Doctora en derecho y con 30 años de experiencia en la lucha contra la corrupción, dirige desde octubre una ONG de referencia en este ámbito y, en una entrevista con Efe con motivo de la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción, se siente "optimista", pese al "desafío" al que se enfrenta.

"La corrupción como problema social muchas veces genera víctimas que no son conscientes de que son víctimas", asegura.

A su juicio, algo "se está moviendo", pero es necesario que este impulso se consolide, para lo que es preciso que la ciudadanía se una a activistas y periodistas.

"La gente pregunta: ¿Y yo qué hago?'. Para empezar, no vote corruptos", dice Ferreira, que denuncia las habituales excusas de "Todos son iguales" y "Roban, pero hacen", que sólo generan impunidad.

Argumenta que no basta con cambiar las leyes, hace falta un "esfuerzo en educación cívica de la ciudadanía", dando "ejemplo desde arriba", para implantar una cultura de "tolerancia cero".

"Hay que cambiar la cultura y la percepción de la propia gente sobre su responsabilidad", señala.

Ferreira destaca que cada vez es más evidente la correlación entre la corrupción de un país y los índices de felicidad y bienestar, desarrollo humano, fortaleza institucional y libertad de expresión.

"En los países más corruptos el espacio para la prensa y la libertad de expresión está absolutamente reducido, como el espacio para el acceso a la información", apunta, convencida de que bajar la protección a los medios implica "dañar al estado de derecho como un todo".

Periodistas y activistas son "los enemigos de los corruptos" y "los primeros que están en la línea de fuego, a veces literalmente", agrega, algo en lo que es "paradigmático" México.

Además, algunos estados están empezando a "cercenar la libertad de expresión del ciudadano de a pié" a través de internet censurando contenidos, bloqueando servicios y recurriendo a "trols, bots y todo tipo de mecanismos a su disposición".

Los países más transparentes, argumenta, "garantizan una mayor calidad de vida" y tiene "instituciones más sólidas", lo que significa que en estos países, si aparece un caso de corrupción, "hay una reacción institucional y social".

Un ejemplo es Uruguay, señala Ferreira, y recuerda el caso del ex vicepresidente Raúl Sendic, que fue obligado por su partido a renunciar tras descubrirse que empleó la tarjeta corporativa de Ancap para gastos personales.

"La diferencia entre países es cómo se reacciona. La reacción social es importante y marca diferencias", sostiene Ferreira.

En el extremo contrario sitúa a Venezuela, un país "en una crisis humanitaria total": "No hay vacunas, no hay medicinas, no hay alimento, la gente se quiere ir" y el presidente surge de unas elecciones "donde la empresa encargada del sistema dice que le pusieron un millón de votos".

"El presidente ha cooptado al poder judicial, al legislativo, al constitucional. El resultado es que la corrupción es el sistema. Y la víctima es la sociedad. Más claro imposible", razona.

Ferreira considera que en la crisis venezolana "la comunidad internacional debería tratar de ser más sólida impulsando alguna reforma" y mandar "una señal más clara".

México es otro caso problemático porque "el crimen organizado realmente ha penetrado la política" y "ha llegado muy cerca de la captura del estado".

A su juicio, en una mejor situación se encuentra Brasil, donde "empieza a haber un tope" a la corrupción, aunque esa oposición institucional y social debe aún "consolidarse".

El caso Odebrecht, una "trama regional", estima Ferreira, evidencia que la gran corrupción es un "fenómeno trasnacional" que exige "aceitar los mecanismos de la cooperación internacional".

Pese a los retos, Ferreira se muestra optimista y pide pasar ahora a la fase de "sancionar efectivamente" y "terminar con la impunidad".

"Yo no soy para nada pesimista. Nos ha llevado mucho tiempo, sí. Pero hemos hecho un montón de cosas. Y el tema está en la agenda", resume. EFE