La Comisión Especial sobre Lavado de Activos de la Cámara de Diputados se reunirá el lunes en forma urgente para evaluar una solución al supuesto error que se cometió al redactar la ley, que podría implicar el cierre de varios casos notorios y el cese de las actuaciones judiciales sobre los involucrados. 

Todo parte de la redacción dada al último artículo de la normativa, votada en diciembre, que incorpora la palabra "derógase" en lugar de "sustitúyase", lo que implicaría que todos los delitos enmarcados en la vieja normativa dejarían de existir.

Bajo los posibles efectos de este error podrían estar comprendidos, entre otros, el sindicalista argentino Marcelo Balcedo, el empresario Francisco Sanabria, el ex presidente de la AUF, Eugenio Figueredo y el líder de "Los Cuinis", el mexicano Gerardo González Valencia.

El asunto ha provocado nuevos cuestionamientos a la actuación del sistema político debido a las diferentes interpretaciones jurídicas que pueden hacerse sobre la disposición.

La diputada nacionalista Graciela Bianchi, una de las integrantes de la comisión, propuso votar una ley interpretativa que defina los alcances de la redacción.

Una alternativa considerada inviable e inconstitucional por parte Martín Risso. En diálogo con Rompkbzas, el catedrático en Derecho Constitucional afirmó que, por el momento, no se visualiza una solución al asunto.  "No hay nada que interpretar. La ley es clara".

 "No hubo error en la Ley de Lavado de Activos. En su redacción participaron los tres poderes del Estado, incluidos los jueces de Crimen Organizado. Siempre aparecen los abogados penalistas. Para tranquilidad de todos ya propuse hacer una ley interpretativa, aunque no sea necesaria", escribió Bianchi en su cuenta de twitter.

Con la posición de Bianchi coincidió el frenteamplista Alfredo Asti. "Pocas veces una ley tuvo, como ésta, un análisis y un trabajo previo de todos los actores involucrados de los tres poderes del Estado", afirmó. "Su fin es ampliar la lucha contra ese flagelo internacional, por lo que cualquier interpretación debe tener en cuenta esa voluntad".

La tesis de que el término "derógase" elimina el delito al cual hace referencia y, por lo tanto, haría caer todos los procesamientos o condenas es sostenida, entre otros, por el abogado Andrés Ojeda, patrocinante de uno de los involucrados judicialmente.

"Esto ya se promulgó y ya generó efectos", sostuvo el profesional, que defiende a una persona acusada de lavado de activos en proceso de ser extraditado. Según su visión, la extradición no correspondería porque "el lavado no habría sido delito en Uruguay al momento de la supuesta comisión de ese delito". Según Ojeda, los efectos de la derogación tienen anclaje constitucional.

"Es un principio de legalidad puro y duro", concluyó.

El abogado penalista Gustavo Salle utilizó la redacción de la nueva ley para apelar el procesamiento por lavado de activos de su defendido en un caso reciente por el cual a pedido del fiscal Luis Pacheco, la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, procesó en febrero a un hombre por lavado de activos amparada en la ley anterior. La magistrada rechazó el pedido.

Salle anunció este jueves que enviará una nota al Grupo de Acción Financiera Internacional dando cuenta del "error legislativo y del propio gobierno uruguayo" al promulgar ley, con el análisis jurídico de sus consecuencias.

Fuente: Rompkbzas - El Observador – Telenoche