(Emitido a las 9.16)

EMILIANO COTELO:
El gobierno considera que 13 de las 14 empresas u organizaciones vecinales que ofrecen servicios de agua potable y saneamiento deben permanecer con las concesiones, pese a la reforma constitucional del agua aprobada el pasado 31 de octubre.

La única excepción es Uragua. La administración entiende que esta compañía ha cometido claros incumplimientos, por lo cual ha resuelto multarla y seguramente rescindir el contrato que la une al Estado.

Ya habíamos tenido un adelanto de esta posición en un informe de En Perspectiva hace diez días. Ahora el subsecretario de Vivienda, Jaime Igorra, es quien hace estos anuncios al diario El País.

¿Cómo se observa este posicionamiento desde los sectores que impulsaron la reforma constitucional del agua que fue aprobada por amplia mayoría el 31 de octubre junto con las elecciones nacionales? Vamos a preguntárselo a Adriana Marquisio, vicepresidenta de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE).

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Marquisio, ¿ustedes ya tienen comunicación formal, oficial, de que esa es la postura del gobierno?

ADRIANA MARQUISIO:
Ayer recibimos la información de que por parte del Poder Ejecutivo se proponía un proyecto de ley para reglamentar la reforma constitucional. Estuvimos tratando de ver qué contenía ese proyecto y luego a través de medios de prensa se nos dijo que la posición del subsecretario de Medio Ambiente, Igorra, era que las concesiones no caían y que dentro de ese proyecto se reglamentaba la viabilidad de que estas empresas privadas siguieran prestando servicios.

EC - No es la posición del subsecretario sólo.

AM - No, sería una posición del Poder Ejecutivo porque estaría propuesto en ese contenido de proyecto de ley que aún desconocemos, del que ayer como FFOSE tomamos conocimiento y que aún el plenario de la Comisión Nacional no ha discutido porque nos estaríamos reuniendo el día martes.

EC - Si bien el tema ha tenido muchas idas y venidas, lo cierto es que si finalmente prima ese criterio, es decir si las cosas van por donde se anuncia, habría coherencia con comentarios que el propio hoy presidente Tabaré Vázquez realizó durante la campaña electoral, incluso después del 31 de octubre, cuando señaló que se respetarían los contratos y habló de que la reforma no tendría efecto retroactivo.

AM - Vamos a tener problemas, realmente, porque evidentemente Maldonado y más que nada los vecinos al este del arroyo Maldonado, que es la zona donde se sostiene que los servicios van a seguir en manos de Aguas de la Costa, que es la que cobra más caro, están atentos a la definición final. Evidentemente va a haber grandes problemas porque la teoría del incumplimiento como forma de hacer caer las concesiones –que solamente sirve en el caso de Uragua que está respaldada en un contrato que por supuesto estaba comprobado que había incumplido mucho antes de que la reforma se aprobara– no es válida para Aguas de la Costa que tiene un contrato que no tiene establecido ni siquiera pago de canon al Estado, y en el caso de El Pinar ni siquiera existe contrato. O sea que la teoría de los contratos con estas empresas no es aplicable de la misma forma en cada uno de los casos, y lo que sí hay acá es el pronunciamiento contundente y claro del 31 de octubre cuando la ciudadanía dijo que quería al país libre de privatizaciones de agua. Por supuesto no va a quedar todo el país con una tarifa social, con un servicio como el que presta el Estado, y las 2.500 conexiones de Aguas de la Costa, al este del arroyo Maldonado, padeciendo 700 por ciento más de tarifa que en cualquier lugar del país. O sea que va ser un tema difícil.

EC - En definitiva la concepción es: la reforma rige desde que se aprobó en adelante, para el futuro, no habría desde noviembre en adelante, y por supuesto durante este gobierno en especial, nuevas concesiones de servicios de agua potable y saneamiento, pero las que ya están vigentes quedan, salvo la de Uragua, pero por otra razón, no por la reforma constitucional sino porque habría incumplido el contrato. Esa es la filosofía.

AM - Sí, es una interpretación diferente de la que nosotros tenemos de lo que se votó el 31 de octubre, que es el mismo texto que refrendamos todos los sectores que apoyamos esta reforma constitucional, incluido el propio Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, que los ciudadanos de esa fuerza política votaron adhiriendo a la reforma y fue la campaña que hicimos durante casi un año.

EC - ¿Qué reacción van a tener ustedes? ¿Qué puede implicar?

AM - La reacción va a ser defender que estas concesiones caigan porque no entendemos...

EC - ¿Y cómo se logra que caigan? ¿Qué pueden hacer ustedes para que caigan?

AM - Vamos a agotar todos los mecanismos para que ese proyecto de ley no prospere, si es que de alguna manera legitima que esas concesiones sigan actuando en el país. Haremos movilizaciones, utilizaremos todos los mecanismos para defender lo que el pueblo votó, porque esto no solamente compete a nivel nacional y del país, sino que es un tema que también está ocurriendo en Argentina, en varios países, donde el poder y la presión internacional de estas empresas es tan grande que a veces cuesta que los gobiernos tomen medidas ante inversiones que dañan al país y a la población. Yo pregunto qué solución da el gobierno a los 2.200 pesos que paga un ciudadano al este del arroyo Maldonado hoy, con este proyecto de ley que habilita que esas concesiones sigan operando.

EC - La mayoría de las concesiones que existen en estos servicios no tienen nada que ver con empresas multinacionales.

AM - No, estamos hablando en particular de El Pinar, Aguas de la Costa y Uragua, los otros procesos de autogestión no son el mismo procedimiento ni colidan...

EC - De todos modos con la filosofía de ustedes también caerían.

AM - No, no tienen por qué caer, no es el mismo cometido, si bien es el Estado quien tiene que prestar los servicios, la reforma también prevé la participación de la sociedad en la gestión, la planificación y el control, por lo tanto con una simple reglamentación que habilite que estas formas de procesos de autogestión puedan ser compatibles en el funcionamiento con el Estado se estaría habilitando que estos procesos de autogestión que se dieron cuando el Estado no pudo resolver el problema en una localidad, sigan existiendo. Lo que decimos es que en el mercado que oficia a través de la prestación de un servicio de agua potable de una empresa privada que elige dónde abastece o tiene una visión de lucro para el abastecimiento y el Estado quedó inhabilitado de regular el tema tarifario, como en la empresa Aguas de la Costa, en ese caso se pierden el rol social, la tarifa social, la inversión social. Eso fue largamente discutido, largamente debatido, hubo consenso y hubo una mayoría muy importante del país que aprobó ese principio que hoy está establecido en la Constitución.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe