(Emitido a las 7.35)

EMILIANO COTELO:
La cifra que está en juego es terrible: el Estado podría llegar a tener que pagar una indemnización por 240 millones de dólares en un juicio largo del cual ayer se cumplió una instancia más.

Los oyentes de El Espectador tuvieron la noticia en Índice 810, de las 6 de la tarde, y hoy aparece reflejada en distintos matutinos con algunos matices en los enfoques. Por ejemplo, El Observador titula su nota de página 5: "El Estado perdió el primer round en el juicio por 244 millones de dólares", y dice que "a doce días del cambio de gobierno las actuales y futuras autoridades recibieron ayer un duro golpe".

Por su parte El País titula: "Estado perdió una de las etapas de una demanda por 244 millones de dólares". Dice que "la jueza de lo contencioso administrativo Rossina Rossi rechazó un recurso del Ministerio de Defensa (MDN) por la revocación de permisos para servicios de televisión por cable concedidos en 1993. Los abogados Juan Andrés Ramírez y Alejandro Abal, que llevan la defensa del Estado en este caso desde hace un par de años, anunciaron que apelarán el fallo. La sentencia de la doctora Rossi sobre una de las etapas principales del juicio no se pronuncia todavía sobre si el Estado deberá pagar esa abultada cifra".

El ministerio había planteado cuatro puntos por los que entendía que la demanda de Ana María Troncoso debía ser desactivada. Dos de esos efectos fueron rechazados por la jueza y sobre los dos restantes la magistrada entendió que no debe analizarlos ahora sino en la sentencia definitiva.

Vayamos a uno de los puntos en discusión en un caso que es muy complejo. Uno de los planteos del MDN era que la demandante omitió recurrir por la vía administrativa, porque cuando presentó el recurso de revocación y jerárquico ante el ministerio no lo hizo ella, la titular de los permisos, sino su marido, Miguel Sofía.

¿Qué respondió la jueza de lo contencioso administrativo? La doctora Rossi alegó que aunque haya sido por un error, la cartera le dio entrada al trámite. Entonces se pregunta: "¿cómo puede hoy la administración pretender válidamente que Ana María Troncoso no recurrió el acto administrativo, cuando así lo admitió, no una sino varias veces y, para remate, lo resolvió?"

Este punto que acabo de mencionar, que no es más que una muestra, engancha con lo que está de fondo en todo este proceso: una serie de errores procesales en los que, todo indica, incurrieron en su momento los letrados del MDN, particularmente el doctor Germán Amondarain, cuando tuvieron que enfrentarse a este caso. Recordemos además que por su actuación en este proceso el doctor Amondarain fue sumariado en el MDN.

Vamos a ver cómo se examina esta noticia del día de ayer desde el ámbito político. Vamos al Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) a conversar con el diputado Víctor Rossi, que va a asumir ahora como ministro de Transporte y Obras Públicas, pero que en su tarea como legislador, justamente hace un año, en enero de 2004, había convocado a las autoridades del MDN para que dieran explicaciones sobre la marcha de esta demanda.

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Diputado Rossi, ¿cómo recibió esta novedad?

VÍCTOR ROSSI:
Era una inquietud, una preocupación que teníamos. Usted estuvo haciendo referencia no al primer round sino a la última etapa conocida. Este tema llegó al Parlamento cuando el Tribunal de Cuentas (TC) autorizó especialmente al MDN a contratar directamente un estudio jurídico de nombre para defenderlo frente a la demanda de los propietarios de estos permisos de televisión.

EC - El estudio que encabezan los doctores Juan Andrés Ramírez y Alejandro Abal.

VR - Desde luego. El TC autorizó esto, dijo que era pertinente en función de la emergencia que estaba planteada. ¿Y cuál era la emergencia? La emergencia era que el MDN, por omisión, por negligencia, por cosas difíciles de explicar, había perdido todas las instancias de presentación de prueba a favor y por tanto había quedado en condiciones de indefensión, perdiendo toda una serie de instancias judiciales, incluso sus respectivas apelaciones, y permitiendo que aumentara el monto de la demanda hasta esa cifra que llama la atención y parece disparatada, de 230 y pico, 240 millones de dólares, más honorarios, porque ese número ni siquiera es el total.

