La puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal dividió a los fiscales entre quienes están a favor y quienes en contra. Y las críticas son brutales.

Ya no se cuidan ni las formas.

Para peor, el fiscal de Corte Jorge Díaz quién como impulsor del cambio debería guardar un tono mesurado, no solo usa las redes para expresar su pensamiento, sino que se siente obligado a dar su opinión ante cada caso trascendente que llega a la fiscalía. Como ocurrió recientemente con el caso Balcedo  "Impunidad cero", dijo. ¿Es que se esperaba otra cosa? ¿No es esa una forma de presión sobre los fiscales que actuaban en el caso?

Díaz habla demasiado y siente que cada crítica al Código es una crítica a su persona.

No podemos opinar sobre el Código, sus resultados los veremos en el tiempo. Pero si podemos hacerlo sobre este espectáculo lamentable que termina afectando la institucionalidad.

Que finalmente nos lleva a preguntarnos qué justicia tenemos.

Hace muchísimos años que, como lo señaló el propio Díaz, todos tenemos la sensación de que hay una justicia para pobres y otra para ricos; una para ciudadanos comunes y otra para los poderosos.

Eso es muy grave, porque la justicia debería ser el último bastión de la dignidad ciudadana.

No somos pocos los que creemos que poderes ocultos se mueven detrás. El Club Armonía puede ser un buen ejemplo, pero también hay diferentes sectas.

En Maldonado tuvimos un fiscal, Carlos García Altolaguirre, que junto a un juez que no nombro porque falleció y algunos abogados, cambiaban carátulas por dinero. Años después ese fiscal fue procesado por coimero.

Hubo un juez penal que se prestó a plantar una prueba para intentar demostrar que en  determinado lugar se consumía droga y así afectar a ese negocio en beneficio de otro operado por narcos. Ese juez tuvo que renunciar al cargo cuando se vio venir un procesamiento, que nunca llegó como debiera.

Cuando revisamos el pasado reciente encontramos que ninguna de las grandes causas por lavado de dinero descubiertas en Uruguay fue por obra de investigaciones judiciales uruguayas.

En 1989  la causa contra Raúl Vivas  que lavó 1.500 millones de dólares para el Cártel de Cali desde el Cambio Italia, se inició por gestiones  de un Tribunal de California.

En 1991 la causa contra Ramón Puente Patiño, contador del cártel de Cali, se inició por acción de la justicia española. Hasta policías de esa nacionalidad participaron en el operativo de captura.

En el 2000 la causa contra el Cártel de Juárez se inició por denuncias de la justicia argentina.

En el 2002 por la caída de los bancos se procesó sólo a los Peirano, nunca a los Rohm y tampoco a las autoridades que debieron controlar y no lo hicieron.  

En el 2005 la causa contra  Alex Pareja y la operación Campanita se llevo a cabo por acción de las justicias de Colombia y Brasil.

En el 2015 cayó Eugenio Figueredo pero en Suiza.

En el 2016 la detención del líder  de Los Cuinis se realizó por acción de la justicia de México.

En el 2017, la detención de Rocco Morabito, mafioso italiano, se llevó a cabo por pedido de la justicia italiana.

Tuvo que cerrar Cambio Nelson para que la justicia se enterara que allí se lavaba dinero y que sus fundadores se aprovecharon de su privilegiada posición política.

Betingo Sanguinetti, lavó las coimas de Odebrecht como funcionario de un banco que actuaba en Uruguay, pero nos enteramos por la justicia de Andorra.

En enero pasado efectivos de Interpol Uruguay detuvieron por pedido de la justicia argentina a Marcelo Balcedo. Alguien que durante 9 años construyó un imperio a la vista de todo el mundo.

La mayoría de los mencionados vivían tranquilos en Maldonado  y desde aquí desarrollaban sus actividades delictivas.

Quiero que se entienda bien. No estoy acusando a fiscales o jueces de dar vuelta la cara. Ocurre que en nuestro sistema esos funcionarios viven corriendo detrás de rapiñeros y  ladrones comunes.

Ni hablar de la deuda que aún tiene la justicia uruguaya con respecto a los crímenes cometidos en dictadura. Se actuó tan tarde que hasta el 2006  tuvimos dictadura pero no dictador. Y dicho sea de paso Bordaberry jamás fue procesado por atentar contra la Constitución. Ni él ni ninguno de los que usurparon cargos.

En el 2001 se presentó una denuncia penal contra el entonces directorio de Ancap, presidido por Eduardo Ache,  por los negocios con Sol Petroleum que le ocasionaron una pérdida de unos 200 millones de dólares al ente, según lo estableció una Comisión Investigadora. Pero nadie fue procesado porque la Justicia no tenía dinero para contratar una pericia profesional.

Hace dos días nos enterábamos que por razones de costos no se pudo realizar una pericia técnica que determinara o no  la existencia de sobrecostos en la obra civil de ALUR.

Y si a todo esto tenemos que de los 14.000 presos casi las dos terceras partes no tienen condena, algo está mal, muy mal.

En esto deberíamos estar todos, sobre todo Jorge Díaz y los fiscales, discutiendo que  justicia queremos en Uruguay. Todo lo otro es continuar mirándose la pelusa en el ombligo.