Ayer les contamos que en 1997 el directorio de Ancap en el proceso de compra de la red de estaciones de servicio Sol en Argentina, eligió a una consultora cuyos principales estaban acusados de estafa en España, Brasil, Argentina, además del Congreso de los EE.UU y eran buscados por Interpol. Con los negocios en Argentina Ancap perdió 442 millones de dólares.

Así se llega al 2005 cuando asume el primer gobierno de izquierda. Fuentes de todos los partidos representados en el Parlamento y de FANCAP, coincidieron en afirmar que "entonces ANCAP estaba al borde de desaparecer".  Tenía una deuda de 350 millones de dólares, pero lo peor era que su infraestructura necesitaba inversión urgente a un costo de centenas de millones de dólares.

Su primer presidente de este período fue Daniel Martinez, actual intendente de Montevideo. Ingeniero industrial-mecánico de profesión conocía muy bien a la empresa porque había trabajado en ANCAP durante catorce años en los que, entre otros cargos, fue ayudante técnico en el Departamento de Mantenimiento de la División Combustibles, ayudante de ingeniero y también presidente del sindicato.

Una de sus primeras decisiones fue modificar  la estructura vertical de mando, que él llamó de tipo militar, liquidando el cargo de Gerente General y horizontalizando los cargos gerenciales.  Martínez dijo a la prensa en esa oportunidad que se buscaba una "estructura de gestión mucho más en equipo", donde se "focalizaran las gerencias" y se armara "un equipo de trabajo en coordinación estrecha con el Directorio". Pero durante su intervención en la comisión investigadora del Senado, el vicepresidente de la República y expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, indicó que la remoción del cargo de gerente general respondió a un pedido del presidente de la República, Tabaré Vázquez, y del entonces ministro de Industria, Jorge Lepra que derivó en que "durante ese período el comité gerencial" funcionara "como una gerencia colectiva".

Fuentes del organismo consultadas por El Observador indicaron que la de Martínez fue una "superpresidencia" que asumió roles que trascendían su función, asumiendo funciones de ejecución de los lineamientos planteados por el directorio político.

Mirado con perspectiva histórica, esos cambios debilitaron la institucionalidad y permitieron a la conducción política tener mayor libertad de ejecución.

Esa libertad de ejecución fue lo que entre otras cosas terminó con la reciente solicitud de procesamiento de dos gerentes.

Martínez estuvo en la presidencia de Ancap entre marzo del 2005 y febrero del 2008, cuando pasa a desempeñarse como Ministro de Industria y Energía y en la presidencia de ANCAP asume Raúl Sendic.

En el año 2005 se había logrado un acuerdo entre el gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez y el uruguayo encabezado por Tabaré Vázquez por el cual ANCAP adquiriría petróleo a la estatal Pdvsa mediante el pago de 75% del importe de cada partida a 90 días y el restante 25% financiado a 15 años con dos años de gracia y una tasa de interés irrisoria de 2% anual. Ese mecanismo estuvo vigente hasta mediados de 2015 y desde el principio fue visto como un generoso apoyo del gobierno venezolano para el financiamiento de los distintos planes de inversiones que tenía ANCAP.

Ese acuerdo le significó a la empresa uruguaya el acceder a un volumen de dinero estimado en unos 300 millones de dólares por año a un muy bajo interés. Pero que en sí tenía un grave problema: Ancap debía dólares pero recaudaba pesos.

Así, la deuda con Pdvsa alcanzó en su punto más alto US$ 870 millones en 2015, cuando el gobierno uruguayo negoció su cancelación anticipada a cambio de una quita y el compromiso de Venezuela de que parte de ese dinero se utilice como contrapartida para la exportación de productos al país caribeño, según afirmó El Observador.

Así fue que la deuda de ANCAP pasó de US$ 350 millones en 2005 a US$ 600 millones dos años después. Allí terminó la gestión de Daniel Martínez. Luego la deuda trepó a US$ 1.000 millones en 2009 y cinco años después  ANCAP había pasado a deber un total de 2.200 millones de dólares.

Para tener una idea de la magnitud de ese crecimiento, en 2005 la deuda de ANCAP representaba 2% del total de los pasivos del Estado uruguayo y en 2014 había trepado al 6%. Eso quiere decir que la deuda de ANCAP crecía tres veces más rápido que la del Estado en su conjunto, informaba también El Observador.

Por lo que el Poder Ejecutivo tuvo que hacerse cargo de sucesivas recapitalizaciones. En el 2012 fueron 520 millones. Y en el 2016 fueron casi 900 millones.

¿Cómo se invirtió ese dinero?

