En la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos, Zeid solo encontró buenas palabras para Uruguay y Ecuador, al alabar en el primer caso sus "muy importantes" esfuerzos por integrar los derechos humanos en sus políticas públicas y, en el segundo, la decisión del Gobierno de impulsar "un diálogo muy amplio" a nivel nacional para superar la "polarización" en el país.

Respecto a Venezuela, Zeid se declaró "profundamente alarmado por la posibilidad de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad" y por la erosión de las instituciones democráticas.

Pidió una vez más al Consejo que estudie crear una comisión de investigación para Venezuela sobre las violaciones de derechos humanos en el país.

En su opinión, en el contexto actual "no se cumplen las condiciones mínimas para la celebración de unas elecciones libres y creíbles", convocadas finalmente, tras recibir muchas presiones internas y externas, para el 20 de mayo por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El responsable de derechos humanos de la ONU se refirió a que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) continúe teniendo poderes "ilimitados", dos de los principales partidos de la oposición hayan sido descalificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la "coalición opositora oficial" haya sido invalidada por la Corte Suprema.

También dijo que las libertades de expresión, opinión, asociación y reunión pacífica son "reprimidas y gravemente restringidas" en Venezuela.

En cuanto a Colombia, Zeid denunció el "alarmante" número de activistas y defensores de derechos humanos asesinados, pues su oficina ha recibido más de veinte informes de crímenes solo en las primeras seis semanas del año.

Además, el alto comisionado se mostró "consternado" por la liberación del expresidente peruano Alberto Fujimori, gracias a un indulto humanitario del actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, pero advirtió de que ahora podría ser juzgado por otros hechos: el asesinato de seis campesinos en 1992, conocido como "Caso Pativilca".

Sobre México se mostró preocupado por la nueva Ley de Seguridad, que autoriza a las Fuerzas Armadas a ejercer tareas de seguridad pública "sin garantías o supervisión" y que "no cumple los estándares de derechos humanos".

El alto comisionado de la ONU criticó la "sistemática detención de inmigrantes y su devolución acelerada" en el país, lo que se ha convertido en "la norma".

En su repaso por el continente, Zeid también tuvo críticas para Estados Unidos y le acusó de detener bajo "condiciones abusivas" a muchos inmigrantes, entre ellos menores, que intercepta en la frontera con México.

Señaló que las detenciones y deportaciones de inmigrantes han aumentado fuertemente en Estados Unidos y "deploró" la "continuada incertidumbre" acerca de los beneficiarios del programa de Acción Diferida (DACA) conocidos como "soñadores", los jóvenes indocumentados que llegaron a EE.UU. siendo niños.

Sobre Brasil, el alto comisionado jordano expresó su alarma por un problema similar al de la Ley de Seguridad en México y denunció el reciente decreto que autoriza a las Fuerzas Armas a actuar en tareas de seguridad que concernían a la Policía en Río de Janeiro.

Asimismo, se mostró "alarmado" por el aumento en Honduras de las amenazas e intimidaciones contra defensores de los derechos humanos, periodistas, otros trabajadores de medios de comunicación y activistas sociales y políticos.

En otro país centroamericano, Guatemala, el alto comisionado alertó de los "regresivos" borradores legislativos planteados sobre las leyes de amnistía y la reforma del Código Penal para ampliar la definición del delito de terrorismo.

Reiteró la "importancia crucial" del trabajo de la fiscal general, Thelma Aldana, en años pasados con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dirigida por Iván Velásquez y alentó al país a nombrar en el proceso de selección abierto a un sustituto independiente.

Respecto a El Salvador, Zeid se declaró "alarmado" por las consistentes denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad y las escasas sanciones a estos crímenes.

"Las acciones para desmantelar o reestructurar las unidades policiales que han sido acusadas de ejecuciones extrajudiciales no reemplazan la necesidad de que los responsables respondan por sus actos", estimó. EFE