Los embajadores de la OEA decidieron el año pasado elevar el tema de Venezuela a sus cancilleres, pero para aprobar un texto en una reunión de ministros se necesitan 23 apoyos, una cifra que se les escapó en Cancún por la retirada, en el último momento, de cuatro naciones caribeñas.

En el Consejo Permanente, donde están los embajadores, solo se necesitan 18 votos, la mayoría simple de los 35 Estados miembros del organismo, para aprobar una resolución.

El texto de hoy salió adelante con 19 apoyos -los mismos que tuvo el documento de Cancún-: Bahamas, Santa Lucía, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Jamaica, México, Paraguay, Uruguay y Perú.

En contra se pronunciaron Venezuela, Bolivia, Surinam, Dominica y San Vicente y las Granadinas.

Se abstuvieron Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Haití, República Dominicana, Belice, San Cristóbal y Nieves, y Trinidad y Tobago.

Un gran bloque de países caribeños que ha recibido durante años petróleo venezolano subvencionado salvó en junio en Cancún al presidente Nicolás Maduro de una condena regional que se había negociado en la OEA y en las cancillerías durante meses.

Tras constatar la imposibilidad de aprobar una resolución de cancilleres en la OEA, 14 países decidieron crear el Grupo de Lima y se han ido reuniendo desde entonces en las diferentes capitales para expresar sus denuncias sobre la crisis venezolana.

Se trata de un bloque de naciones que suma más del 90 % de la población americana: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, a quienes Estados Unidos apoya desde fuera del grupo.

Parecía así que la OEA había quedado al margen del debate venezolano, pero anoche saltó la sorpresa de la convocatoria de un Consejo Permanente extraordinario hoy viernes para aprobar una resolución contra las elecciones presidenciales convocadas para el 22 de abril en Venezuela.

El viceministro venezolano para América del Norte y representante en la ONU, Samuel Moncada, acudió a la OEA a batallar para que no se celebrara la sesión, al considerarla "solo un intento de linchar" a su Gobierno.

Le ayudó en ese cometido el embajador boliviano, Diego Pary, pero sus repetidas denuncias sobre que la reunión no se ajustaba a la normativa del organismo solo consiguieron retrasar su inicio.

Moncada, preguntado por Efe tras la sesión, restó importancia a que aliados de Venezuela como Ecuador y Nicaragua decidieran esta vez abstenerse en lugar de votar en contra del texto.

"Tengo un profundo respeto por los que se abstuvieron y por los que votaron en contra. No tengo explicación individual de por qué lo hicieron (abstenerse), pero los respeto porque sé que no quieren afectar a Venezuela ni hoy, ni lo han hecho en el pasado", indicó.

Para Moncada, la reunión de hoy es "un intento de encender la violencia" en Venezuela y subrayó que esto hace que su Gobierno corrobore su decisión de salir del organismo, algo que será efectivo el 28 de abril de 2019.

La resolución aprobada es, en su opinión, "una agresión de un grupo de Estados que pretenden tutelar a Venezuela" bajo la "orden" dada, a su juicio, por el secretario de Estado, Rex Tillerson, en su gira latinoamericana de principios de mes.

En el documento, los países "consideran" que la convocatoria de comicios presidenciales para el 22 de abril en Venezuela "imposibilita la realización de elecciones democráticas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales".

Resuelven, así, "exhortar al Gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria prematura de elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble".

Además, piden que las elecciones "incluyan la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase", "observadores internacionales" y "un Consejo Nacional Electoral cuya composición garantice su independencia y autonomía".

El texto fue aprobado en un Consejo celebrado en la sede de la OEA en Washington a solicitud de México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Panamá y Santa Lucía.

Chile, que tiene la presidencia de turno, se sumó después a la iniciativa