EC - Eso del estado de indefensión había sido reconocido por el propio subsecretario de Defensa, el doctor Elías Bluth, en una comparecencia en comisión en el Parlamento, en el año 2003.

VR - Cuando nos enteramos de esa autorización especial –que por otra parte tiene pactada una remuneración que también está en proporción al ahorro que se le haga al Estado de esta cifra que se le demanda y por lo tanto era una remuneración también importante, muy alta– llamamos al subsecretario de ese entonces –creo que el ministro estaba de viaje– para que nos informara en la Comisión de Transporte. El subsecretario nos informó y quedó claro que era necesario avanzar en dos planos: por un lado en cuanto a procurar defensas excepcionalísimas como las que intentó el estudio del doctor Ramírez y por otro lado investigar por qué desde el año 1993 hasta la fecha, hasta 2003, durante diez años, sucesivamente la sala de abogados del MDN y por lo tanto los responsables de esa cartera, habían cometido tantos errores, no se habían presentado a tantas instancias, habían dejado pasar tantos plazos, porque resultaba sospechoso pensar que todo eso fuera sólo negligencia. En ese sentido reclamamos una investigación administrativa para establecer responsabilidades.

EC - Una investigación complicada, porque estamos hablando de actuaciones, o tal vez incluso omisiones del MDN, que vienen de 1992. ¿Qué podían hacer las autoridades de ese momento de esa cartera?

VR - Nosotros dejamos bien claro cuando llamamos a sala a Fau como ministro de Defensa, que lo llamábamos a él porque era la autoridad que podía promover la investigación y que tenía actualmente la responsabilidad, pero no porque Fau hubiera sido el que había caído en omisión. Eso quedó claro.

Lo que sucede es que el ministro Fau –usted puede leer las actas del desarrollo de la sesión– procuró eludir la necesidad de hacer la investigación administrativa a fondo para establecer responsabilidades. Yo quisiera saber qué fue lo que hizo desde hace un año, un año y pico, hasta ahora para saber exactamente qué fue lo que pasó.

EC - ¿En el Parlamento no tienen noticias de avances en la investigación a esos efectos?

VR - No, no tenemos noticias, más allá de que el ministro de Defensa se comprometió, al final de la sesión y ante requerimiento del EP y del Partido Nacional, a profundizar en esa investigación.

Pero veamos los hechos en líneas muy gruesas: en 1992 se otorgan unos permisos de televisión por cable en Canelones y en 1993 o 1994 el propio gobierno –entonces del doctor Luis Alberto Lacalle– los deja sin efecto con una fundamentación. Los propietarios de los permisos de los canales se presentan y hacen una demanda, presentan un recurso; se vencen todos los plazos y el recurso prácticamente queda sin efecto en función de que si no se contesta, vencidos los plazos, se da por firme la revocación. Cambia el gobierno, viene el gobierno del doctor Sanguinetti, y el ministro de Defensa de la época –que no era Fau– desarchiva el expediente e inexplicablemente, muchos meses después de vencidos los plazos, contesta ese recurso que hoy está en discusión, lo contesta dándole la razón al demandante, y con esa resolución por un lado habilita nuevamente los plazos, y por otro da las razones, los fundamentos para que el demandante diga: si el propio gobierno reconoce que estuvo mal, ¿cómo no voy a tener derecho? Y presenta la demanda.

Pero por si todo esto que relaté fuera poco, resulta que el MDN, su sala de abogados, deja pasar los plazos, deja pasar los períodos de prueba y se entretiene en una discusión formal sobre si correspondía o no el trámite que le había dado el juez, y por lo tanto no se defiende. Finalmente se establece que perdió el derecho a la defensa, que perdió el derecho a la presentación de pruebas, y por lo tanto queda liberado el camino para que se concrete la cifra de la reparación.

