Y cuando después nuestros dirigentes político-partidarios en el gobierno se equivocaron y se condujeron por la idea neoliberal, que en realidad es una idea ético-política que se tiene que disfrazar de economía porque es inconfesable. Consiste en proteger la acumulación y la concentración del capital al mismo tiempo que se provoca el empobrecimiento de la mayoría de la población.

Hoy el momento indica que estamos ante una situación a nivel internacional y fundamentalmente a nivel nacional en que es necesario que todos los uruguayos, sean ellos empresarios, empresarios públicos, empresarios privados, cooperativistas de producción, empresas autogestionadas, tengamos la capacidad de dialogar, de construir instrumentos para la recuperación del país.

EC - En principio, ¿de qué se ocupa la IGT, cuáles son sus funciones, sus cometidos?

RG - La IGT se divide en: el inspector general, que es el responsable de promover la negociación colectiva en materia de todo lo que son la legislación, los convenios internacionales, las leyes y los decretos, y el cuerpo inspectivo, que tiene carácter técnico profesional, con el cual hay que ser respetuoso porque en eso que te decía de "ellos hacen que trabajan y yo hago que les pago" tiene una misión muy delicada. Está mal pago, no tiene medios de trabajo, no tiene medios de transporte, se lo ha manejado muy mal en todos estos años y sin lugar a dudas esos trabajadores que están sufriendo, que tienen problemas, sin embargo tienen el heroísmo, a pesar de estar en esas condiciones, de saber de la delicada misión que les corresponde, luchan. A veces nos damos cuenta de la inspección por los accidentes y por los muertos, pero no nos damos cuenta de que a pesar de lo restringido de su actividad, cada intervención de ellos salva muchas vidas, eso no entra en la contabilidad.

EC - Usted insiste mucho en que la IGT no se limitará a realizar inspecciones, no concibe esa dependencia sólo como un equipo de inspectores. Pero yendo al tema de los inspectores y sobre todo teniendo en cuenta lo que acaba de señalar recién, las limitaciones con las que cuenta el equipo que se encarga de esa tarea, ¿cómo ingresa aquí su idea de que las Fuerzas Armadas colaboren con la IGT?

RG - Por principio por los convenios internacionales, en particular por el 81 y el 129, que son sobre inspección del trabajo, que se plasman en la reglamentación en el decreto 680, cuando se trata de proteger el trabajo y principalmente la vida y la salud de los ciudadanos en el trabajo, todos los componentes del Estado quedan sometidos a la autoridad del inspector general del Trabajo.

Nosotros no podemos, como han hecho gobiernos anteriores, decir que no conocemos o que no llegamos, por ejemplo, a un barco de pesca en las aguas territoriales, porque para eso tenemos, si bien también muy deteriorada, una Marina de vigilancia. Tendremos que subir al inspector general o a un inspector profesional del cuerpo inspectivo para llegar a esas embarcaciones.

EC - Queda claro que esa idea no se le ocurrió ahora, desde que anunciaron que lo van a nombrar inspector general del Trabajo; da la impresión de que incluso es un reclamo que en algunas ocasiones ustedes desde el Sunca u otros sindicatos le han hecho a los gobiernos.

RG - Hubo un caso, hay un antecedente –tengo mala memoria, ya tengo algunos años– en que se apeló a la Fuerza Aérea para tener un helicóptero para transportar a inspectores a un lugar de muy difícil acceso por tierra y la inspección se produjo apoyada por la logística de la Fuerza Aérea.

EC - Claro, pero cuando usted hace un anticipo como el que hizo más bien se tiende a pensar en una situación hipotética en la que a una empresa, a un empresario, le tocan el timbre, abre la puerta y se encuentra con un piquete de soldados, en todo caso integrado además por un funcionario del MTSS. Es una imagen un poco fuerte. ¿Usted puede llegar a plantear un caso así?

RG - No, no; se trata fundamentalmente de pedir... El Estado uruguayo maneja, manejamos, muy mal nuestra logística y nuestros medios, por ejemplo de transporte. Entonces sin duda, no solamente las Fuerzas Armadas, también los ministerios, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene 150 móviles que se mueven por todo el país –desgraciadamente no siempre con la misión que tienen como tales–, y así podríamos decir Ganadería y Agricultura, etcétera. Y también lo decimos de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Se trata del apoyo logístico para poder cumplir con la función de protección de la vida y la salud, que no solamente está en los convenios internacionales, sino que es un principio programático de nuestra Constitución.

EC - ¿No había un mensaje intimidatorio escondido detrás del anuncio que usted hizo?

RG - No, para nada.

EC – "Ojo, que hasta con los soldados vamos a inspeccionar..."

RG - Además el inspector de Trabajo –esto ya es el cuerpo inspectivo– cuando encuentra obstáculos puede pedir el amparo del juez que corresponda y también la protección de la Policía si hay resistencia a que sea inspeccionado un lugar de trabajo en cualquier parte del territorio, sea terrestre o marítimo. Por eso digo que es una función muy específica, muy delicada, en la que hay que ser cuidadoso.

Hoy te decía, vamos a hablar de ética, de política y de principios orientadores, porque de la organización hablaremos principalmente después de que nuestro sindicato nos autorice a poder ejercer el cargo.

EC - Manuel, un oyente que nos llama desde Malvín, lo consulta a propósito de la industria del reclamo, dice: "Yo tengo una empresa chica y he padecido en carne propia que el MTSS escucha más la versión del trabajador que la de la empresa. Algunos trabajan un tiempito y luego van a pedir cifras escandalosas que no corresponden con lo hecho".

¿Qué tiene pensado a propósito de esta otra cara del problema? Porque por un lado están las carencias en materia de cumplimiento de las normas vigentes y por otro está también lo que puede llegar a ser un abuso a la hora de reclamar.

RG - El problema es que las cosas han marchado muy mal, pero no siempre han marchado mal para todos. A veces –yo converso con mis amigos y tal vez mis maestros en materia de Derecho y de Derecho Laboral– el profesional del Derecho instiga, genera o aprovecha un mercado de trabajo: el del reclamo. Pensamos que es un mecanismo que debe seguir existiendo, tendremos que revisar toda la normativa, porque las situaciones de violación o de no seguir los principios del Derecho Laboral se dan en 1.300.000 uruguayos si los sometemos estrictamente a una evaluación de acuerdo a la legislación.

Un gobierno progresista debe fundamentalmente basarse en la negociación tripartita, saber qué es lo que pasa en cada unidad productiva cuando no se llega a cumplir con todo lo que estipulan las leyes. Porque hoy tenemos –pongo el caso– unidades que han sido recuperadas gracias a una enorme lucha de los trabajadores, como la ex Dimax, con sus 100 y pico de trabajadoras y trabajadores, donde a veces no se llega a pagar el salario mínimo, o Funsa, donde se ha trabajado gratuitamente y hoy es un emblema. Podríamos citar a Nibo Plast y citar también a aquellos trabajadores que han generado su propio trabajo como los recolectores de residuos domiciliarios y comerciales, a los que hay que ayudar, no se trata de reprimirlos ni aplicarles ninguna ley, porque además están haciendo un trabajo productivo como trabajadores que son.

EC - Están haciendo un trabajo productivo pero no están cumpliendo con las normas que deben cumplir. Eso es lo que usted está marcando.

RG - Exacto, porque no tenemos normas para el país real. Montesquieu decía –me lo enseñaba el maestro Hugo Barbagelata en el Parlamento en el año 1994, cuando era presidente de Legislación del Trabajo Helios Sarthou, otro maestro del Derecho Laboral– que el Estado de Derecho no se revisa por las leyes existentes sino por aquellas que se cumplen. Cuando hay leyes que no se cumplen lo que hay que revisar es en primer lugar la realidad y después las leyes, porque es la realidad la que orienta y la que construye leyes, no a la inversa. Las leyes en todo caso son las guías para la acción.

Entonces hoy debemos preguntarnos por qué se incumplen tantos convenios internacionales en Uruguay. Nombro dos: el 87 y el 98, el de derecho de sindicalización y el de negociación colectiva. De 1.300.000 uruguayos hay 1.100.000 que no pueden ejercer esos derechos. Entonces no se trata de salir a suprimir todos los 1.100.000 puestos de trabajo porque no se cumple el derecho.

EC - Está claro que mecanismos y acuerdos de transición van a ser parte esencial de la política a seguir desde el 1 de marzo en ese sentido.

RG - Claro, ya hemos arrancado como MTSS, incluso como grupo de trabajo de transición, con el tema de la negociación colectiva, con el tema de la negociación en los consejos de salarios. También la política de inspección, como la de empleo y la de coordinación en el interior, irán siguiendo ese criterio ético y político de la negociación tripartita, sabiendo que estamos en una realidad productiva y del trabajo muy grave que los uruguayos están exigiendo que cambiemos pero que no cambiará de un día para otro sino en un proceso que necesariamente tiene que ser democrático, con la participación de todos.

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EC - Usted enfatiza: la IGT no va a quedar reducida a las inspecciones. Si la vemos más globalmente, ¿cómo la concibe?

RG - La concibo por un lado con el inspector general del Trabajo negociando con todas las cámaras empresariales, con los viejos empresarios –no hay que olvidar que las cámaras empresariales, tal vez mucho más inteligentes que el movimiento sindical, aunque también vamos a ir a escuchar a nuestros viejos dirigentes que se reúnen en el PIT-CNT, tienen sus consejos, es decir aquel que pasa por la dirección pasa después al consejo–, generando acuerdos puntuales para llegar a una negociación, que debe ser responsable, con compromiso de partes –del Estado por supuesto, pero de los sindicatos, de los trabajadores y de los empresarios–, para adoptar medidas transitorias que vayan no solamente teniendo en cuenta la legislación, sino fundamentalmente sosteniendo y haciendo progresar las unidades productivas.

EC - Usted habla de prevención, insiste en el término prevención.

RG - No hay mejor intervención de la IGT que aquella que detiene y modifica un proceso que puede ser riesgoso para los trabajadores y que va a ser un mal resultado para la empresa o para el proceso productivo.

EC - También ha dicho que se promoverá la sindicalización. ¿De qué manera?

RG - La Constitución dice en su artículo 53 que es un principio la promoción de las entidades gremiales, tanto de los trabajadores como de los empresarios. Entendemos que el inspector general del Trabajo dentro de sus tareas debe encarar la promoción de la sindicalización, naturalmente junto con el resto del MTSS, la Dirección Nacional del Trabajo, la Dirección Nacional de Empleo, etcétera.

EC - Hablando en el semanario Búsqueda el jueves pasado usted anunció que está preparando una "ley nacional de salud en el trabajo". ¿Concretamente en qué piensa?

RG - Estamos pensando en un instrumento que será una ley, un acuerdo político o una reglamentación, al que pomposamente he llamado "ley sobre las condiciones sociotécnicas y ambientales del trabajo". Hoy tenemos que considerar que en muchos lugares, además de los problemas técnicos y sociales, de aportes a la seguridad social, también tenemos problemas de ambiente, de contaminación; tenemos contaminación con plomo de trabajadores y contaminación con plomo de barriadas. Esos procesos deben ser corregidos, entendemos que no debemos cerrarlos sino reconvertirlos, y allí el Estado tiene que estar presente para ayudar a esa reconversión. Estoy pensando en un instrumento de esas características.

EC - ¿Qué tiempos tendría?

RG - El tiempo es solamente un instrumento de medir que tenemos los humanos, se trata de movimiento. Este movimiento deberá arrancar el 1 de marzo y tendrá que ser lo más habilidoso posible para generar la máxima cantidad de movimientos democráticos en todo el país, de manera se encaminarnos hacia un Uruguay distinto que se oriente por las políticas de trabajo, por la legislación internacional del trabajo.

Además en junio tenemos que ir a rendir cuentas ante la OIT. El gobierno progresista no puede seguir yendo a la OIT a no decir la verdad o a tapar lo que está sucediendo, sino que en este próximo junio deberemos ir a decirle de frente al resto de los miembros de la OIT cuál es la situación y qué es lo que vamos a hacer en Uruguay.

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EC - Graside, está charla ha rondado temas generales y por supuesto que hay varias preguntas de los oyentes que apuntan a temas concretos, a sectores de actividad concretos y su situación en relación al cumplimiento de las normas en materia laboral. Vamos a dejarlo para otras entrevistas, cuando ya esté en funciones...

RG – Sí. Y como recomendación general: vayan empezando a conversar entre trabajadores y empresarios desde ya porque eso nos va a ayudar.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe
Fotos: Caterina Notargiovanni