Acusar al fiscal general de generar una "máquina de impunidad" y defender al abogado acusado de amenazarlo de muerte. Llamar al  presidente Tabaré Vázquez de ser un "agente de la CIA" y y pedir que lo investigue por el "contrato criminal" firmado por UPM.

Reclamar  la declaración de Medidas Prontas de Seguridad para enfrentar la ola delictiva y pasar a patrocinar al colono que se enfrentó al mandatario en la puerta del Ministerio de Ganadería.

También presentar una denuncia pidiendo que se investigue a Vázquez y a Bonomi por "crímenes de lesa humanidad" haciéndolos responsables de la violencia en las cárceles.

Detrás de todas estas acciones está una sola persona. Su actuación pública divide aguas en las redes sociales. Algunos lo definen como "el único abogado con huevos" del país. Otros dicen que "necesita un psiquiatra".

Se trata del abogado Gustavo Salle.

"Hay una situación realmente caótica en el país", dijo este jueves al ser entrevistado en Rompkbzas.

Mencionó en primer lugar la "guerra fratricida" entre uruguayos que viene cobrando decenas de vidas a causa de los problemas de seguridad. "El presidente tiene la obligación constitucional de dar orden y tranquilidad a la población", recordó. "No la está cumpliendo y, ese sentido, su presidencia se caracteriza por la ineptitud".

Salle aseguró por otra parte que el Poder Judicial ha sido totalmente avasallado al serle otorgada la discreción de todo juzgamiento al fiscal general. "Díaz es el que dice quién va preso y quién no. Qué se investiga y qué no se investiga", afirmó.

Una situación que, a su juicio, configura un golpe de Estado técnico.

El abogado habló de una "verdadera Stasi" al asegurar que el gobierno controla completamente a los ciudadanos. "Los teléfonos medianamente interesantes para el sistema están todos intervenidos sin autorización judicial", señaló.

Para demostrarlo, recordó que la Suprema Corte de Justicia admitió que no tenía posibilidades de control de "El Guardían", el sistema de interceptación utilizado por el Ministerio del Interior.

Salle se refirió al caso de su defendido, Juan José Ayala, investigado tras una intervención teléfonica por una supuesta amenaza de muerte al fiscal Díaz, al que definió como un "antiguo militante del Partido Comunista convertido ahora en un agente de la CIA".

Aseguró que, en este y en otros casos, la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal viola claramente la Constitución.

Como apunte, señaló que le formalización de la causa de Ayala tuvo que hacerse por el viejo sistema, porque el programa informático integrado al nuevo CPP, una vez más, no funcionó.

"Estoy hablando de una situación provocada por una fuerza política que, mientras fue oposición, proponía exactamente lo contrario", señaló.

Nunca imaginó, dijo, que el "Fraude Amplio" llegara a ser más obsecado, dogmático y tolerante con las violaciones a los derechos humanos que los pachequistas y los militaristas.

"Están más a favor de la tortura. Así los fraudeamplistas actuales", afirmó.

Salle señaló como los culpables de este caos al presidente Tabaré Vázquez, a todos los legisladores a Díaz y a los ministros de la Suprema Corte que permitieron la aprobación de un CPP "manifiestamente inconstitucional".

El abogado se refirió por otra parte a la situación de su defendido, Gabriel Arrieta, el colono que mantuvo el lunes pasado un entredicho con Vázquez frente al Ministerio de Ganadería.

Horas más tarde, Presidencia divulgaba su situación tributaria, asegurando que "nunca" había pagado ninguna cuota al Instituto Nacional de Colonización.

"Responsabilizo personalmente a Vázquez por esa publicación", afirmó Salle. "Demuestra que es vengativo, pero solo con los de abajo", dijo.

Salle relató su pesar por la decisión de la Justicia de archivar su denuncia sobre irregularidades en Alcoholes del Uruguay (Alur).

El punto allí ha sido la construcción de la planta de bioetanol en Paysandú que, aseguró, terminó costando tres veces su valor real.

Como responsables apuntó al ex presidente José Mujica, al ex presidente de Ancap, Raúl Sendic, y al ex presidente de Alur, Leonardo De León.

Según expresó Katzen, una empresa estadounidense que comercializa el equipamiento tecnológico para este tipo de industrias a unos US$ 500 mil a nivel internacional.

Sin embargó, afirmó, De León lo pagó en US$ 5 millones.

"De León ¿Qué hiciste con esos cuatro palos y medio que pagaste de más?", se preguntó.