La Justicia decidió hace pocos días el archivo de la denuncia que se realizara por el pago de sobrecostos de la planta de bioetanol que Alur le encargó a la constructora Abengoa.

A juicio del Ministerio Público, no fue posible determinar eventuales irregularidades reprochables penalmente, en una causa que apuntaba directamente al actual senador y ex presidente de esa empresa, Leonardo De León.

La decisión fue celebrada por la Lista 711, que acusó a la oposición de fogonear el tema con fines políticos para atacar la gestión de De León, Raúl Sendic y otros dirigentes del sector.

Todo esto pese a que el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, reconoció que no se pudo efectuar un peritaje específico que podría haber confirmado la denuncia, debido que costaba US$ 360 mil y no existían fondos para afrontarlo.

Cabe aclarar que Alur es una empresa de capital estatal pero que funciona en el derecho privado, por lo que no está obligada a llamar a licitación y puede realizar contrataciones directas.

La denuncia había sido presentada por el abogado Gustavo Salle a partir de las declaraciones efectuadas por Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa, que representaban a a Serrana Bioenergía, la firma que objetó el proceso de adjudicación.

Estuvieron este jueves en Rompkbzas para fundamentar su postura sobre un proceso que comenzó en 2006, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez.

Pérez Morgan rebatió en primer término a Pacheco, asegurando que ya en mayo de 2010 el propio Directorio de Alur,ocho meses antes del llamado a interés para la construcción de la planta, optó de arranque por Abengoa.

"Hubo una clara adjudicación previa" aseguró.

Poco después, un informe técnico contratado por la empresa indicó que el valor presentado inicialmente por la constructora fue de US$ 97 millones. Renegociado, quedó en US$ 87 millones.

Pese a eso, el informe marcaba la "necesidad de verificar" por qué el costo representaba casi cuatro veces los valores internacionales por el mismo tipo de obra.

La planta de bioetanol construida por Abengoa terminó costando US$ 147 millones. Serrana Bioenergía había calculado US$ 60 millones, una cifra parecida a la estimada por el entonces presidente de Ancap, Raúl Sendic.

Pérez Morgan también hizo referencia al supuesto llamado a expresiones de interés realizado por Alur.

Según relató, de las ocho empresas que, se dijo, habían sido convocadas, dos no estaban enteradas y ni siquiera sabían de la existencia de Uruguay.

Otras dos, en tanto, estaban representadas por la misma persona.

Por su parte una firma india, que contaba con representación local, fue desechada por factores "culturales y de lejanía". Fue que la presentó la oferta más barata.

Con respecto a la falta de medios para realizar una pericia, argumentada por Pacheco, Correa recordó que el en propio expediente judicial  acerca de la denuncia que les interpuso Alur por "difamación e injurias", están adjuntados más de quince ejemplos de otras plantas similares a nivel mundial que constaron mucho menos que la de Paysandú.

"Los argumentos del fiscal son los mismos que utilizaban Sendic y el senador Del León", aseguró.

Pérez Morgan le recordó a Pacheco que, por ley, la Facultad de Ingeniería está obligada a realizar el peritaje a costo cero.

Los entrevistados dejaron varios documentos e incluso, los contenidos de correos electrónicos intercambiados con varios representantes del gobierno, entre ellos el propio Sendic.