¿Qué tienen en común Farmashop, Philip Morris, Direct TV, Petrobras y Aratirí? Además de ser empresas transnacionales instaladas en Uruguay, todas han iniciado acciones contra el Estado uruguayo para desestimar y/o modificar políticas públicas de nuestro país.

Este es el foco de análisis de una nueva publicación de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay que lleva como título "Culpable hasta que se demuestre lo contrario: amenazas y demandas de empresas transnacionales a las políticas públicas en Uruguay"

El nuevo informe presenta un análisis en detalle de los casos en los que Uruguay ha sido demandado o amenazado con serlo de parte de empresas transnacionales por implementar políticas públicas dirigidas a proteger, respetar y/o garantizar derechos de la población, o por la toma de decisiones y el establecimiento de regulaciones en ese sentido.

Es por eso que estuvo en la Zona Central de este lunes su autora, Natalia Carrau. Ella es licenciada en Ciencia Política e integrante de REDES -Amigos de la Tierra. 

"El principal valor de este trabajo es que reúne en un solo documento las amenazas y demandas contra Uruguay de empresas transnacionales, lo que permite observar integralmente un proceso que es sistemático, un modus operandi que tienen esas transnacionales, con la reiteración del tipo de instrumento y los argumentos utilizados", dice Carrau. "En fin, se puede apreciar en el documento la ingeniería de la operativa empresarial para la supremacía del interés privado en el marco del sistema capitalista", agrega.

Todas las demandas son posibles por instrumentos concretos que se acuerdan para promover las inversiones, como Tratados de Inversiones firmados por Uruguay con otros países, contratos entre nuestro país y las propias empresas transnacionales para la prestación de determinados bienes y/o servicios, entre otros. El común denominador es que las transnacionales se reservan la prerrogativa de llevar a juicio al país cuando una política o regulación implementada por el Estado y sus instituciones no es de su agrado, o recorta la influencia y el poder que ejercen en el territorio.

Algunas de las transnacionales analizadas iniciaron procesos de demandas contra el Estado uruguayo por la implementación de políticas que consideran que afectan su inversión. Es el panorama habitual del mundo de las inversiones transnacionales, con empresas de gran porte que terminan por ser las decisoras últimas de las políticas que se pueden y no implementar en un país.

El trabajo estipula que, que "con las actuales reglas de juego el poder corporativo actúa como un súper poder, que atropella las reglas básicas de la democracia, impidiendo la implementación de políticas públicas en favor de las mayorías sociales y generando inmensos costos económicos y políticos para los Estados y sus pueblos".

El objetivo de este análisis es múltiple. La evidencia  volcada y el análisis que la acompaña busca exponer una clara tensión que tiene lugar en la vida política cotidiana del país. El amparo que reciben los derechos de los inversionistas (derecho a la propiedad privada, seguridad jurídica, justa compensación, libertad de comercio e inversión, etc) es doble frente a medidas gubernamentales: nacional e internacional. Sin embargo, los derechos fundamentales que hacen a la salud, a la alimentación adecuada, al acceso a la información, a la condición de consumidor, a la protección frente a contenidos discriminatorios y publicidad engañosa, Derecho a un Medio Ambiente Adecuado, derechos relacionados con la potestad del Estado para regular y legislar, cuentan con un paraguas protector que se remite al territorio nacional.

Esta tensión, dice el informe,  se termina dirimiendo a favor de quienes presentan un poder e influencia mayor porque las asimetrías importan mucho en este tipo de negociaciones. Los inversionistas extranjeros – empresas transnacionales- administran y ejecutan un inmenso poder basado en su lucro y en su capacidad de controlar el mercado. Cuando se trata de países pequeños con escaso peso político, económico, comercial y geopolítico a nivel internacional, las asimetrías son todavía más importantes y cruciales. Tanto es así que definen el destino y viabilidad de muchas políticas públicas.

Ese es el caso de Uruguay. Es significativo además poner en perspectiva comparada las políticas y regulaciones que fueron objeto de amenazas y demandas. Todas ellas asumieron el respeto, protección o la garantía de derechos. Una importante conclusión a tener en cuenta de este análisis es que la expansión de la agenda de derechos tiene resistencias específicas y frentes de conflicto y tensión que no son solamente nacionales. Las cuatro demandas y las cuatro amenazas aquí reseñadas ocurren durante los primeros tres periodos de gobierno del FA, subrayando así la idea de que la expansión de la agenda de derechos tiene en los instrumentos internacionales de comercio e inversiones un obstáculo mayúsculo que se suma a la resistencia conservadora a nivel nacional de avanzar en agendas que expandan los derechos del pueblo, protejan a los más vulnerables o amplíen las oportunidades de la población históricamente relegada.

Los instrumentos internacionales de comercio e inversiones son quizás el obstáculo estructural más importante de las políticas públicas porque opera recortando y adaptando la soberanía del Estado ante intereses privados de capitales transnacionales. Uruguay se debate entre la promoción y protección de inversiones y la búsqueda de mercados para colocar productos y, la apuesta a extender el entramado de políticas públicas, posicionar fuertemente el papel activo del Estado y poner el foco en los derechos humanos como paraguas conceptual y simbólico de la izquierda popular. Entender que estas esferas se ven tensionadas es asumir que hay que resolver la tensión. Quizás las formas de resolverlo sea avanzar en caminos propios, que ensayen respuestas a la necesidad de inversión desde otros paradigmas que respeten la soberanía nacional y la competencia del Estado en la toma de decisiones.