A partir de una advertencia llegada desde Argentina, en Uruguay se tenía ya desde 2015 información sobre las actividades presuntamente ilícitas del empresario y "sindicalista"  Marcelo Balcedo. El tema volvió a poner sobre la mesa los controles y medidas que se aplican a nivel local para evitar que se use al país como plaza para el lavado de activos.

Desde la oposición política se cuestiona si no se pudo haber detectado antes su accionar, sobre todo a partir de ciertos elementos como los centenares de veces que entró y salió de Uruguay.

¿Qué fue lo que falló? ¿A quiénes se está investigando? ¿Cuáles son las flancos que Uruguay debería cerrar para un mejor control?

Se lo preguntamos  este jueves, en la entrevista de Rompkbzas, al titular de la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos, Daniel Espinosa.

El jerarca recordó que, cuando llegó la alerta del vecino país el delito fiscal, que se le podría haber aplicado a Balcedo, no estaba aún tipificado en Uruguay. De todas formas, precisó que el empresario tampoco había cometido ningún ilícito en el país.

"No había forma de iniciar un caso", aseguró. "Se hizo lo que se podía hacer en ese momento".

Espinosa llamó a reflexionar sobre la situación actual de Uruguay en torno al lavado de activos y lo que se ha avanzado en los últimos años en materia de lucha contra este accionar. "No dudo que aún falta, pero

El titular de la Secretaría se pronunció sobre el reciente dato que indica que Islas Caimán, un territorio considerado como uno de los mayores paraísos fiscales del mundo, es la principal fuente de inversión extranjera directa que llega a Uruguay.

"Siempre es una alerta" aseguró, al precisar además el papel que tienen las sociedades anónimas en cualquier entramado de corrupción y lavado de activos, incluso en la esfera pública.

"El Estado debería hacer también lo que le exije a los privados", señaló.

Espinosa anunció que un decreto, que será publicado a corto plazo, establecerá una nueva Estrategia Nacional para la lucha contra el lavado de activos y el terrorismo.

Entre otros aspectos, incluirá la necesidad de una mayor precisión en las declaraciones juradas que deban hacer los jerarcas estatales y otorgarle a la Junta de Transparencia y Ética Pública una papel más proactivo en ese tema.

El decreto, que probablemente vea la luz este mes, será fruto de la evaluación del riesgo que presenta el país y las metas que se deberán cumplir antes que culmine este período de gobierno.

El criterio es ir cerrando todas las brechas que, se sabe, existen, y lograr una mayor eficiencia en el combate al lavado de activos.