EMILIANO COTELO:
En los primeros días de noviembre, la empresa URAGUA, una de las concesionarias de los servicios de agua potable y saneamiento de Maldonado, comunicó al gobierno del entonces presidente Jorge Batlle, su decisión de retirarse del mercado uruguayo a raíz del resultado de la reforma constitucional que se plebiscitó junto a las elecciones del 31 de octubre de 2004.
Según la compañía de capitales españoles, la reforma establece claramente que los servicios que está prestando actualmente deben ser administrados por un organismo estatal y, por lo tanto, la concesión que tenía a su cargo cayó automáticamente.

Este tema generó gran expectativa en los últimos dos meses del año pasado.  Sin embargo, luego quedó prácticamente en el olvido,  eclipsado por el vértigo de la transición y los actos de instalación del gobierno encabezado por Tabaré Vázquez.

Pero, cabe preguntarse: ahora que ya están en sus cargos los nuevos ministros, ¿ha habido alguna novedad en esta situación? 

Les proponemos poner al día este asunto.

Por ahora Uragua

Lo primero que corresponde informar es que OSE finalmente va a hacerse cargo del servicio que hoy presta URAGUA en Maldonado.
Así lo adelantó a la producción de En Perspectiva un integrante del futuro Directorio de ese ente estatal. De todos modos, aclaró que esto no ocurrirá porque el gobierno entienda que la reforma constitucional ha hecho caer las concesiones, sino por un motivo mucho más sencillo:  porque se considera que URAGUA no ha cumplido con un contrato que firmó y que aún está vigente.

Esta fuente agregó además que "es evidente que URAGUA no puede hacer frente al canon en dólares que tiene que pagar, si cobra a sus clientes tarifas en pesos".

De todos modos, por ahora URAGUA seguirá brindando el servicio normalmente, según precisó el arquitecto Jaime Igorra, flamante sub secretario de Vivienda y Medio Ambiente.
Igorra explicó que hasta el momento no se han establecido fechas para que los servicios que brinda la empresa española pasen a manos de OSE. Según este jerarca, el gobierno no tiene ningún apuro y está esperando que asuma el nuevo Directorio de OSE para, recién entonces, comenzar a estudiar en profundidad cuándo y de qué manera se implementará la transición.
Mientras tanto, como decíamos recién, el servicio continuará siendo prestado por URAGUA.

Un encuentro cordial

A propósito, estos fueron algunos de los temas conversados en la reunión que, pocos días antes de la asunción del nuevo gobierno, los directores españoles de la empresa mantuvieron con Igorra y el – por aquel entonces aún futuro, hoy ya asumido – ministro de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medioambiente, arquitecto Mariano Arana.

Por su parte, fuentes cercanas a URAGUA aseguraron que esa reunión transcurrió en términos muy cordiales, aunque advirtieron que no se pueden sacar conclusiones importantes de ella, porque apenas si fue un encuentro para poner sobre la mesa todos los elementos a estudio.

Además, según estos informantes, es probable que en las próximas semanas las autoridades españolas de la concesionaria comiencen a enviar señales al gobierno con la intención de apurar la transición, pues entienden que no es conveniente continuar dilatando todo este proceso.

Los motivos de fondo

De todos modos, aclaremos, para URAGUA los motivos que la llevan a dejar de prestar el servicio son diferentes a las que inicialmente expone el nuevo gobierno: para la firma española sigue estando claro que, con la aprobación de la reforma constitucional, caducó automáticamente la concesión que la empresa está manejando.

Sobre estas diferencias, el sub secretario de Vivienda advirtió que no es razonable que la interpretación de nuestra Constitución la haga una empresa privada según su conveniencia.
Igorra dijo además que es bastante claro que URAGUA quería retirarse mucho antes de que se aprobara la reforma constitucional y que está aprovechando esta nueva situación sólo como una excusa. "Es evidente que el contrato era muy desfavorable para la empresa", opinó Igorra.
Y agregó que, cuando URAGUA firmó ese contrato, la empresa sabía en qué país estaba invirtiendo: "un país pequeño donde cualquier problema puede generar situaciones de crisis financiera", dijo. Y por ello, debe hacerse cargo de la situación generada a partir de la devaluación, en la medida que aceptó pagar un canon en dólares, para brindar un servicio que se cobra en pesos.

Por último, Igorra dijo que, en consonancia con lo que han declarado tanto el presidente Tabaré Vázquez como el ministro de Economía, Danilo Astori, el gobierno va a cumplir con todos los contratos vigentes. Pero advirtió que, para que eso ocurra, la contraparte deberá asumir la misma actitud, que en este caso significa que URAGUA siga prestando el servicio de agua y saneamiento hasta tanto se complete la transición.

Transición amigable

En resumen, desde el ministerio se reclama a la empresa que colabore para una transición "amigable", que no genere dificultades en la provisión del servicio.

Y aparentemente esta solicitud ha sido bien recibida, porque las fuentes de la concesionaria consultadas por En Perspectiva aseguraron que están dispuestas a seguir temporalmente a cargo del servicio, aunque insisten en su pretensión de que el gobierno acelere lo más posible la transición.

Así que, como decíamos, en términos prácticos la situación seguirá incambiada en el corto plazo: aquellas zonas del departamento de Maldonado bajo jurisdicción de URAGUA seguirán siendo atendidas por la empresa española.
Mientras tanto OSE, una vez instalado el nuevo directorio, comenzará a preparase para tomar el control de la situación y hacerse cargo del servicio de agua en los próximos meses.

Por lo tanto, las incógnitas que se mantienen son:
Primero, el momento en que se concretará el traspaso.
Segundo, el fondo del asunto: cuáles son las causales jurídicas que determinaron el fin de la relación entre la empresa española y el Estado uruguayo.
Tercero, y atado a esto último, quién deberá resarcir a quién: si el Estado a la empresa por la rescisión del contrato, o la firma al Estado por incumplimiento del mismo.

¿Y el resto de las concesiones?

Y un último punto antes de terminar este informe.

A partir de esta puesta a punto del caso URAGUA, ustedes deben preguntarse qué pasará con las otras concesiones de servicios de agua y saneamiento que se encuentran vigentes en nuestro país.

Este punto da para otro análisis otro día.  Pero, en síntesis, la interpretación de la reforma constitucional que hacen las nuevas autoridades es que todas las otras concesiones se mantienen, no caen, en la medida que sus responsables han cumplido con los contratos y están dispuestos a seguir haciéndolo.