Es en esa situación que el gobierno reacciona y se contrata el estudio de Ramírez. Ramírez plantea ahora la nulidad de la acción, pero en primera instancia se ha perdido esa razón y por tanto lo que queda por delante es determinar el monto de la reparación. El monto será mucho o poco; a mí me parece tan disparatada esa cifra que se está mencionando que uno no puede comprender que se pueda condenar al Estado en esa cifra.

EC - Todo indica que los cálculos fueron hechos en base a lo que hubiera implicado el negocio de esos permisos de televisión por cable en el plazo de 30 años, que era el plazo originalmente previsto. Pero hay todo un debate a propósito de cómo se hizo esa estimación.

VR - Está bien, pero fíjese que el Estado tiene hoy –sin posibilidad de defensa y con esta apelación como única posibilidad– que enfrentar el riesgo de que se lo condene en un monto que puede llegar hasta lo que se reclama, que a mí me parece disparatado. Pero tiene la responsabilidad de un riesgo, que aunque sea de muy poco dinero finalmente, es absolutamente inexplicable porque nace en un expediente que estaba muerto, que había sido dejado sin efecto, en el que habían caducado los derechos del demandante, y que fue reactivado inexplicablemente por funcionarios, por un ministro de Defensa y por un gobierno; tenemos que saber por qué pasó eso.

EC - ¿Ustedes piensan solamente en errores, en torpezas, o en algo más?

VR - Yo no puedo ponerle calificativo, pero creo que de mis palabras sale claro que es difícil creer que reiteradamente sólo fueron torpezas, errores o no cumplimientos de su función, cosa que sería grave. Fíjese, una sala de abogados que nunca en el desarrollo de un juicio llega a tiempo, nunca aprovecha los plazos, es bastante sospechosa. Uno se puede olvidar una vez de una fecha, yo no soy abogado, pero que se olvide de todas las instancias y que se le pasen todos los plazos es sospechoso.

EC - La cifra que está en juego es espeluznante, 230, 240 millones de dólares; es el doble de lo que paralelamente le están demandando al Estado uruguayo los bancos extranjeros que fueron socios de los Röhm en el viejo Banco Comercial. Si el Estado llegara a perder estos dos juicios estaría apareciendo de golpe la necesidad de abonar 350, 360 millones de dólares, números que desestabilizan cualquier cuenta fiscal, cualquier intento de superávit fiscal primario, cualquier compromiso con el Fondo Monetario.

VR - Comprenderá por qué nuestra preocupación y por qué en aquel momento yo insistí en la necesidad de la investigación que nos permitiera ver cómo nos podíamos parar todo el Estado uruguayo para ver si podíamos encontrar un camino que frenara de verdad un disparate de este tipo.

EC - Pero estamos ya en febrero de 2005, están a punto de asumir las nuevas autoridades. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que usted ve en el horizonte como alternativa?

VR - Yo no soy abogado, pero el panorama, según el asesoramiento que tengo, es que de confirmarse esta reciente resolución del juez queda allanado el camino a la instancia en la que el juez va a tener que decidir si hay lugar a la reparación y el monto de la misma. Pero además queda allanado este camino sin que el gobierno haya podido presentar pruebas a su favor, ni en el fondo ni en el monto del asunto. Por lo tanto el juez va a decidir sobre la base de los fundamentos que presentó el demandante, lo que coloca al gobierno uruguayo en situación de debilidad porque prácticamente sólo puede esperar la sentencia y ver si es más o menos gravosa.

Usted hacía recién la cuenta, 120 y pico de millones del sistema financiero, los 200 y tanto de esta demanda que a todos nos parecen disparatados, pero andan otras demandas por ahí. Usted debe conocer que también sobre el sistema financiero ya hay una sentencia en primera instancia, por 9,8 millones de dólares más honorarios, que ahora está en la etapa de apelación, de un empresario paraguayo contra el Banco Central, una sentencia también muy dura contra las autoridades de esa entidad financiera. Quiere decir que las contingencias que andan por ahí nos asustan un poco.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe