Entre otras "ilicitudes", serán elevados los antecedentes de la polémica adjudicación "récord" de la obra a GNLS y del contrato para el gasoducto subacuático a OAS, en donde la investigación apunta a una presunta gestión de Lula Da Silva ante las autoridades uruguayas. 

Blancos,  colorados, independientes y Unidad Popular promovieron un planteo para que sea el propio Parlamento el que tome esa acción, al entender que durante el año de trabajo de la asesora pudieron probarse la existencia de ilicitudes que justifican la intervención judicial.

El Frente Amplio, que tiene mayoría en la comisión, rechazó el pedido al concluir que no existen elementos que permitan determinar la existencia de posibles delitos. Pese a eso, la oposición va en camino de hacerlo a título personal, en lo que constituiría una nueva "megacausa" como la de Ancap.

En diálogo con Rompkzas, el diputado nacionalista Pablo Abdala enumeró una lista bastante larga.

Abdala también observó posibles delitos en la operativa de Gas Sayago, el consorcio estatal formado para estar a cargo de todo el proceso.

Si bien la la Justicia, eventualmente, tendría que investigar hechos y no personas, Abdala sostuvo que "todo el mundo sabe" quienes son los que deberían responder. "De Mujica para abajo, todos" señaló, con respecto a las autoridades del pasado gobierno que tendrían que ser indagados a nivel judicial.