Sendic dijo el año pasado: "Se construyó una planta desulfurizadora, se construyeron dos plantas de producción de cal, se construyeron las plantas nuevas de cemento, se construyeron cuatro plantas de producción de biocombustibles, iniciamos la construcción de la planta regasificadora, nueva flota de camiones, nueva flota de trenes, barcazas, inversiones en ductos, oleoductos, en exploración petrolera, en investigación. Ahí están los 800 millones, todo lo otro son mentiras".

Pero si entramos al detalle veremos otra realidad.

La planta desulfurizadora en La Teja fue  presupuestada en el año 2004 por 90 millones de dólares; en el 2008 por cambios y rediseño había llegado a 170 millones, en el 2012 el costo trepó a 330 millones. Pero al momento de su inauguración en el 2013 tuvo un costo final de 421 millones según información proporcionada por  las autoridades del ente. Preveía recuperar 30 toneladas de azufre por mes, pero nunca pasó de 5 toneladas. En este panorama la fiesta de inauguración es una anécdota.

Para las plantas de Cemento Portland de Paysandú y  Minas, se elaboró un plan estratégico en el 2007 por el que se invertirían 118 millones de dólares en reformas y mejoras. Pero en realidad costaron 251 millones de dólares. Y según reconocieron las autoridades del ente faltan 230 millones. Es decir de 118 millones se pasó a 481 millones. Entre otras cosas en Paysandú hay un horno embalado sin instalar que costó 80 millones de dólares. En la investigadora del Senado, Héctor de Santa Ana, gerente de petróleo aseguró que la planta de Minas ya está lejos de las canteras donde se obtiene la piedra y en pocos años los costos de flete encarecerán la producción.

En tanto en una planta de cal en Treinta y Tres se estimaba un inversión de 45 millones de dólares. Pero su costo final fue de 147 millones de dólares y lo más grave es que esa inversión se hizo por un solo cliente: la planta de Eletrobrás ubicada en Candiota. La planta no ha dado ganancias y encima hubo que pagar unos 10 millones de dólares de multas por la calidad de la cal que ANCAP compró a empresas uruguayas antes de construir la planta. Por el negocio con la transportista y los adelantos de dinero fue solicitado el procesamiento de un ex –gerente de Cementos del Plata.

La planta de Alur en Paysandú costaría 80 millones de dólares, según dijo Sendic en su momento. Pero terminó costando 147 millones de dólares. Y también fue motivo de solicitud de procesamiento de su ex gerente por un presunto delito de estafa.

Sobre la Regasificadora, el sitio Uy Press informó en febrero que "las pérdidas de la empresa Gas Sayago, el consorcio estatal que construía la frustrada obra de la planta regasificadora, alcanzan ya los US$ 155 millones.  De esos US$ 155 millones, hay US$ 42 millones que corresponden a capitalizaciones que UTE y ANCAP hicieron de la empresa. Además hay pasivos por US$ 167 millones. Sumando capitalización más pasivo da una cantidad de US$ 209 millones, pero hay que descontarle US$ 54 millones que actualmente hay en caja. Ese dinero es parte de los US$ 100 millones que se le cobraron a GNLS cuando se rescindió el contrato para construir la obra en Puntas de Sayago. Sin funcionar y sin ingresos, Gas Sayago pierde 10 millones de dólares anuales".

El Ky Chororo, Tranfigura, EXXOR, son parte de este desastre que en el 2016 obligó al Poder Ejecutivo a recapitalizar a ANCAP en casi 900 millones de dólares, son pena de que la empresa quebrara. Además durante los últimos tres años hubo que mantener, e incluso aumentar, el precio del combustible a pesar de la caída del precio del barril y el mantenimiento del precio del dólar.

Resulta obvio decir que la empresa necesitaba inversiones, sobre todo a partir de la constatación de su estado al 2005.

Pero también es muy obvio que la improvisación fue generalizada. Es inadmisible que casi todas las inversiones hayan costado por lo menos el doble de su presupuesto original, sobre todo por los bajos índices de inflación y un precio de dólar bajo y previsible.

Primó el descontrol absoluto. Y con descontrol todo es posible.

No es un dato menor que el fiscal Luis Pacheco pida el procesamiento de 9 ex jerarcas por abuso de funciones. Y que en toda su vista aparezcan estas definiciones:

-despreocupado manejo de los dineros públicos

-incurre en actos contrarios a las normas

-se advierten múltiples, sucesivas y graves irregularidades

-actos arbitrarios, cometidos en perjuicio de la Administración

-compensación inadmisible no prevista en el contrato original

-acontecimientos que demuestran mala fe y abuso de funciones